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Los mexicanos más corruptos según Forbes

Publicado el 3 junio, 2014

México es considerado el país más corrupto de América Latina por la organización Transparencia Internacional. Conoce la lista de los personajes mexicanos más corruptos del último año.

Los alarmantes niveles de corrupción en el gobierno, así como en el Poder Judicial y su aplicación de la ley, han colocado a México entre los países más corrupto de América Latina, un lugar que comparte con Argentina, de acuerdo con el Barómetro Global de Corrupción de Transparencia Internacional.

El organismo internacional advierte que este indicador ofrece una advertencia de la continuidad del abuso del poder, tratos secretos y el soborno en las sociedades de todo el mundo. Asimismo, en el caso de México, los partidos políticos, así como sus representantes y la policía son percibidos como los más corruptos.

Esta es la lista de Forbes en Estados Unidos de los 10 mexicanos más corruptos durante el último año:

1. Elba Esther Gordillo: La ex dirigente del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación (SNTE) fue acusada en febrero de este año de malversar 200 millones de dólares (mdd). Actualmente, la maestra se encuentra encarcelada y con un proceso que continua abierto.

2. Carlos Romero Deschamps. El líder del Sindicato Trabajadores Petroleros de la República Mexicana (STPRM) se ha encontrado envuelto en sospechas por tráfico de influencias y enriquecimiento personal.

3. Raúl Salinas de Gortari. El hermano del ex presidente mexicano Carlos Salinas de Gortari pasó 10 años en la cárcel por una acusación de homicidio de alto perfil, pero fue absuelto en 2005. Y en julio pasado, un juez mexicano lo exoneró de los cargos por enriquecimiento ilícito, y ordenó que le fueran devueltos 19 mdd depositados en 12 cuentas bancarias, así como 41 propiedades. Actualmente se encuentra libre.

4. Genaro García Luna. Como titular de la Secretaria de Seguridad Pública (SSP) federal bajo la administración de Felipe Calderón fue una de las dependencias con el mayor presupuesto del sexenio. El ex funcionario público fue blanco de críticas por el uso de recursos públicos para la autopromoción y el abuso de poder expuestos por la prensa mexicana. Desde que concluyó la administración pasada no ha sido visto.

5. Andrés Granier Melo. El ex gobernador de Tabasco fue detenido este 2013 por cargos de corrupción, malversación de fondos, evasión de impuestos y lavado de dinero. En una conversación filtrada a los medios de comunicación, Granier se jactaba de ser dueño de 400 pares de zapatos, 300 trajes y 1,000 camisas, compradas en tiendas de lujo de Nueva York y Los Angeles.

6. Tomás Yarrington. El ex gobernador de Tamaulipas fue acusado a principios de diciembre del año pasado por cargos de crimen organizado y lavado de dinero en Texas. Según las acusaciones en su contar habría recibido sobornos de los principales grupo del narcotráfico en Tamaulipas, entre ellos el Cártel del Golfo.

7. Humberto Moreira. Como gobernador de Coahuila, la deuda del Estado aumentó en más de un centenar de veces, pasando de 200 a 35,000 mdd, la peor crisis en la historia de aquél estado. Hasta el momento no pesa ninguna acusación sobre Moreira.

8. Fidel Herrera. Como gobernador de Veracruz las denuncias en su contra por supuestas conexiones con el grupo delictivo de los Zetas prosperaron. En este momento, no pesa en su contra ninguna investigación formal en su contra, y hay informes no confirmados de que pudiera ser enviado como embajador a Grecia.

9. Arturo Montiel. El ex gobernador del Estado de México y miembro del Grupo Atlacomulco del Partido Revolucionario Institucional (PRI), se encuentra acusado de por su ex esposa, Maudi Versini, de secuestrar a sus tres hijos. Asimismo, fue blanco de acusaciones por la posesión de mansiones millonarias y transacciones bancarias en México y Francia. No se encuentra bajo investigación por parte de las autoridades.

10. Alejandra Sota. La ex vocera del ex presidente Felipe Calderón, se encuentra investigada por las autoridades mexicanas por la presunta malversación de fondo y tráfico de influencias. Es acusada de favorecer a amigos y antiguos compañero de clase con los contratos gubernamentales cuando se desempeñó como funcionaria. Ella está asistiendo a la escuela de posgrado en la Escuela Kennedy de Harvard a pesar de que no tiene título universitario. En este caso, el 29 de mayo de 2014, la Secretaría de la Función Pública determinó que Sota no se enriqueció ilícitamente cuando fue funcionaria pública. Después de una investigación realizada a la evolución patrimonial de la ex funcionaria y su cónyuge, no se encontraron irregularidades, por lo que la Secretaría determinó que su patrimonio es consistente con sus ingresos.

Fuente Forbes México

Gobernadores corruptos viven en impunidad

Publicado el 1 junio, 2015

Gobernadores corruptos viven en impunidad

En poco más de dos sexenios, de 2000 a 2013, han sido exhibidos 71 casos de corrupción de 41 gobernadores, de los cuales apenas 16 fueron investigados y sólo cuatro fueron procesados y encontrados culpables; de tal manera que los niveles actuales de corrupción e impunidad han afectado la economía nacional así como nuevas inversiones, reveló un reporte del Instituto Mexicano para la Competitividad (IMCO) y el Centro de Investigación y Docencia Económicas (CIDE). De acuerdo al reporte “México: Anatomía de la Corrupción”, los actos de corrupción e impunidad que se vive en todos los niveles de gobierno, generan graves costos en los ámbitos políticos y sociales.

“Las denuncias, averiguaciones y consignaciones en relación a los presuntos actos de corrupción protagonizados por los gobernadores y exhibidos por el periodismo de investigación constituyen otro conjunto de datos que resulta útil para mostrar lo inservible de las instituciones anticorrupción y la falta de compromiso de los sucesivos gobiernos en esta materia”, señaló el reporte realizado por Amparo Casar, directora de anticorrupción del IMCO. En lo político, genera insatisfacción con la democracia y crisis de representación. Por ejemplo, en 2013, 91 por ciento de los encuestados por Transparencia Internacional señaló que los partidos políticos son corruptos, 90 por ciento que la policía y 87 por ciento que los funcionarios públicos.

Eje Central

Más corrupción y más cara con el nuevo reglamento

Publicado el 19 agosto, 2015

Más corrupción y más cara con el nuevo reglamento

Producto de las buenas conciencias es el nuevo reglamento de tránsito del Distrito Federal, que penaliza con hasta dos mil 446 pesos por maldecir, insultar, hacer señas obscenas, voltear a ver el GPS, fumar, no sujetar el volante con ambas manos, maquillarse, tomarse un refresco, chatear, usar el teléfono celular y distraerse por cualquier causa mientras se conduce en las calles, avenidas y vías rápidas de la ciudad.

Incluso da la impresión de cierto resentimiento social en su contenido, pues mientras al conductor se le deja a merced de policías que a su libre interpretación consideren que se distrajo al conducir, al peatón, al que por supuesto hay que cuidar en todo momento, le imponen simples amonestaciones por cruzar a media calle, invadir carriles cuando espera transporte público, no respetar semáforos, etcétera.

Lo peor es que, al ser elaborado por buenas conciencias y puristas de la civilidad, este nuevo reglamento ni va a generar conciencia entre los peatones con un escueto regaño, ni las multas se van a aplicar, porque entre conductores y policías se darán esos clásicos arreglos en los que, para hacerse de la vista gorda ante una infracción, hay que darles una cantidad menor, mas no miserable, a lo que representa la multa.

En lugar de incubar la civilidad, lo que fomentará será más resentimiento. Y sí: más corrupción y más cara.

Raymundo Sánchez

La Razón

Descubren desvío millonario en Benito Juárez

Publicado el 24 marzo, 2015

Foto: horacero.com.mx

La diputada Dinorah Pizano denunció a la Delegación Benito Juárez ante la Contraloría por el desvío de 65 millones de pesos federales para obras

El desvío de 65 millones de pesos del Fondo de Pavimentación, Espacios Deportivos, Alumbrado Público y Rehabilitación de Infraestructura Educativa (Fopedep) en la Delegación Benito Juárez fue denunciado ante la Contraloría por la diputada Dinorah Pizano.

“El órgano auditor del Poder legislativo federal detectó, en la demarcación Benito Juárez, situaciones como la falta de controles internos para la ejecución y transparencia del gasto, siendo éste excesivo en la supervisión de una obra. Inclusive recursos obtenidos por el pago de penas convencionales a una empresa que rebasó el plazo límite de entrega que no fueron reintegrados a la Tesorería de la Federación, además del probable daño al erario”, señaló Pizano al entregar el documento.

El 9 de marzo, la Auditoria Superior de la Federación (ASF) informó que encontró irregularidades en el manejo de recursos en la delegación Benito Juárez, por lo que se planteó un probable daño o perjuicio al erario por 65 millones 85 mil 702.53 pesos.

A través del Informe de Resultados de la Fiscalización Superior de la Cuenta Pública 2013, entregado a la Cámara de Diputados, se señaló que la demarcación, gobernada entonces por Jorge Romero, recibió a través del Fopedep 118 millones de pesos de los que 65 millones se utilizaron para otras acciones.

En el informe se señala que la Secretaría de Hacienda y Crédito Público transfirió el 19 de abril de 2013 al GDF 491 millones 746 mil 300 pesos para apoyar a distintas delegacionales.

De los 118 designados a la Delegación Benito Juárez, 49 millones 486 mil 500 pesos fueron aplicados en los rubros establecidos por el Fondo: siete millones 988 mil 600 pesos en una obra de pavimentación, 40 millones 410 mil 200 pesos en una obra de espacios deportivos y un millón 087 mil 700 pesos en gastos indirectos.

De lo restante, 56 millones 189 mil 300 pesos se destinaron para adquirir materiales de construcción, los cuales no se acreditaron como correspondientes a obras ejecutadas por administración directa, a lo que se le suman 3 millones 68 mil 900 pesos que se destinaron a pagar el proyecto ejecutivo de la construcción de un polideportivo.

Otros 5 millones 592 mil 200 pesos fueron para mantenimiento de banquetas y 235 mil 400 pesos se dispusieron para un estudio de mecánica de suelos. En ningún caso, señala la ASF, existió evidencia de que el Gobierno capitalino hubiera autorizado el uso de recursos para esos fines. Asimismo, la delegación aplicó una multa a una empresa por atraso en una obra adjudicada con dinero federal, sin embargo, este recurso no se regresó a la Tesorería de la Federación.

Fuente La Capital

El 90% de los mexicanos considera que los partidos políticos son corruptos

Publicado el 26 mayo, 2015

Foto: milenio.com

El 90% de los mexicanos considera que los partidos políticos son corruptos

La corrupción tiene a México en terapia intensiva. María Amparo Casar, una reputada analista política del Centro de Investigación y Docencia Económica (Cide), ha realizado una radiografía de uno de los problemas más extendidos y de efectos más perniciosos en el país. Su libro, Anatomía de la Corrupción es un compendio de indicadores que dejan un panorama devastador. El texto revela que en 2014 México obtuvo una calificación de 35 puntos sobre 100, siendo 0 altamente corrupto, y ocupa el lugar 103 de 175 países en el índice de percepción de la corrupción de Transparencia Internacional, según los datos que recoge la académica. El país no solo no ha mejorado, sino que ha retrocedido de lugar 72 al 103 en tan solo seis años. “Hay que combatirla como si fuera un enfermedad y para eso lo primero es conocerla”, asegura la investigadora.

“Nuestra democracia es el soborno en su máxima expresión”, cita Casar a Gore Vidal para introducir las cifras angustiantes que muestran cómo perciben los mexicanos su país. El 79% considera que la corrupción es un problema serio , y el 52% piensa que ha aumentado mucho en los últimos dos años. En 1996 solo 502 notas periodísticas mencionaron la palabra corrupción, en 2014 fueron 29.505. “Y esto sin contar términos como: cohecho, moche, tranza, evasión… Esto, sin embargo, puede deberse a una mayor libertad de prensa y un incremento de los recursos dedicados a la investigación periodística”, aclara la autora, doctora en ciencias políticas por la Universidad de Cambridge.

El 91% de los mexicanos asegura que la corrupción es el pan diario de los partidos políticos y el 90% piensa lo mismo de la policía. El ejército es la institución que más se salva, aún así el 42% de los ciudadanos considera que también está contaminada. Pero en México nadie se libra. La política, las empresas y los ciudadanos de a pie visten el abrigo de la corrupción. 8 de cada 10 empresas que operan en México han padecido cuando menos un fraude en el último año, la mayoría de las veces para agilizar trámites y otras tantas para obtener alguna licencia o permiso. “No se trata de eliminar las inspecciones o mecanismos de control, pero sí de desarrollar mecanismos que impidan la utilización de estos para extorsionar”, subraya la académica, quien ha llevado a cabo la investigación durante su año sabático en el Instituto Mexicano para la Competitividad (IMCO).

En cuanto a los ciudadanos de pie se da un fenómeno que Casar caracteriza como “curioso”. Los mexicanos no se consideran corruptos. El 76% piensa que sus familiares son inmunes a la corrupción y el 70% que sus vecinos también están lejos de estrecharle la mano a este mal. Sin embargo, el Instituto Nacional de Estadística reportó más de cuatro millones de actos de pequeña corrupción en 2013. “Si no somos nosotros, ni nuestros familiares ¿quién entonces los comete?”, pregunta la investigadora.

La piratería es, para Casar, un claro ejemplo de la cultura de la ilegalidad que reina en México. Solo la mitad de la población considera que esta práctica es un delito. El 90% de los DVD vendidos en el país son piratas, y por la piratería se pierden 480.000 empleos al año. “El mexicano considera que es válido comprar o hacerse con servicios ‘gratis’ porque beneficia su propia economía. Es el mismo razonamiento que el del político corrupto: sabe que es reprobable y que provoca daños en la sociedad pero la práctica porque beneficia su propia economía”, reflexiona la analista.

La corrupción sale cara. Según datos del Banco Mundial que recoge Casar, la corrupción cuesta a México el equivalente al 9% de su PIB y 80% de la recaudación de impuestos. . En 2010 se destinaron más de 32 millones de pesos a las mordidas. Las familias destinan un 14% de sus ingresos anuales a pagar actos de corrupción, pero la cifra asciende a un 33% para los hogares que perciben un salario mínimo. “La corrupción representa un impuesto regresivo considerable para los más pobres”, asegura.

“Los mexicanos debemos entender que la corrupción puede ser rentable para sus beneficios en el corto plazo, pero en el agregado sus costos son mayores que sus beneficios”, reflexiona Casar. México no se ha quedado de brazos cruzados en la lucha contra la corrupción, sin embargo, el impacto de sus iniciativas o políticas anticorrupción ha sido nulo. Desde la creación de la Secretaría de Contraloría en 1982, pasando por el Instituto Federal de Acceso a la Información, en 2002, o la Comisión Nacional Anticorrupción propuesta por Enrique Peña Nieto en 2012, ninguna de estas acciones se ha traducido en una menor corrupción ni menor impunidad. De 1998 a 2012 se han presentado 444 denuncias penales a través de la Auditoría Superior de la Federación, de las cuales sólo han habido siete consignaciones. Y de los 41 gobernadores que han sido acusados de 2000 a 2013, sólo 16 casos se han investigado y cuatro han terminado detenidos. En Estados Unidos, de los nueve gobernadores acusados, los nueve han sido investigados y los nueve están detenidos.

Es un problema que tiene solución, asegura la analista. Como ejemplo dice que Uruguay y Chile han mejorado hasta tener mediciones comparables con las de Reino Unido. “No existe receta perfecta”, explica Casar, pero concluye con cinco propuestas para iniciar la erradicación de este mal que llama “enfermedad”: a nivel federal, acompañamientos de la sociedad civil en la redacción de leyes secundarias; a nivel estatal, homologación de códigos penales para delitos de corrupción; a nivel municipal, uso de herramientas digitales para reducir trámites en ventanillas. Perseguir de oficio los delitos de corrupción, y prohibir el uso de dinero en efectivo en actividades gubernamentales.

Los datos

México ocupa el lugar 103 de 175 países en el índice de percepción de la corrupción

El país ha caído 31 lugares de 2008 a 2014, Brasil subió 11

La corrupción le cuesta a México el equivalente al 9% del PIB

El 14% del ingreso promedio de los hogares es destinado a pagos extraoficiales y 33% de los hogares que perciben un salario mínimo

91% de los mexicanos no confía en los partidos políticos

80% no confía en las instituciones del sistema judicial

El 76% cree que sus familiares no son corruptos

En 2013 se registraron cuatro millones de actos de pequeña corrupción

De las 441 denuncias presentadas por la Auditoría Superior de la Federación desde 1998 a 2012, solo siete se han consignado

8 de cada 10 empresas que operan en México han padecido cuando menos un fraude en el último año

El País

Tercera grabación acusa que Oficialía Mayor gasta $450 mil en café al año

Publicado el 28 diciembre, 2014

Según el audio González Rojas compró una mansión con alberca

La red de videos Vimeo difundió un tercer audio sobre el supuesto uso irregular de recursos públicos del oficial mayor del Gobierno del Distrito Federal, Édgar Armando González Rojas, esta vez por el pago de 450 mil pesos al año en café para esa oficina.

Al igual que los dos anteriores, la denuncia es anónima y el grupo se reivindica con el nombre y símbolos de Anonymous, que exigió al jefe de gobierno Miguel Ángel Mancera que “asuma su responsabilidad ante los evidentes casos de corrupción” en esa dependencia.

Con el título Ultimatum OMGDF, en el video de 6.15 minutos de duración, el grupo preguntó: “¿Dónde quedó la transparencia de la ciudad de México?, por lo que en esta ocasión nos vimos en la necesidad de entrar hasta la cocina, pues no sólo se obtuvierontoners, llantas y luminarias a sobreprecio, sino también café, azúcar y hasta servilletas”.

Se trata, dijo el grupo, de “la tercera prueba de estas cochinadas del oficial mayor y su cómplice José Luis Vidal Ramírez, uno de sus múltiples prestanombres”.

En la grabación, supuestamente Vidal Ramírez recuerda que el oficial mayor tuvo que preguntar a su director de recursos materiales y servicios generales, Gerardo Nava: “¿Qué onda con esto (del café)?”

El director le aclara, según la explicación de Vidal Ramírez, que “no nada más es café, servilletas y azúcar para toda la Oficialía Mayor. Es una partida autorizada que está permitida”, y agrega que en una reunión de administradores en Huasca platicó con el director de Recursos Materiales, quien “le dijo que estuvo muy amañado y muy dirigido lo de las luminarias”.

En la grabación Vidal Ramírez se dirige al oficial mayor para comentarle que “ahorita viene el de los camiones de basura para que lo cheques con Obras”.

Anonymous dice contar con pruebas de que González Rojas compró una residencia con “una alberca de primer nivel” y le advierte que ante cualquier intento de hostigar a la prensa que denuncia sus cochinadas, “será expuesto. No nos obligue a publicar fotografías de su mansión”.

Recordó que el funcionario ha declarado que no está involucrado y que sus “empleados” en la Asamblea Legislativa impidieron que fuera llamado a declarar, porque “supuestamente usted no conoce a las personas de los audios, pero hasta los llama amigos”.

Fuente: Laura Gómez Flores | La Jornada

Sin transparentar su patrimonio, 621 legisladores

Publicado el 19 marzo, 2015

Agunos diputados aprovechan las curules para "descansar los ojos" Foto: Cuartoscuro

La plataforma legisladortransparente.mx avanza a cuentagotas. Ahora consiguió que otros tres legisladores federales se unieran y publicaran sus tres declaraciones: la patrimonial, la de interés y la fiscal. Con esto ya son tres senadores de 128 y cuatro diputados de 500 los que dan a conocer dicha información.

Se unieron a la plataforma respaldada por Transparencia Mexicana y el IMCO, el senador panista Fernando Salazar Fernández, así como la diputada panista Elizabeth Yáñez Robles y de Movimiento Ciudadano, Zuleyma Huidobro González.

Ellos se suman a los senadores Zoé Robledo y Laura Rojas y los diputados Fernando Belaunzarán y Fernando Rodríguez Doval. Pero quienes no han publicado sus datos a pesar de haber mostrado interés son los senadores Armando Ríos Piter, Javier Corral, Ernesto Cordero, Ernesto Ruffo, Marcela Torres, Daniel Ávila, Fernando Yunes y Francisco Búrquez, así como la diputada Betsy Yañez.

En la plataforma, Fernando Salazar reportó que gana 136,893 pesos netos mensuales como senador pero no transparentó sus ingresos por actividades empresariales pese a que desde 1999 es asociado del despacho jurídico Salazar Woolfolk y Asociados SC y tiene participación remunerada.

Elizabeth Yáñez, quien también es asesora del Banco Mundial, dio a conocer que en agosto del 2013 dio una aportación de 90,000 pesos a la fundación Desarrollo Humano Sustentable AC que impulsa el ex presidente Felipe Calderón.

Mientras que Zuleyma Huidobro reportó que el año pasado dio en total 410,000 pesos como donativo a seis organizaciones: Sistema Municipal de Acapulco de Juárez DIF, El pozo de la vida, Fundación UNAM, Elige red de jóvenes por los derechos, Fundación casa para ancianos San Pedro Apóstol y Queremos por ustedes.

Fernando Salazar especificó que es dueño de un departamento en construcción en la ciudad de México con valor de 3 millones 800,000 pesos, y una casa en Torreón, Coahuila, con valor de 6 millones de pesos. También es propietario de dos vehículos – una minivan y un todoterreno- que juntos tienen un valor de adquisición de 1 millón 242,000 pesos; es dueño de cuatro cuentas bancarias y un seguro de separación individualizado, además de gravámenes o adeudos por 2 millones 58,200 pesos.

Elizabeth Yáñez reportó que como diputada gana 88,990 pesos al mes, por inversiones financieras 730 pesos y por arrendamiento y pensión 35,500. También es dueña de cinco casas, tres en el DF, otra en Texas y una en Guanajuato; además de un departamento en Texas y un terreno de 591 metros cuadrados en Guanajuato. Sus propiedades en México tienen un valor de 6 millones 750,000 pesos y en EU 234,000 dólares. Los inmuebles de Celaya son propiedad de sus hijas, pero ella recibe las rentas y paga los impuestos y los gastos correspondientes, por eso los declara. Además de ocho cuentas bancarias también tiene joyas y dos vehículos.

Mientras que Zuleyma Huidobro afirmó que gana 63,372 pesos como diputada pese a que su par, Yáñez reportó casi 89,000 pesos. La representante de MC afirma que no posee terrenos, casas o departamentos pero sí reporta menaje de casa por 300,000 pesos; joyas y libros con valor de 300,000 pesos; dos vehículos que suman 904,299 pesos y dos cuentas con saldo de 691,509 pesos.

Tania Rosas

El Economista

México uno de los países con más desvío de recursos del gobierno

Publicado el 2 octubre, 2015

Tomada de img.src.ca

México uno de los países con más desvío de recursos del gobierno

Según estudios del Foro Económico Mundial, México se encuentra ubicado entre los países con mayor desvío de recursos del gobierno.

De acuerdo con el Reporte de Competitividad Global 2015 del Foro Económico Mundial (WEF), México es uno de los países con mayor desvío de recursos del gobierno a nivel mundial.

De 140 economías sólo 15 muestran una mayor problemática en el país. En el 2015 México se ubicó en el lugar 125, de acuerdo con los datos del Reporte de Competitividad Global 2015 bajó 6 posiciones respecto al 2014 en el que se encontraba en el 119.

México tuvo una calificación peor a países como Haití ubicado en la posición 120, Sierra Leona en el 115, Rusia 110 y Paquistán 85. Nueva Zelanda se encuentra en el número 1 de la tabla seguida de Finlandia.

La directora de Estudio Urbanos del instituto Mexicano para la competitividad Gabriela Alarcón dijo que “en los últimos años y más aún en los últimos meses ha quedado muy adentro de la mente de los empresarios que este tipo de problemas son cada vez más frecuentes, como la casa de los funcionarios, el tren México-Querétaro, entre otros”.

La opinión de los expertos del WEF respecto a los estudios realizados en torno a la pregunta “¿en su país, qué tan común es que exista un desvío de los fondos públicos a compañías, individuos u otros grupos, debido a la corrupción?” arroja que México se encuentra en su peor posición desde el 2006. En nueve años se retrocedieron 43 lugares ya que se pasó de la posición 82 a la 125.

La corrupción es una gran barrera ya que desde el 2012 se ha colocado como el principal obstáculo para los empresarios de acuerdo a los datos de la WEF.

Respecto a la influencia indebida de los funcionarios públicos, México paso del lugar 100 al 107 dejándolo en el por lugar desde que se elaboró el estudio.

El sector privado no se queda atrás en cuanto a las prácticas éticas del sector empresarial, quedando en la posición más baja desde que se tiene registro, el lugar 111 habiendo estado en el 102 en el 2014.

Alarcón dijo que: “Es un reflejo de la corresponsabilidad que hay en el tema de la corrupción, con estos niveles que percibimos en el país hay pocos pronunciamientos del sector empresarial, nadie se quiere comprometer. Hasta ahora sólo he oído del caso Aramburuzabala”.

Con información de elfinanciero.com.mx

Los costos de la corrupción empresarial

Publicado el 21 diciembre, 2015

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Nos urge a todos, y en particular a los buenos empresarios, promover leyes anticorrupción. Porque algunas iniciativas privadas juegan limpio; otras no.

Las hay buenas. Entonces el empresario pone todo en su negocio. Ofrece así bienes inéditos, mejores opciones dentro del menú que el público escoge. Crea nuevos empleos productivos: oportunidades de vida digna de muchas familias. Genera riqueza adicional y, con su planta de empleo, un poder de compra que fortalece la economía. Acepta la libre competencia y sabe que su oferta debe ser tanto barata como de buena calidad para sobrevivir en el mercado. Es socialmente responsable y respeta la ley. Le interesa que ese respeto sea generalizado y lo defiende. De hecho, no le pide subsidios, dádivas ni nada extraordinario al Estado para trabajar. Sólo espera que éste guarde un contexto de equidad, de reglas claras, y de seguridad jurídica en que se le facilite prosperar. Su prosperidad entonces se convierte en prosperidad para todos.

Hay, sin embargo, iniciativas privadas malas, por ejemplo, la de muchos contratistas de no pocos gobiernos en México.

¿Entregan estos contratistas su vida y su fortuna a su negocio? Ni lo mande Dios, para eso está su amigo el político que desvía fondos públicos, o aun su cuate el narco que les da millones ilícitos para blanquearlos. Con éstos remedan una empresa solvente y en regla. Ofrecen bienes en los cuales muchos otros empresarios destacan, pero en un marco de privilegio, no de competencia. De hecho, su empresa existe gracias a intercambiar favores con el político de turno: uno concede el contrato y la otra, el moche, algo que pareció ocurrir entre Peña Nieto y el Grupo Higa.

Pero entonces sólo ganan estos dos. Someterse a las reglas no cuenta, sino el moche al político. Sin incentivos para invertir y mejorar, el buen empresario se retira. A menos que también entregue sobornos, alcanza una migaja del pastel. Así, aunque el gobierno invierta hoy en el desarrollo portuario de Matamoros, Tamaulipas, ningún empresario de la región participa de manera significativa en las obras. Éstas las acaparan los cuates mexiquenses del Presidente. Ocurre aun cuando en muchos casos, quienes gozan del privilegio todo lo encarecen para poder aportar el moche.

Así parece haber ocurrido con OHL de México. Tú y yo acabamos pagando este sobreprecio con nuestros impuestos. Y sin competencia, ni exigencia por parte del político sobornado, estos contratistas se olvidan de la calidad del servicio.

Checa cuánto dura reparada tu calle.

Que las empresas en regla salgan del mercado significa además que se pierden los empleos de muchas familias. Sólo las pocas empresas que transan, y que operan sin responsabilidad social y sin apego a la ley, sobreviven. La economía en general entra en retroceso. La pobreza de la mayoría se acentúa. Incluso las opciones políticas disminuyen. Los dos últimos gobernadores de Tamaulipas han sido los contratistas de los anteriores y justo llegaron allí para taparse el rabo mutuamente. Con este tipo de empresarios, todos perdemos, menos los corruptos.

Es posible acabar con esta corrupción promoviendo una legislación que le ponga freno.

Esta legislación debe incluir castigos severos contra el político y empresarios transas.

Debe promover la transparencia para que todo acto de corrupción quede al descubierto y sea de inmediato castigado. Exíjanla las cámaras empresariales.

Arturo Zárate Ruiz
Profesor-investigador de El Colegio de la Frontera Norte en Matamoros

Fuente: milenio.com

El sueldazo de la delegada

Publicado el 15 abril, 2015

Magdalena Contreras

El despilfarro, abuso y manejo discrecional de recursos, no son nuevos en la historia de Leticia Quezada. La ex diputada, jefa delegacional con licencia en Magdalena Contreras y suspirante a una diputación, encabezó la delegación que menos recursos recibe en la ciudad, pero fue la delegada mejor pagada.

Se subió el sueldo y se autorregaló bonos, reconocimientos, percepciones adicionales y cuanta contraprestación se le ocurrió para alcanzar un sueldazo, que al no estar transparentado, nadie podrá conocer.

Nominalmente, el jefe delegacional en Benito Juárez, Jorge Romero, fue quien tuvo el sueldo bruto más alto —al ganar mensualmente $77,920.74 pesos—. Sin embargo, el único delegado panista en la capital renunció al sistema de compensaciones o estímulos adicionales. A él, le siguió en el tabulador el jefe delegacional en Xochimilco Miguel Ángel Cámara, quien mes a mes ganó 72,431.50 pesos.

Leticia Quezada nominalmente ocupa el tercer lugar con $72,256.00 —menos de 200 pesos de diferencia con respecto al segundo—, sin embargo ella, a diferencia de todos, tiene un sistema de compensaciones, percepciones adicionales y estímulos muy completo con montos no especificados, lo que da paso a la opacidad. Nadie sabe, pues, bien a bien, cuánto cobró ni por qué.

Entre otras perlas, la jefa delegacional con licencia recibió un “Reconocimiento mensual” por su trabajo, “Pago de tiempo extra”, “Prima dominical”, “Despensa”, “Guardias”, y hasta “Lavado de ropa”. En el colmo del absurdo, hasta las gripes contagiadas por sus colaboradores tienen una contraprestación en el apartado de “compensación por infecto”.

Los abusos y el dispendio parecen haber sido, lejos de la excepción, la regla durante su administración. Sobre su gobierno rondan sospechas fundadas por la desaparición de decenas de millones de pesos, obras anunciadas que jamás se realizaron, trabajos presumidos que nunca se iniciaron y hasta represión contra quienes protestan.

En este espacio documentamos el extravío de más de 70 millones de pesos de la administración delegacional (22-04-14, “Los millones perdidos de la delegada”) y dimos cuenta de cómo 240 millones de pesos destinados a obras, no se usaron para lo que se dijo (23-04-14, “La delegada y sus millones”). A eso se suma la aparición de grupos ciudadanos que se armaron para proteger a sus familias en el pueblo de San Nicolás Totolapan, ante la ausencia de la autoridad delegacional y, como sello adicional, la utilización de personal a su cargo para golpear y amedrentar opositores.

De Quezada se podrán decir muchas cosas. Quizá el que haya aprovechado su poder para colocar parientes en cargos públicos, como sus hermanas, Perla Yanet, en la ALDF, y Angélica, en Álvaro Obregón, o el haber cambiado su casa en la colonia El Toro, por una lujosa residencia en el Pedregal —que no está en su delegación—, la describan. Tal vez las declaraciones donde afirma que “aunque le digan frívola, alzada y mamona, no soy así”, inmediatamente después de reconocer como algunas de sus marcas favoritas, las exclusivas Burberry, Armani y Carolina Herrera, ayuden a entender al personaje.

Lo cierto es que el dispendio con el que condujo su paso en la demarcación está a punto de quedar impune. Quezada alista el salto a una diputación local. Pretende heredar el cargo a Beatriz Garza Ramos Monroy —tan popular que ni google sabe de ella—, una ex funcionaria leal a ella, pues ocupó la Dirección de Desarrollo Sustentable durante su gobierno. Si le debe el cargo, ¿se atreverá a evidenciar los malos manejos en la demarcación? Se antoja imposible.

Manuel López San Martín

La Razón

Subsidian predial a dueño de Higa

Publicado el 14 diciembre, 2014

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El Gobierno de Malinalco subsidió el impuesto predial este año a la empresa Bienes Raíces H&G, la misma que le vendió la casa en el Club de Golf al ahora Secretario de Hacienda, Luis Videgaray.

En el documento “Montos Pagados por Ayudas y Subsidios”, el Municipio que gobierna el priista Vidal Pérez detalla beneficios fiscales en el primer trimestre de este año a diversas personas y empresas.

En esa relación aparece Bienes Raíces H&G, propiedad de Juan Armando Hinojosa, que vendió a Videgaray en 7.5 millones de pesos una casa de 850 metros cuadrados ubicada en el Club de Golf Malinalco.

Dentro de la relación del Municipio, en el apartado de “Subsidios por Carga Fiscal”, aparece dos veces la empresa de Hinojosa con el RFC BRH070906, aunque no se detalla el monto del subsidio con el que fue beneficiada.

La Alcaldía informa que el monto global del subsidio por pagos de predial a personas y empresas fue de un millón 230 mil pesos.

La mayoría de los beneficiados son personas físicas del sector social.

Bienes Raíces H&G aparece como beneficiada del sector económico junto con otras inmobiliarias.

El viernes, REFORMA publicó que The Wall Street Journal reveló que, en octubre de 2012, Videgaray recibió un préstamo de 532 mil dólares por parte de H&G para adquirir la propiedad en Malinalco.

Según los registros de propiedad revisados por el rotativo, el Secretario compró la casa en 581 mil dólares en ese momento, lo cual incluye un pago inicial y una hipoteca con H&G a 18 años.

A pesar de dicho plazo, Videgaray liquidó la hipoteca el 31 de enero de este año con un pago único.

vía Reforma

2015: la corrupción roba portadas, pero nadie va a la cárcel

Publicado el 22 diciembre, 2015

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MÉXICO, D.F., 03FEBRERO2015.- Enrique Peña Nieto, Presidencia de la República, anunció en mensaje en la residencia oficial de Los Pinos que Virgilio Andrade, será el nuevo Secretario de la Función Pública y su primera instrucción será investigar si hubo un conflicto de intéres en los casos inmobiliarios de la Primera Dama Angélica Rivera, el secretario de Hacienda Luis Videgaray y dle propio Jefe del Ejecutivo. FOTO: MOISÉS PABLO /CUARTOSCURO.COM

Aunque el Presidente Enrique Peña Nieto impulsó la creación de un Sistema Nacional Anticorrupción, especialistas en transparencia consideran que no sólo falta la legislación secundaria que respalde una operación imparcial y eficaz, sino que las iniciativas contemplen la opinión de la sociedad civil, ya que la mayoría de ellas provienen de administraciones señaladas por actos abusivos, comenzando por los que se generan desde la propia Presidencia de la República y el primer círculo del Jefe del Ejecutivo federal.

Ciudad de México, 17 de diciembre (SinEmbargo).– El Presidente Enrique Peña Nieto definió así el alcance de la Reforma Constitucional para el combate a la corrupción que presentó el 27 de mayo: que los servidores públicos y los particulares que incurran en este tipo de prácticas sean sancionados y obligados a resarcir el daño patrimonial causado.

“Éste es un auténtico cambio de paradigma para combatir con mayor eficacia el cohecho, la extorsión o el tráfico de influencias, entre otros actos indebidos. En pocas palabras –dijo el Presidente– es una reforma contra la impunidad”.

Las modificaciones al texto constitucional, la doceava de las “reformas estructurales” de Peña Nieto, consiste en la creación de un Sistema Nacional Anticorrupción con representantes de “todos los órdenes de Gobierno” –la mayoría existentes– relacionados con la transparencia y la fiscalización; la ampliación de revisiones de la Auditoría Superior de la Federación y la creación de una Fiscalía Especializada en la Procuraduría General de la República.

“Es un paso histórico a favor de una nueva cultura de la legalidad”, insistió al presentar el decreto en Palacio Nacional.

De este “paso histórico” a una disminución del abuso de los cargos públicos en beneficio personal, sin embargo, aún hay un largo camino, de acuerdo con expertos. Y no sólo porque falta la legislación secundaria o porque la iniciativa proviene de una de las administraciones federales más señaladas por actos abusivos: El problema fundamental de la Reforma anticorrupción, explican académicos e investigadores, es que crea una burocracia revisora y sancionadora de “individuos” y de conductas aisladas, pero deja sin contrapesos los contextos que las facilitan, como la discrecionalidad en la asignación de recursos.

Además, explica el investigador Mauricio Morales, académico del Colegio de México (Colmex) y del Centro de Investigación y Docencia Económica (CIDE), entre los tomadores de decisiones falta una perspectiva que considere que la corrupción es un delito que se genera en redes, y del que normalmente hay evidencias –como la “casa blanca” de la familia presidencial–, y no sólo irregularidades en los procedimientos.

“Si son corruptos, no estúpidos”, resume Morales al explicar las consecuencias de la perspectiva sólo punitiva de conductas individuales, revisora de procedimientos y que no atienda evidencias.

Fue esta manera de “enfrentar” la corrupción, explica el investigador, lo que libró de responsabilidades la asignación de contratos al empresario Juan Armando Hinojosa, amigo cercano del Presidente Enrique Peña Nieto y a su vez financiador de la residencia de más de 50 millones de pesos en la que éste vive con su familia.

“Son redes, se genera un daño verificable, y la corrupción produce evidencias con respecto a las persona que participan en ella, y esto no puede seguirse ignorando. El ejemplo perfecto es la ‘casa blanca’; ahí está la evidencia: hay una declaración de la Primera Dama reconociendo que obtiene esta casa como consecuencia de su amistad con un empresario al que a su vez le va muy bien en el Estado de México, y con el Gobierno federal actual”, plantea el también integrante de la Red por la Rendición de Cuentas.
“Pero en el Derecho disciplinario que hay en México, dado que es procedimental e individual, la Secretaría de la Función Pública no podría haber hecho otra cosa: verificó si los contratos de Higa –la empresa de Hinojosa– fueron obtenidos de manera contraria al procedimiento y pues claro que encontró que no. Para poder configurar esa falta debió haber una instrucción escrita del Presidente directamente al funcionario que asignó esos contratos; pero es absurdo. En cambio, sí existe la red, el daño y la evidencia. Si no somos capaces de dar este giro al sistema de responsabilidades, para que la nueva Ley General de Responsabilidades permita la investigación a partir de la evidencia y/o del daño causado al país, entonces seguiremos con una visión de mediados del Siglo XX que nos ha hecho muchísimo daño”, agrega.

El diseño del entramado anticorrupción, explica Oscar Arredondo, del Centro de Análisis e Investigación Fundar, también indica que los actos de probable abuso de poder revelados en el sexenio de Peña Nieto quedarán intactos hasta 2018. Esto, precisa, porque aun cuando se cree una Fiscalía Especializada en Combate a la Corrupción, ésta dependerá de una PGR a su vez subordinada a Peña Nieto. Y para juzgar cualquier denuncia, agrega, estarán hasta fin de sexenio los mismos integrantes del actual Tribunal Federal de Justicia Administrativa que no han procedido en ningún caso.

“El sistema podría resultar una patente de corso que garantice impunidad a la administración actual en los casos de aparente corrupción de los que hemos sido testigos”, dice Arredondo a SinEmbargo.

“Lo anterior por que no será un sistema retroactivo facultado para fiscalizar ejercicios anteriores, a menos que estén relacionados con auditorias del año corriente; porque las instancias sancionatorias seguirán conformadas por los mismos magistrados y la misma Procuradora, y porque la implementación de las reformas secundarias y la operatividad del sistema se reflejará con el tiempo”, agrega.

RESPUESTA Y BROMA

La investigación periodística que encontró que la familia presidencial vivía en una residencia de alrededor de 54 millones de pesos financiada por el empresario Juan Armando Hinojosa, contratista de Peña Nieto desde que era Gobernador mexiquense, marcó el sexenio. Elaborada por el equipo de investigación de Aristegui Noticias, y publicada el 9 de noviembre de 2014, a menos de dos meses de la desaparición de los 43 estudiantes normalistas en Guerrero, colmó el ambiente de desconfianza y repudio de por sí expandido contra la actual administración federal.

“Él niega irregularidades, y su vocero explica que la señora Rivera está pagando el préstamo de la casa con dinero de su bolsillo. Pero la revelación ha añadido al desencanto público”, publicó The Economist en noviembre de 2014, cuando también mencionó que una de las primeras repercusiones globales de esta relación fue la cancelación de un contrato por más de 50 mil millones de pesos para construir un tren rápido y que había sido asignado a Higa en consorcio, entre otros, con la Corporación China de Construcción de Ferrocarriles.

“La cancelación del contrato para la construcción del tren de alta velocidad ensombreció la visita a China. Peña Nieto, quien ha buscado atraer inversión extranjera a través de un ambicioso paquete de reformas energéticas y ha cortejado asiduamente al presidente Xi Jinping, llegó gruñendo titulares”, agregó el medio británico.

La investigación de Aristegui fue seguida por The Wall Street Journal, que encontró que el Secretario de Hacienda, Luis Videgaray Caso, tenía también una casa comprada con ventajas al empresario Hinojosa y que Peña Nieto tenía además otra adquirida de otro de sus contratistas desde que era Gobernador, Roberto San Román.

En febrero, y después de que la Secretaría de la Función Pública había permanecido sin titular durante lo que iba del sexenio, Peña Nieto respondió a las críticas y nombró como titular de esta dependencia a un abogado y amigo de Videgaray, el ex consejero electoral Virgilio Andrade, a quien ordenó determinar si la asignación de contratos a Hinojosa y San Román por parte de su presidencia implicaban conflicto de interés.

Fue al hacer ese anuncio ante los medios de comunicación, el 3 de febrero, que Peña Nieto mencionó que hay conflictos de interés “reales”, “potenciales” y, también, “aparentes”, o en los que existe la percepción social o la sospecha de que hay un conflicto de interés sin que exista “violación legal alguna”. Fue también ahí donde, al notar el silencio que siguió a discurso, se quejó en broma con su vocero diciendo “ya sé que no aplauden”, frase que de inmediato fue retomada por miles de usuarios de las redes sociales para expresar burlas.

“La aparición de #YaSéQueNoAplauden se ha conectado de manera similar con la sensación generalizada de que la administración de Peña Nieto no está tomando con seriedad la crisis de credibilidad que enfrenta”, reportó el diario inglés The Guardian el 4 de febrero.
Las críticas y la percepción de impunidad se agudizaron el mes siguiente, cuando la compañía de telecomunicaciones MVS despidió al equipo de periodistas de investigación que reveló la transacción de la residencia.

“En México, siguiendo la lógica del mundo al revés, quien comete el acto de corrupción se queda en su puesto y quien lo denuncia es despedido. Es la lógica mexicana del poder: mata al mensajero”, escribió el periodista Jorge Ramos el 23 de marzo para el Nuevo Herald, en Miami.
“Analistas aseguran que, con Peña Nieto, el Gobierno ha tratado de restaurar algunas de las viejas formas de control, usando como palanca la publicidad del Gobierno y su autoridad sobre la concesión de las trasmisiones”, publicó The New York Times el 27 de marzo en el artículo “En México, el despido de Carmen Aristegui somete a escrutinio la libertad de medios”.

Y fue en ese contexto que, el 27 de mayo siguiente, Peña Nieto presentó el decreto Reforma Constitucional en materia de combate a la corrupción.

“Como puede verse, los escándalos de Ayotzinapa y de la llamada Casa Blanca no fueron excepcionales dentro de esas cadenas de corrupción y de impunidad. Lo que los convirtió en símbolos del hartazgo social fue, acaso, su gravedad y el interés global que despertaron”, escribió Morales en “Una reseña sobre las reformas en curso a favor de la transparencia y en contra de la corrupción”, publicado en julio por el Centro Woodrow Wilson.
“Y en ese entorno, la revelación de las ventajas obtenidas por la esposa del Presidente de la República para acrecentar su patrimonio privado, así como la ambigua e insuficiente explicación pública que ofrecieron ambos tras el escándalo ventilado en los medios y las redes sociales, no hizo sino incrementar la indignación pública y abrir, finalmente, aquella ventana de oportunidad para comenzar a impulsar cambios de fondo en el diseño de las instituciones dedicadas a combatir la corrupción”, agregó el análisis.

“¿SE LE ORDENÓ RESOLVER?”

El límite de esta “ventana de oportunidad” fue evidenciado el 21 de agosto, cuando Virgilio Andrade presentó el resultado de su indagatoria sobre los contratos asignados a Higa y, después de aplicar más de cien cuestionarios, concluyó que no se configuraba ilegalidad alguna.

En una conferencia de prensa, ese día leyó durante más de una hora los motivos por los que no había encontrado ni ventajas ni conflictos de intereses en la relación de Peña Nieto, su esposa y Videgaray con Juan Armando Hinojosa. Los motivos, explicó, fue que ninguno era funcionario cuando se compró la casa y ninguno asignó los contratos. Y quienes sí participaron en la asignación de los contratos, agregó Andrade, descartaron cualquier conflicto o vínculo con la empresa.

“Se interrogó a 111 servidores públicos que intervinieron en los contratos de Servicios u Obras Públicas otorgados a las empresas vinculadas con el señor Juan Armando Hinojosa Cantú y Ricardo Arturo Sanromán Dunne. En todos los casos, los servidores públicos declararon, bajo protesta de decir verdad, que no se les ordenó resolver de alguna manera el procedimiento, así como que no tenían ningún interés personal, familiar o de negocios con la empresa adjudicada”, leyó Andrade.

“En este análisis se incluyó la declaración de cada uno de ellos sobre posible conflicto de interés y, con base en el análisis y en la documentación existente, dichos servidores públicos tampoco incurrieron en ningún conflicto de interés en lo particular. Como se señaló, de acuerdo con las leyes mexicanas, para que exista conflicto de interés es necesario demostrar la violación a la imparcialidad en el actuar público del servidor investigado y que la parcialidad en que incurra esté relacionada con las atribuciones que la Constitución y las Leyes le señalan”, continuó el funcionario.

Después de más de una hora de justificación legal de los contratos del amigo del Presidente, Andrade respondió las preguntas aludiendo al Artículo 8 de la Ley Federal de Responsabilidades de los Servidores Públicos como marco legal casi único contra el abuso de poder y sin incidencia, dijo ante pregunta específica, sobre relaciones como la de Hinojosa con la pareja presidencial.

“Con independencia de cualquier relación, el conflicto de interés no se materializa con la amistad. Se materializa cuando, a extensión de una relación personal, familiar o de negocios, el servidor público rompe con el principio de imparcialidad, incide de alguna manera indebida en la asignación de un contrato o recibe un beneficio personal en su patrimonio”, insistió Andrade.

El resultado presentado fue el previsto. Nadie, dijo entonces Alejandro González Arreola, director de la organización Gestión Social y Cooperación (Gesoc), esperaba algo “distinto” porque la instancia que generó la investigación es subordinada del Presidente. También, explicó Eduardo Bohórquez, director de Transparencia Mexicana, porque el marco legal sobre el conflicto de interés en México es limitado. Y, lo peor, agregó Oscar Arredondo Pico, de Fundar, es porque, como quedó claro, no existe voluntad política para responder ni aun preguntas básicas: si no hubo conflicto de interés –cuestionó– ¿por qué se dio la licitación del tren México-Querétaro, donde Grupo Higa resultó ganador, y luego se revocó? ¿Por qué se anunció que se devolvería la “Casa Blanca”?

“La corrupción nunca se va a encontrar a través de una confesión escrita en un documento público”, expuso Arredondo entonces.

“ME DIO UN DISCO CON LA LICITACIÓN”

La contradicción entre el discurso de Peña Nieto a favor del combate a la corrupción y sus acciones fue advertida de nuevo en septiembre, cuando organizaciones de la sociedad civil explicaron que, aun con el anuncio de un Sistema Nacional Anticorrupción, el Presidente impulsaba una iniciativa de modificaciones a la Ley de Obras Públicas que fomenta aun más la discrecionalidad en la asignación de recursos públicos para la construcción de infraestructura.

Dicha propuesta de modificaciones fue presentada el 4 de noviembre de 2014 por el Secretario de Comunicaciones y Transportes, Gerardo Ruiz Esparza, en lo que fueron, literalmente, los últimos días de credibilidad del Ejecutivo. A la exhibición hecha por el equipo de Aristegui Noticias se sumó, a partir de mayo siguiente, la difusión de una serie de grabaciones en las que directivos de la oficina mexicana de la constructora española OHL hablan de cómo ganan dinero a costa de los recursos públicos, sobre todo del Estado de México, al cual, desde que Peña Nieto era Gobernador, le habrían “inflado” precios de obras y sustraído información privilegiada.

En julio, las revelaciones alcanzaron al propio Ruiz Esparza que en otro de los audios, atribuidos a una empresa auditoria de las obras de OHL, se menciona como beneficiario de una estancia en la Riviera Maya a cargo de la constructora. Uno de sus subalternos, mostró también la grabación, habría filtrado a OHL el disco compacto con la información de dos licitaciones, una en Quintana Roo y otra en el Distrito Federal.

“Me lo dio en disco con toda la información y cómo va a salir y cómo se va a licitar”, se escucha decir al entonces director de relaciones de OHL, Pablo Wallentin, el 9 de febrero de 2015, luego de una reunión con Carlos Bussey, director de Desarrollo Carretero de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes.
Ninguna de las exhibiciones públicas, sin embargo, ha tenido consecuencias. Así como los periodistas que revelaron la transacción de la Casa Blanca perdieron sus empleos, en el caso de OHL la persecución se inició contra una de las compañías auditoras de la española, Infraiber, por la intercepción de las llamadas.

Y mientras, advirtieron organizaciones de la sociedad civil, en el Senado se mantiene la iniciativa de reformas a la Ley de Obras Públicas que incluso, dijeron, podría ser llamada “Ley OHL” o “Ley Casa Blanca” debido a que, entre otros cambios, busca aumentar las asignaciones de contratos que se hacen “por invitación” o de manera “directa”.

“La Ley permite modificar las convocatorias para beneficiar a ciertos contratistas al reducir la ventana de tiempo”, dijo en septiembre pasado Mariana Campos, coordinadora del Programa de Gasto Público y Rendición de Cuentas de la organización México Evalúa.

Otro contexto que deteriorará la integridad de la competencia por estos recursos, agregó también entonces Eduardo Bohórquez, director de Transparencia Mexicana, es la reducción de gasto público, que tan sólo en el sector de Comunicaciones y Transportes será de hasta un 33 por ciento en 2016.

“No habrá más competencia, necesariamente, pero sí puede haber una competencia desleal que siempre incorpora a la corrupción. Menos recursos significan menos proyectos, y más jugadores que buscarán atajos para obtenerlos (…) La corrupción puede legalizarse en México a través de instrumentos como éste”, advirtió Bohórquez.

EN RIESGO LA AUTONOMÍA DE LA ASF

Además de voluntad política por combatir la corrupción, a la reforma presentada por Enrique Peña Nieto le falta todavía materializarse en legislación secundaria. Con un plazo que termina en mayo, el Poder Legislativo debe redactar, analizar, discutir y aprobar dos nuevas leyes generales ­–una de Responsabilidades de los Servidores Públicos y otra del Sistema Nacional Anticorrupción– y ajustar el resto de artículos que rigen desde la administración pública y las contrataciones, hasta las facultades de la ASF, del Tribunal Federal de Justicia Administrativa, la nueva Fiscalía y, por tanto, los códigos penales federales.

“La puesta en marcha del Sistema Nacional Anticorrupción plantea uno de los mayores desafíos legislativos que haya conocido la historia reciente del país”, advirtieron decenas de organizaciones en un comunicado de noviembre y en el que insistieron que, además del castigo a la corrupción, la reforma debe atajar los espacios que la facilitan.

“En materia de responsabilidades administrativas, las reformas deben conducir a prevenir y en su caso identificar y sancionar las redes de la corrupción, impidiendo mediante multas severas e inhabilitación que quienes las conforman puedan seguir medrando con las atribuciones de los recursos públicos o el tráfico de influencias”, indicó el posicionamiento.
Fuera de la agenda, explica en entrevista la investigadora Lourdes Morales, quedaron temas como la figura del “fuero constitucional” o inmunidad de la que gozan legisladores, Gobernadores, Ministros de la Suprema Corte y el Presidente de la República y que crea condiciones para la existencia de “intocables”.

También, dice Arredondo, deja fuera otras caras de la corrupción como el abuso de poder en las corporaciones policiacas, los vínculos entre políticos y crimen organizado, la corrupción en el sistema electoral y en el sistema de justicia.

Y, en un periodo de reducción del gasto público, advierte Antonio Ruiz Porras, investigador de Ciencias Económico-Administrativas de la Universidad de Guadalajara, aumenta exponencialmente el trabajo de la Auditoría Superior de la Federación, que requerirá multiplicar su presupuesto en todo el país justo cuando uno de los objetivos del combate a la corrupción es, precisamente, mejorar la eficiencia de los recursos.

Consultada al respecto, la Auditoría Superior de la Federación envió un posicionamiento a SinEmbargo para expresar que, efectivamente, tiene que adecuar la aplicación de sus recursos humanos y económicos. Pero tiene sobre todo, plantea, tiene que defender la autonomía de su gestión en relación con el nuevo Sistema Nacional Anticorrupción. “Esto es –dice el posicionamiento– realizar auditorías con un enfoque técnico y neutral alejado de la confrontación política”.

Fuente: sinembargo.mx

Festejos de la corrupción

Publicado el 15 diciembre, 2015

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Opinión de Aurelio Ramos Méndez

Es dura de moralizar y no asimila lecciones propias ni experimenta en cabeza ajena nuestra clase política. Porque entre las causas del derrumbe de la izquierda en Argentina y la avanzada demolición del chavismo en Venezuela sobresale la aguda corrupción. Pero, en nuestro país, los políticos aún libran fragorosas batallas a favor de la impunidad, bajo los estandartes por estos días de Arturo Escobar y Vega y Guillermo Padrés Elías, genuinos paladines de la deshonestidad.

En el Día Internacional de Combate a la Corrupción, el pasado miércoles, la jueza Rosa María Cervantes se negó a expedir orden de aprehensión en contra de Escobar, cuyo historial político exhibe ribetes delictivos y aun así es ardorosamente defendido por sus correligionarios del partido verde y sus aliados.

Ese mismo día, designado por la ONU para tratar de crear conciencia sobre la lacra de la corrupción y la necesidad de combatirla, prosiguieron cateos policiacos en inmuebles del distinguido panista Padrés, coleccionista de acusaciones penales de lavado de dinero, peculado, abuso de autoridad y toda suerte de trapacerías, ante la devota contemplación de Luis Felipe Bravo Mena, cabeza de la pomposa instancia anticorrupción dentro del PAN.

Es una aberración tratar de enderezar las baterías de la ley en contra de quien pretender hacer cumplir el derecho; pero en esas andan los compinches de Escobar, intentando cobrarle a Santiago Nieto Castillo, a razón de dos ojos por ojo y dos dientes por diente, la osadía de haber pretendido sancionar a un corrupto pero poderoso. Éste, ahora ensoberbecido hasta el punto de pretender cesar, encarcelar y escarmentar al moralizador.

Con la desmesura del pico de un tucán real, soslayando proporciones, los socios de Escobar y sus periodistas de cabecera equiparan la delincuencia electoral organizada con la omisión —sin duda dolosa, convenenciera y corrupta— de datos curriculares por parte de Nieto Castillo, ampliamente conocidos si no entre el gran público, sí en el Poder Legislativo, de donde provino la ratificación de su nombramiento al frente de la Fepade.

Cabe preguntar si se engañó como niños de pechos a los senadores, de todos los partidos que tuvieron tratos con Nieto Castillo como empleado perredista, y que si de justicia ejemplar se trata ¿se procederá política y penalmente en contra de Miguel Barbosa y los senadores del PRD cómplices del dizque tremendo engaño y demoledor batazo a la democracia?

¿Se olvidaron ya nuestros políticos y sus voceros de aquel consejero dizque ciudadano del IFE, que con su automóvil tapizado de calcomanías del PAN mostraba sin recato su signo de identidad partidista y se carcajeaba de la ley?

La corrupción hermana a los gobiernos de derecha e izquierda y ha sido una de las principales causas del desplazamiento del poder de los partidos a nivel local, nacional o regional en América Latina.

Por la descarada corrupción de Padrés el PAN fue echado a empellones de Sonora y por la densa corrupción en el gobierno de Felipe Calderón el PRI regresó a Los Pinos. Tal como por la corrupción de la derecha llegó al poder Hugo Chávez con su socialismo del siglo XXI, y por la corrupción de la izquierda ya hace maletas Nicolás Maduro y está en casa Cristina Fernández, mientras Mauricio Macri —constructor, banquero, empresario en los rubros automotriz, deportivo, minero, publicitario, de telecomunicaciones y de los servicios— se llena la boca hablando de moralidad.

No sólo desdeñan experiencias foráneas y lecciones domésticas los políticos en nuestro medio, sino que se muestran cínicos y desafiantes. Se necesita cachaza para haber viajado a Venezuela para tratar de tumbar a Maduro, como hicieron Mariana Gómez del Campo, Marco Antonio Adame, Cecilia Romero y David Galván, o acudido a la embajada venezolana, como fue el caso de Ricardo Anaya, Jorge Ocejo y Fernando Rodríguez Doval, a condenar una corrupción que, personificada en Padrés, tienen en las narices.

Con políticos de todos los colores chapaleando en un berenjenal ya está claro que se desatendió la advertencia de José López Portillo, aquella según la cual lo peor que le podría pasar al país sería caer en el cinismo. Caímos. Para colmo, no tenemos siquiera la ilusión de que alguno de nuestros políticos pueda ser menos pillo que los demás, como para desempolvar los coros y grafitis de las juventudes peronistas que gritaban: “Ladrón o no ladrón, queremos a Perón”.

El mismo Día Internacional de Combate a la Corrupción en Aguascalientes inició el conteo de votos de la elección extraordinaria en el distrito 01, donde la ordinaria fue anulada por irregularidades del gobierno estatal. En estos nuevos comicios resucitó el PT. Salió de la tumba gracias al PRD y el Movimiento Ciudadano, que se replegaron para beneficiarlo con votos.

Habrá quien diga que se trató de una jugada política maestra para rescatar a un aliado. Es falso. Se trató de una arbitrariedad. De un acto de corrupción que da idea de hasta qué punto los partidos están convertidos en negocios rentables, cuyos líderes maman todos la misma ubre del erario público y hacen sinergia cuando se requiere, y luego, doblados de la risa, se burlan del INE, la Fepade, la PGR, el Poder Judicial, los contribuyentes, y de todos los mexicanos.

A la luz de semejantes maniobras, ¿se podrá algún día deschanchullizar la política y depurar el sistema de partidos blindado por la impunidad?

Y si la política y los políticos se han descompuesto hasta el límite, ¿quienes iniciarán la limpia de jueces miopes, delincuentes investidos de subsecretarios, funcionarios con mansiones de fábula, gobernadores cleptómanos, dirigentes partidistas aliados para delinquir, empresarios apropiados de las obras públicas, banqueros usureros, comerciantes especuladores y proveedores con regia comisión?

aureramo@cronica.com.mx

Fuente: cronica.com.mx

Reprueba Lobo en transparencia

Publicado el 9 diciembre, 2015

La Delegación Gustavo A. Madero, a cuyo gobierno llegó nuevamente Víctor Hugo Lobo, es el ente obligado que peor responde a las solicitudes de información pública.

Desde 2011, el Instituto de Acceso a la Información del DF (InfoDF) ha obligado al Gobierno delegacional a modificar 27 respuestas a solicitudes, principalmente porque omitió fechas o documentos.

De estos recursos de revisión, 18 ocurrieron durante la primera Administración del perredista, de 2009 a 2012, y quien encabeza nuevamente la Delegación.

En el último recurso de revisión, el InfoDF ordenó modificar una respuesta debido a que no se informó cuál fue el destino de 2 millones 230 mil pesos que habían sido asignados al presupuesto de cultura, dato que la Delegación estaba obligada a tener y difundir.

En segundo lugar de respuestas equívocas se encuentra la Delegación Cuajimalpa, que en 5 años ha tenido que modificar 18 respuestas. En dos casos, ni siquiera ha contestado.

En su último recurso de revisión (0937/2014), el InfoDF dictaminó que Cuajimalpa respondió mal debido a que no indicó en qué se iban a utilizar 746 mil pesos, obtenidos por la instalación de una feria en Semana Santa y tampoco otorgó copia del programa de protección civil que debió elaborar para tal evento.

La Delegación Benito Juárez ocupa el tercer puesto con 17 recursos de revisión que se resolvieron en contra.

En el más reciente, expediente 0295/2015, la dependencia omitió el nombre de las personas encargadas de los gabinetes de control de asistencia.

Entrevistado al respecto, Mucio Hernández, comisionado presidente del InfoDF, consideró que este fenómeno se atribuye a la inadecuada gestión pública y a que los trámites no son homogéneos en las Delegaciones, más que a la opacidad.

“Hay un tema recurrente en las Delegaciones. Por desgracia, no existen mecanismo adecuados de gestión pública. Es decir, los trámites varían de una a otra.

“No es que no quieras (entregar el dato), es que no la encuentras o no hay forma de hacerlo localizable. Es una deficiencia más profunda en términos de gestión pública”, señaló Hernández.

El titular del InfoDF reconoció que el desorden de las Jefaturas Delegacionales complica el acceso a la información pública, pues son el ente obligado que más solicitudes reciben.

Pese a ser la Delegación con más respuestas erróneas a solicitudes de información desde 2011, Gustavo A. Madero informó que ha mejorado en transparencia.

A partir de 2013, la evaluación del portal de internet, realizada por el InfoDF, ha pasado de 88.7 a 98.8, en el primer trimestre del 2015, informó la GAM.

“Estas calificaciones le han permitido a la Delegación Gustavo A. Madero los reconocimientos por parte del InfoDF, como el que se otorgó el 31 de marzo del 2015, al obtener una calificación de 100 en la evaluación del índice del ejercicio de derechos ARCO (protección de datos personales)”, señala un comunicado.

Asimismo, informó que durante este año han recibido mil 704 solicitudes de información, de las cuales sólo 17 terminaron con recurso de revisión.

REFORMA solicitó entrevista con el Delegado Víctor Hugo Lobo, sin embargo, la Delegación envió un comunicado.

Daniel Melchor

Fuente: Reforma

La delegada que puso en nómina a papás, marido y 4 cuñados

Publicado el 30 enero, 2015

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Delegación Iztacalco (Foto: La Jornada)

Delegada puso en nómina a papás, marido y 4 cuñados

La delegada perredista de Iztacalco, Elizabeth Mateos, mantiene a casi una decena de familiares en la nómina; además, pidió licencia ya que pretende ser diputada y busca dejar su puesto al esposo.

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