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Como escribe brillantemente Diego Valades, del Instituto de Investigaciones Juridicas y amigo de nuestro grupo Constitucion y Republica… Cuando la Constitucion se promulgó era del Pueblo, poco a poco se fue convirtiendo de los Ricos y ahora pretenden hacerla subdita de las trasnacionales………..por ello los defensores de la Constitucion de 1917 estamos por castigar y duramente a quienes habiendo jurado defenderla, la han violado continua y permanentemente, a partir del bodrio que significa el “constituyente” del Distrito Federal convertido en una “cosa horrorosa” CDMX que mas parece un logo mercadologico, es decir le han querido y en muchos casos logrado quitar los sesgos populares e incluso socialistas de la Constitucion para homologarlos con el MERCADO, como Jesus corrió a los mercderes del Templo, es el momento de correr a los mercaderes “constitucionalistas” que han subyugado las garantias individuales a los derechos humanos, que las leyes secundarias no tengan nada de constitucionalidad, pues en la gran mayoria estan en contradiccion con las leyes primarias, ejemplo mas aberrante, lo que ha sucedido con el articulo 27 en donde originalmente se planteaba que los recursos del subsuelo son de la Nacion y jamas nos consultaron de sus cambios, ahora todos los mercaderes las han vendido a medio mundo, por ello, nosostros planteamos que es el momento de un gran Movimiento Justicialista que aplique el poder popular a quienes han abjurado publicamente de nuestra Carta Magna, somos defensores a ultranza del articulo 39 constitucional por ello seguimos la ruta del Constitucionalismo Revolucionario

TITULO SEGUNDO

CAPITULO I

DE LA SOBERANIA NACIONAL Y DE LA FORMA DE GOBIERNO

ARTICULO 39. LA SOBERANIA NACIONAL RESIDE ESENCIAL Y ORIGINARIAMENTE EN EL PUEBLO. TODO PODER PUBLICO DIMANA DEL PUEBLO Y SE INSTITUYE PARA BENEFICIO DE ESTE. EL PUEBLO TIENE EN TODO TIEMPO EL INALIENABLE DERECHO DE ALTERAR O MODIFICAR LA FORMA DE SU GOBIERNO.

Ernesto Núñez

Distrito Federal(31 enero 2016).-"Esta Constitución no perderá su fuerza y vigor…". Esto dice el inicio del artículo 136 constitucional, el último de la Carta Magna, y uno de los pocos que no ha sido cambiado desde su promulgación, en 1917.

Cuando falta un año para su centenario, la Constitución parece no tener fuerza ni vigor. Luce remendada y parchada. Con 227 reformas integrales, que han alterado 114 de 136 artículos, hoy el texto sería irreconocible para los constituyentes de Querétaro.

A la Constitución se le han duplicado las palabras. Según un estudio del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM (IIJ-UNAM), de 1964 a 2015 pasó de 27 mil a 66 mil. Más de 38 mil 400 palabras añadidas, que condensan programas de gobierno de los presidentes, proyectos y anhelos políticos de los legisladores, pactos entre los partidos políticos, normas que consagran acuerdos y disposiciones súper detalladas que reflejan la desconfianza entre los "reformadores".

Ningún presidente se ha resistido a modificar el texto constitucional: desde el sexenio de Álvaro Obregón, en el que se hicieron dos reformas que cambiaron ocho artículos; hasta el sexenio de Enrique Peña Nieto, en el que la firma del Pacto por México implicó 22 reformas que han provocado, hasta el momento, 144 cambios en artículos (algunos tocados dos o más veces), y la incorporación de más de 11 mil palabras al texto constitucional.

La primera reforma fue promulgada por Obregón en julio de 1921, y facultaba al Congreso a establecer en toda la República escuelas rurales elementales, secundarias, superiores y profesionales.

La más reciente es la del Distrito Federal. Promulgada la semana pasada por Peña Nieto, esta reforma modificó 51 artículos y dio paso a la creación de la Ciudad de México.

El Presidente de la era postrevolucionaria que menos tocó la Constitución fue Adolfo Ruiz Cortines, pero su única reforma fue de gran trascendencia. Promulgada en octubre de 1953, la reforma a los artículos 34 y 115 incluyó de manera expresa a las mujeres como ciudadanas de la República y suprimió el precepto constitucional que restringía su participación sólo a las elecciones municipales.

En cambio, en los 12 años con presidentes emanados del PAN -Vicente Fox y Felipe Calderón-, se hicieron 56 reformas, 147 cambios en artículos y se agregaron más de 12 mil palabras al texto (tan sólo en el sexenio de Calderón se añadieron 9 mil 450 palabras). Pero sus reformas fueron insustanciales a decir del propio PAN y sus ex presidentes, quienes reiteradamente acusan al PRI de haberles negado las "reformas estructurales" que hubieran permitido consolidar su proyecto de gobierno.

Larga e inaplicable

Tantos cambios, según los expertos, han hecho que la Constitución parezca más actual y más moderna, en tanto que incorpora elementos del constitucionalismo contemporáneo. Pero, según los investigadores del IIJ-UNAM, al mismo tiempo se ha propiciado que la Carta Magna sea un texto "cada vez más extenso, desordenado, asistemático y descuidado desde el punto de vista técnico".

A su vez, la Constitución se ha convertido en un concepto cada vez más lejano para los ciudadanos.

La Encuesta Nacional de Cultura Constitucional (hecha por el IIJ-UNAM en 2003 y 2011) muestra un gran desconocimiento sobre la Constitución y un profundo escepticismo sobre su vigencia y aplicación en la vida cotidiana.

En 2011 -el sondeo más reciente-, más del 65 por ciento de los encuestados afirmó que conoce "poco" la Constitución; el 27.7 por ciento admitió que no conoce "nada" de ella, y sólo el 3.6 por ciento dijo conocerla "mucho".

Sólo el 27.8 por ciento de los encuestados creía que la Constitución es adecuada para las necesidades del país, y el 56.5 por ciento consideraba que ya no responde a esas necesidades.

El 18 por ciento creía que había que hacer una nueva Constitución, el 50 por ciento optaba por reformarla y sólo el 22.5 por ciento sugería dejarla como está.

"En un siglo pasamos de tener una Constitución del pueblo, a la Constitución de la élite gobernante y, luego, de la élite económica internacional".

Diego Valadés

Constitucionalista

Constitución remendada

‘Ya no es del pueblo’

Diego Valadés, uno de los abogados constitucionalistas más prestigiados del país, con una extensa obra sobre la Constitución de 1917 y su vigencia, considera que la Carta Magna enfrenta, al menos, dos graves problemas: un déficit notable en el cumplimiento de sus funciones, y un alejamiento de su esencia original provocado por las constantes reformas.

Son tres las funciones de la Constitución: regir la organización del poder federal, estatal y municipal; regular las relaciones entre gobernados y gobernantes, y normar las relaciones entre los individuos.

"¿Qué pasa con nuestro orden constitucional?", se pregunta el jurista, "que, en el primer orden, la Constitución está muy dañada: la relación entre poderes y entre órganos gubernamentales es muy deficiente. Hay corrupción, hay incompetencia, hay omisiones sistemáticas que los ciudadanos padecemos.

"En las relaciones poder-ciudadanos también hay déficits muy claros, de otra manera no podríamos explicarnos un 50 por ciento de los mexicanos en la pobreza, y un 100 por ciento de los ciudadanos en la inseguridad. Y las relaciones entre la sociedad están igualmente dañadas, tanto así, que los niveles de confianza en el país son muy bajos y los niveles de cohesión social están muy erosionados.

"Es decir, las tres funciones de la Constitución presentan serios déficits en este momento", asegura.

Valadés identifica un problema adicional: el desdibujamiento provocado por múltiples reformas, que va mucho más allá de lo técnico jurídico o de lo estrictamente formal, como puede ser su redacción y estilo.

El investigador relata cómo la Constitución fue convirtiéndose, paulatinamente, en un instrumento de los gobernantes, en expresión de programas de gobierno, acuerdos entre los partidos y, peor aún, proyectos de élites económicas que, en los últimos años, influyen de manera determinante en las reformas constitucionales.

"La Constitución de 1917 fue el producto de la identificación de las demandas y las expectativas sociales, y por eso tuvo un contenido eminentemente social, porque resolvía las inquietudes de campesinos, y ya de obreros. En esa Constitución, el protagonista era el pueblo, por decirlo no en términos políticos ni demagógicos, sino estrictamente conceptuales, como se podría decir basándose en Rousseau. De eso hablaban la Constitución Francesa, y la de Estados Unidos; es decir, las constituciones son del pueblo, porque el pueblo somos todos.

"Esto cambió, y luego la Constitución se convirtió en un instrumento de los gobernantes, pero con un giro adicional: ahora las constituciones también son el instrumento de la clase política internacional y, entonces, nos encontramos que, en los últimos años, se hablaba más de la reforma constitucional mexicana en Wall Street que en México", asegura.

Según Valadés, muchas reformas han sido encargadas a despachos profesionales, algunos extranjeros, que han dejado el sello de su asesoría técnica.

Durante la negociación de las reformas económicas del Pacto por México (sobre todo en la de telecomunicaciones y la energética), quedó constancia pública de que se recabó la opinión de los sectores e industrias que se pretendían regular.

-¿Cuáles son los riesgos de tener una especie de constitución del Pacto por México? -se le pregunta a Valadés.

Bueno, el Pacto por México también tuvo muchas ventajas, pero si se analizan los 90 rubros y se les clasifica conforme a los niveles de interés que representan, se verá que una parte muy pequeña es la que correspondería al interés del gobernado, que sería la seguridad jurídica, vivir en equidad, contar con elementos reales de igualdad jurídica y de justicia. Todo esto está faltándole al gobernado -señala.

El constitucionalista considera que, a 99 años del Congreso Constituyente de Querétaro, lo que necesita el país es situar nuevamente al gobernado en el centro del poder.

"Esto significa que tenemos que replantearnos los intereses y las decisiones de la Constitución, para que volvamos a tener la Constitución del pueblo", asegura, "México necesita una nueva constitucionalidad; si eso se traduce en una reforma profunda de la actual Constitución, o en un nuevo texto constitucional, eso es simplemente una decisión estratégica".

Según Valadés, resulta preferible reformar la Constitución que sustituirla, pero admite que existen corrientes de opinión y grupos de especialistas y políticos que, con argumentos serios, están planteando crear una nueva Constitución.

Reescribir la Constitución

Proponen reformularla

Refundar la nación

Nueva Constitución

El grupo que más seriamente ha empujado la idea de elaborar una nueva Constitución es Por México Hoy, encabezado por el ex candidato presidencial Cuauhtémoc Cárdenas y el senador Alejandro Encinas, ambos ex perredistas.

El 3 de octubre del año pasado, este grupo lanzó la convocatoria para construir un nuevo proyecto de nación, a través de la discusión de los problemas que afectan a la sociedad y las nuevas vías para solucionarlos.

Al lanzar su frente ciudadano, Cárdenas rechazó que su convocatoria pretenda fundar un nuevo partido político o crear un movimiento para participar en elecciones. Convocó a articular "una gran ola social", en la que podrían confluir militantes de diversos partidos. Y centró su discurso en la idea de formular una nueva Constitución.

"La edificación de un país modelado de manera muy distinta del actual, que cuente con una nueva Constitución y que ésta sea, al mismo tiempo, estación de llegada y plataforma de lanzamiento de los cambios que hagan de México una nación soberana, de iguales, de justicia, y democrática", dijo Cárdenas.

Porfirio Muñoz Ledo, el otro líder histórico de la Corriente Democrática de 1988, coincide con la idea.

En el lanzamiento de Por México Hoy, Muñoz Ledo dijo que hoy la Constitución de 1917 sólo es un referente histórico, y ha sido a tal grado traicionada, que su centenario debería conmemorarse con una revisión integral de su contenido, para refundar la República.

En coincidencia con la idea de que la Constitución es "letra muerta", el 5 de febrero de 2015 un grupo de activistas sociales crearon la "Primer Constituyente Ciudadana y Popular", un colectivo que pretende proponer una nueva Carta Magna que represente genuinamente los intereses de la sociedad.

El poeta Javier Sicilia, el pintor Francisco Toledo, el obispo Raúl Vera y el padre Alejandro Solalinde figuran entre los promotores de esta iniciativa.

En sus documentos básicos, el movimiento denuncia la erosión, alteración y destrucción de los derechos sociales contenidos en la Constitución de 1917, y arremete contra las reformas neoliberales de los últimos seis sexenios.

"Como parte del saldo de esta guerra en contra de la Constitución mexicana, se han documentado y visibilizado cientos de casos que dan cuenta del cúmulo de agravios que pesan sobre la población como resultado de las retrógradas contrarreformas anticonstitucionales promovidas por los gobiernos neoliberales. Las adecuaciones de la ley fundamental y los ajustes jurídicos consiguientes se han consolidado a partir de la desfiguración y el desmantelamiento de los contenidos sociales y los principios nacionalistas de la Constitución mexicana de 1917", se argumenta en el documento.

El 5 de febrero próximo, en el monumento a la Revolución, los comités estatales de la Constituyente Ciudadana-Popular presentarán los fundamentos y las bases éticas de la nueva Constitución.

Nueva constitucionalidad

Pero, de cara al centenario, los juristas de la UNAM proponen una ruta más gradualista que comienza por reordenar y consolidar el proyecto constitucional.

Diego Valadés y Héctor Fix-Fierro son autores de un proyecto auspiciado por la UNAM, en el que se está proponiendo una nueva redacción del texto constitucional, un reordenamiento de sus artículos y capítulos, la corrección de duplicidades y errores, y la eliminación de múltiples disposiciones reglamentarias que pasarían a una Ley de Desarrollo Constitucional.

Sin modificar su contenido esencial, los juristas proponen reducir más de 17 mil palabras a la Constitución, para hacerla más entendible para los ciudadanos, más manejable para los legisladores y más útil para iniciar un debate profundo sobre su vigencia y reformulación.

"Es un ejercicio que resulta indispensable previo a cualquier planteamiento de reforma de la Constitución, o incluso de sustitución de la misma. Reescribir la Constitución sin introducirle ningún cambio, porque ésa función le corresponde a los actores políticos. Pero vamos a facilitarle a esos actores políticos la toma de decisiones, y vamos a facilitarle al ciudadano el conocimiento de nuestra Constitución", explica Valadés.

La Constitución Política de los Estados Unidos. Texto reordenado y consolidado fue publicada en este mes por el Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM como un anteproyecto, pero lleva también el sello editorial de la Cámara de Diputados y el Senado de la República.

Valadés explica que, si los legisladores y el gobierno están de acuerdo, el nuevo texto podría discutirse y consolidarse -a partir de esta propuesta inicial- durante el año previo al centenario, y celebrar la efemérides, en febrero de 2017, con una nueva versión de la Constitución que facilite su estudio, su aplicación y la recuperación de sus funciones.

Los académicos sugieren añadir un preámbulo del que carece el texto vigente -y que sí contienen la mayoría de las constituciones del mundo- en el que se aclare, de inicio, la vocación social y democrática de la Constitución.

"Esta Constitución expresa la voluntad del Pueblo Mexicano de instituir un estado de Derecho democrático, social y laico, organizado como república representativa y federal, con base en los principios de soberanía, libertad, justicia, igualdad, equidad, dignidad y seguridad jurídica…", se lee en las primeras líneas de dicho preámbulo.

La propuesta implicaría sólo una reforma constitucional; la del artículo 69, para facultar al Congreso a expedir leyes para desarrollar el contenido de las normas constitucionales.

En esa Ley de Desarrollo Constitucional quedarían aquellas disposiciones reglamentarias que, tras múltiples reformas, han quedado plasmadas en la Constitución. Minucias, detalles y hasta candados, como la distribución de los tiempos oficiales durante precampañas y campañas electorales -que actualmente se estipulan con horas y minutos en la Constitución- irían a dar a esa ley.

El documento, en el que colaboran otros cinco juristas (Daniel Barceló, Eduardo Ferrer Mac-Gregor, Daniel Márquez, Pedro Salazar Ugarte y José María Serna), contiene un estudio introductorio sobre las reformas que ha sufrido la Constitución y sus efectos.

El proyecto fue compartido con las mesas directivas de la Cámara de Diputados y del Senado, con el Ejecutivo e incluso con algunos promotores de una nueva Constitución, como Muñoz Ledo y Cárdenas.

El cabildeo apenas ha comenzado, pero, según Valadés, la propuesta se ha recibido con simpatía.

"Que los actores políticos lo estudien, que le hagan los cambios que consideren, porque este proyecto seguramente es mejorable; pero, si ellos están de acuerdo, por la vía del artículo 135 se podría proceder a hacer este ajuste. Sin ser una nueva Constitución en el orden estricto, sí sería una nueva forma de presentación de la Constitución y tendría que ser promulgada en su totalidad como un nuevo ordenamiento", comenta Valadés.

-¿Y celebrar el centenario de la Constitución con esta nueva versión? -se le cuestiona.

-Eso sería lo ideal -responde el jurista.

Leer más: http://www.reforma.com/aplicacioneslibre/articulo/default.aspx?id=754045&md5=bf96080775798321cfedd0d38a685ec7&ta=0dfdbac11765226904c16cb9ad1b2efe#ixzz3yrdgjCl6
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Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos

Texto reordenado y consolidado

ESTUDIO ACADÉMICO

Con la finalidad de contribuir a una mejor compresión de nuestra Carta Magna y la serie de cambios realizados a lo largo del tiempo, la Universidad Nacional Autónoma de México, a través de su Instituto de Investigaciones Jurídicas, en convenio con la Cámara de Diputados del H. Congreso de la Unión, realizaron el presente estudio académico que busca enriquecer el acervo de las investigaciones constitucionales, así como el conocimiento del contenido y estructura de la Constitución, próximos como estamos al Centenario de su promulgación.

Hoy, ante el vigor que ha adoptado la reforma constitucional para ir integrando y actualizando la norma fundamental a los cambios que el país y la sociedad van impulsando, han surgido visiones para estudiar nuestra Ley Suprema desde una perspectiva novedosa, que supondría una revisión sistemática de sus contenidos, con el mejor ánimo de realizar aportaciones que ayuden a su estudio y compresión.

Estamos muy cerca de celebrar el centenario de nuestra Constitución; por ello, el presente es un estudio que la aborda, por un lado, desde el tamiz de la técnica jurídica y con un planteamiento ordenado en el texto constitucional, y por el otro, pretende también acercar el estudio y la compresión de sus preceptos a la población en general.

Sin duda alguna, nuestra Carta Magna sigue estando a la vanguardia del constitucionalismo mundial y si bien en determinado momento pudiera pensarse que la velocidad de las recientes modificaciones pudiera afectar la esencia de la misma, la mejor manera de exponer el efecto que estos cambios han tenido, tienen y tendrán para nuestra sociedad, es a partir del análisis y revisión del propio documento, esto es, desde la reflexión y el entendimiento de que nuestra Ley Suprema es en esencia, la norma que organiza nuestra vida social, y por ello, conocerla y comprenderla sumará en nuestra forma de percibir y vivir en nuestra sociedad.

Los preceptos constitucionales que nos dimos tras un largo camino, desde la Independencia hasta la Constitución de 1917, son exactamente los mismos anhelos de libertad, justicia, democracia, soberanía, que han venido ampliando sus efectos en cada vez más y más derechos, así como un mayor ámbito de vigencia de los mismos; así, pese a las múltiples modificaciones de nuestra Carta Magna, hemos de reconocer que sus principios, que son los de nuestra Nación, permanecen hasta el día de hoy.

Precisamente considerando el perfil social de nuestra Ley Suprema, creo que el presente estudio ayudará a que la reflexión sobre su centenario se haga con una visión reciente y fresca; finalmente es una propuesta académica que hacen los expertos en la materia la cual, con seguridad, continuará formándose y enriqueciéndose conforme se aproximen los cien años de su existencia.

Cabe aclarar que debido a los tiempos de edición de la presente obra, no se abordan aun las cinco últimas reformas constitucionales publicadas en el Diario Oficial de la Federación (DOF), en materias de derechos políticos de las comunidades indígenas (publicada en el DOF el 22 de mayo de 2015), disciplina financiera de las entidades federativas y los municipios (publicada en el DOF el 26 de mayo de 2015), Sistema Nacional Anticorrupción (publicada en el DOF el 27 de mayo de 2015), la reforma que faculta al Congreso para expedir la legislación nacional en materia de justicia penal para adolescentes (publicada en el DOF el 2 de julio de 2015); y aquella que otorga la facultad al Congreso para legislar en materia de desaparición forzada de personas, otras formas de privación de la libertad contrarias a la ley, tortura y otros tratos o penas crueles, inhumanas o degradantes (publicada en el DOF el 10 de julio de 2015).

Dip. Manlio Fabio Beltrones Rivera
Presidente de la Junta de Coordinación
Política de la Cámara de Diputados
del H. Congreso de la Unión

Constituciones-primera parte

Por Juan Ramón Jiménez de León

Economista con estudios de posgrado en Chicago, San Antonio y Nueva York.

Académico de las Universidades de Sinaloa, Coahuila, Tamaulipas, Estado de México, del Valle de México, Intercontinental, Las Américas, UNITEC, ITESM y UNAM.

Premio Nacional de Periodismo 2003.

México es un país de leyes hermosas……..que no se cumplen…….Porfirio Díaz

Este 5 de febrero es otro aniversario más de la Carta Magna de 1917, aunque se hable continuamente del “Estado de Derecho” lo cierto es la vox populi que dice que nunca nadie la ha respetado.

A la promulgación de la misma el 5 de febrero de 1917, el presidente de la República Venustiano Carranza declaró: "Esta Ley Suprema nos hará grandes, justos y respetables entre los demás pueblos de la tierra". Sin embargo a lo largo de su historia ha sido reformado más de 400 veces. Lo que sucede es que no se cumplen esas aspiraciones marcadas y previstas en la Constitución por culpa del gobierno en turno no importa del color que sea, lo que altera el Estado de derecho. Una Constitución que fue pionera en el reconocimiento de derechos sociales fundamentales y que sirvió con eficacia para dotar de perfiles nítidos al programa posrevolucionario y para consolidar un gobierno fuerte que operó autoritariamente en el país durante más de 70 años; pero que hoy no goza más de la adhesión, de la legitimidad ni del respeto social necesarios no sólo por los abusos a que ha sido sometida y por sus múltiples deformas, sino también y de manera fundamental por su deficiente diseño institucional y su incapacidad para responder a las necesidades de una sociedad en transición, plural y globalizada como la actual. La situación que vivimos no se debe a la Constitución, sino a que no se respeta. Cumplirla daría las soluciones a todos los problemas del país. Lo que debe hacerse es revisarla para poder eliminar todas esas reformas inútiles que la han hecho oscura, confusa en muchas aspectos. Pero sin la Constitución no existiría México, sería un pueblo caótico y anexado al norte. Como nación hubiera desaparecido para convertirse en un rebaño de millones de seres humanos, que es lo que quieren los neoliberales y aquellos ingenuos que buscan una nueva Carta Magna, porque la actual les estorba en sus llamadas reformas de segunda generación, que son realmente contra-reformas para adecuarlas al Neoliberalismo depredador, como las hechas por Carlos Salinas de Gortari y todos sus congéneres salinizados que le han seguido desde entonces, en el apartado agrario, que son verdaderas regresiones y han empujado a la emigración.

La Constitución es la osamenta estructural de nuestro pueblo.

Las reformas hechas a la Constitución fueron en épocas de la Dictadura Perfecta, ahora en tiempos de la Democracia Imperfecta tenemos que echar abajo esas “reformas”

Las reformas y los presidentes Número de reformas
Álvaro Obregón 7
Plutarco Elías Calles 18
Emilio Portes Gil 2
Pascual Ortiz Rubio 4
Abelardo L. Rodríguez 22
Lázaro Cárdenas del Río 15
Manuel Ávila Camacho 18
Miguel Alemán Valdés 20
Adolfo Ruiz Cortines 2
Adolfo López Mateos 11
Gustavo Díaz Ordaz 19
Luis Echeverría Álvarez 40
José López Portillo 35
Miguel de la Madrid Hurtado 60
Carlos Salinas de Gortari 51
Ernesto Zedillo 76

Si observamos la cantidad de reformas neoliberales priistas desde 1982, se llevan el campeonato con 187 “reformas o deformas”, la llamada era “populista” de 1970-1982 tiene a su cuenta 75, la era del “desarrollo estabilizador de posguerra” de 1944 a 1970 tiene en su cuenta 70 “reformas” y el tiempo de los presidentes militares posrevolucionarios llevó a cabo 68, es decir están equilibrados los militares con los estabilizadores y los populistas, mientras los neoliberales han sido los desestabilizadores tanto del marco jurídico básico como de la misma economía que han buscado modernizar pero lo han hecho buscando una integración asimétrica con los Estados Unidos.

El antecedente inmediato de la Historia Constitucional es la primera Constitución de 1824 por lo tanto vale la pena recordar algunos elementos de nuestro pasado:

La historia anterior a la Independencia de 1810, nos demuestra que en el imperio español no se ejerció el voto; el gobierno era del rey, por el rey y para el rey. El rey nombraba a sus virreyes, los cuales gobernaban en su nombre; esta fórmula autocrática se aplico férrea e inapelablemente a todos los demás miembros del gobierno, ya fueran designados por el rey o por algunos de sus subalternos. En suma, toda autoridad emanaba del rey, todo acto de gobierno se ejerció en su nombre, y todo impuesto colectado se destinaba a su persona. Puede afirmarse que en la Nueva España la democracia no se practicaba en ninguna forma.

La jerarquía católica tenía a su cargo el registro de los nacimientos, los matrimonios y las defunciones como sacramentos y no como actos administrativos de un Estado civil. En México no existían actas de nacimiento; todo nacimiento se comprobaba con una “fe de bautismo”; si el individuo no había sido bautizado, carecía de identidad legal; para la sociedad era un marginado sin estatus alguno; era como si la persona no hubiera nacido, aunque hubiera existido. Lo mismo puede decirse de las actas de matrimonio y defunción. Si una pareja no cumplía con el sacramento del matrimonio, todos sus hijos eran bastardos. Si los familiares del difunto no acudían al curato a registrar su muerte y a pagar por el entierro, no podía ser sepultado “en sagrado”. De hecho, tal fue la causa de la polémica sostenida entre el liberal Melchor Ocampo y un obispo de Michoacán poco antes de 1857.

Por ser demasiado largo y complejo el proceso de separación entre Estado e Iglesia, así como extensa la descripción del desarrollo de los instrumentos constitucionales que dieron origen a la separación de poderes que nos ocupa, nos restringiremos sólo a señalar de manera sucinta la ruta crítica que sigue esta trascendente separación.

La ruta comienza en la Época Colonial, pasa luego por el difícil periodo de la Independencia, sufre transformaciones con la Constitución de 1824, las primeras Leyes de Reforma promulgadas por Gómez Farías, la Ley Juárez, la Ley Lerdo, la Constitución de 1857, las Leyes de Reforma promulgadas por Juárez y, finalmente, concluye en la Constitución de 1917. Vale recordar que José María Morelos, en lo que se elaboraban los proyectos de una Constitución, presentó un documento que tituló Los Sentimientos de la Nación, expuestos el 14 de septiembre de 1813, y en sus 23 puntos se encuentran las ideas fundamentales del origen de nuestra Independencia. Es el compendio insurgente de las circunstancias de ese momento que requerían de una profunda transformación política, económica, social y cultural. El punto a destacar es el que señala: “Que América es libre e independiente de España y de toda otra Nación, gobierno o monarquía, y que así se sancione, dando al mundo las razones”.En Chilpancingo, el 14 de septiembre de 1813, es proclamada la idea de que “la soberanía dimana inmediatamente del pueblo”, estableciéndose en este documento referido.

LA CONSTITUCIÓN DE 1824

De acuerdo con el Plan de Iguala, suscrito por Agustín de Iturbide , el 24 de febrero de 1821, la Independencia de la Nueva España quedaba plasmada en el artículado de dicho documento y así mismo establecía un gobierno monárquico constitucional. Este mismo documento señalaba a Fernando VII como monarca y en caso de no aceptar, el gobierno recaería en alguien de su propia dinastía o bien un miembro de otra casa reinante. Para llevar a efecto dicho Plan, era menester la integración de las Cortes, las que deberían abocarse de inmediato a elaborar la Constitución del Imperio Mexicano.

Mientras se resolvía la cuestión del monarca, se nombraría una Junta Gubernativa que asumiera el gobierno y en la que, obviamente participaba Iturbide. Son notorias las divergencias ideológicas entre la Constitución de Apatzingán y la que pretendía Iturbide, implicando un retroceso dentro de los ideales libertarios. Sin considerar que finalmente el objetivo de la lucha por la independencia de la Nueva España se había alimentado con ideales republicanos, Iturbide acepta ser proclamado Emperador de México, jurando cumplir con la Constitución que emanara del Congreso. Al proclamarse Iturbide emperador, las divergencias entre sus partidarios y sus opositores republicanos aumentaron considerablemente entre tanto, los iturbidistas trabajaban intensamente para lograr acuerdos en el Congreso que favorecieran sus intenciones imperialistas. Los opositores del imperio combatieron tales propuestas pero como las discusiones no podía durar indefinidamente y mucho menos permitir que los liberales alcanzaran un consenso en el Congreso, éste fue disuelto por órdenes de Iturbide. De esa forma Iturbide terminó, aparentemente, con el conflicto que se había generado pero al mismo tiempo, con rapidez y discreción organizaba a la Junta Nacional Instituyente para integrar un nuevo Congreso cuya función sería la redacción de las bases de una Constitución Imperial.

En ese contexto, la estrella de Iturbide declinaba y se enfrentaba a la rebelión encabezada por Antonio López de Santa Anna, con el Plan de Casa Mata, documento en el que se desconocía a Iturbide como emperador y se solicitaba la instalación de un Congreso Constituyente. Posiblemente, con el objetivo de conservar el poder, Iturbide reinstaló al anterior Congreso el 7 de marzo de 1823, sin embargo, la decisión de los congresistas republicanos por dar la batalla, determinó la abdicación del emperador, la cual firmó 13 días después de reinstalado el Congreso. Al reinstalarse el Congreso se nombró, el 30 de marzo de 1823, al Poder Ejecutivo, integrado por UN TRIUNVIRATO : Nicolás Bravo, Guadalupe Victoria y Pedro Celestino Negrete, quienes gobernarían en forma colegiada.

La situación política de México no se estabilizaba y de hecho, se hacía presente la falta de unidad nacional puesto que mientras unas entidades pugnaban por la federación, otras pretendían su independencia, Chiapas, Yucatán, California y Texas, mientras que ya Filipinas y Centroamérica estaban fuera de la Republica. Al Congreso en funciones, a pesar de haber presentado el Plan de la Constitución de la Nación Mexicana, el cual no se aprobó, se le exigía, de acuerdo a su facultad, convocar a un Congreso Constituyente, para contar con el organismo legal, el cual se abocara exclusivamente a elaborar una Constitución que rigiera los destinos del país. El 12 de junio de 1823, la diputación y el ayuntamiento de Querétaro, suscribieron un documento en el que hacían notar que retardar la convocatoria para la instalación del Congreso Constituyente, había originado múltiples problemas a la nación mexicana. La representación de Querétaro formuló la convocatoria y el mismo 12 de junio declararon estar a favor de una república federada y en cuanto a la forma de las elecciones, avalaban los procedimientos de las Constituciones de Cádiz y de Apatzingán.

Según Ignacio Romero Vargas, la actuación del Congreso reinstalado no fue positiva expresando lo siguiente: "Sin experiencia parlamentaria no supo llevar a cabo ninguna labor constructiva, en constante contradicción de principios, su labor fue destructiva, escandalosa y demagógica, jamás supo resolver los problemas que aquejaban a la nación, dando en cambio margen a las críticas acerca de la falta de capacidad de los mexicanos para constituirse en una nación independiente y civilizada".

La convocatoria para la instalación del Congreso Constituyente quedó debidamente formalizada el 30 de junio de 1823. El Congreso ordinario continuó trabajando mientras el Constituyente adquiría vida legal en el mes de noviembre. Entre los trabajos realizados por el Congreso, antes de la instalación legal del Constituyente, de junio a octubre, tuvo lugar el establecimiento provisional del Supremo Tribunal de Justicia con las facultades señaladas en la Constitución de Cádiz. Lorenzo de Zavala-luego involucrado en la separación de Texas-, quien había participado en las Cortes de Cádiz, objetó las atribuciones otorgadas a dicho Tribunal, aduciendo que la constitución de donde se habían tomado era la española monárquica, debiéndole dar las características de mexicana y republicana. Los trabajos del Congreso dieron fin el 30 de octubre de 1823 para dar paso a las sesiones del Congreso Constituyente en noviembre. Algunos de los congresistas fueron reelectos para integrar el Congreso Constituyente, con base en las experiencias acumuladas en relación con las Cortes de Cádiz, la posición de la metrópoli española, la insurgencia, la reacción de las provincias ante la independencia, la influencia de los idearios republicanos de Francia y Estados Unidos, etc.

El 7 de noviembre de 1823, con toda solemnidad fue instalado en Congreso Constituyente en la antigua iglesia de San Pedro y San Pablo, en donde federalistas y centralistas entrarían en ásperos debates sobre la estructura política que se daría a la nueva nación. Entre los constituyentes estaban Lorenzo de Zavala, Miguel Ramos Arizpe, Manuel Crescencio Rejón, Valentín Gómez Farías, Carlos María de Bustamante y otros, identificados con el federalismo. Uno de los puntos de discusión en la Asamblea de Constituyentes fue determinar el lugar de residencia de los poderes de la Federación, proponiéndose a Querétaro para establecer el Distrito Federal por ser la parte central de la nueva república. El gobierno no estuvo de acuerdo con esta propuesta y aunque hubieron diputados, como Ramos Arizpe que votó en contra de los deseos gubernamentales, finalmente y mediante un decreto se creó el Distrito Federal con sede en la ciudad de México, el 20 de noviembre de 1824.

Las discusiones en el Congreso Constituyente llegaron a su punto culminante al darle a la joven nación las características por las que tanto se había luchado y así, el 4 de octubre de 1824 fue firmada la Constitución Federal. La Constitución de los Estados Unidos Mexicanos estableció el pacto entre los estados originando una República Federal. La Constitución de 1824 dividió a la República en 19 estados y 5 territorios. Cada estado adquirió la facultad de elegir a su gobernador y a su propio Congreso. El gobierno quedó dividido en tres poderes: legislativo, ejecutivo y judicial. Dicha Constitución, la de 1824, establecía la libertad de imprenta y de palabra. Al pretender López de Santana una nueva Constitución Centralista en 1836, e intervenir especialmente en la despoblada pero estratégica Coahuiltejas y cambiar su capital Monclova que era liberal y pro-federalista por Saltillo que era conservadora y pro-centralista, desencadenó la separación casi inmediata de Texas y California de la naciente Republica Mexicana y posteriormente la guerra con los Estados Unidos y la pérdida de los grandes territorios del norte, la separación de las Filipinas de la órbita de México y el total alejamiento de Centroamérica de México. Chiapas quedo en un impasse. EL 3 de octubre de 1824, en sesión extraordinaria del Congreso, se redactaron las adiciones finales al Acta Constitutiva. El lunes 4, entre las 10:30 y las 2:00 de la tarde, la firmaron los diputados. Se eliminaron los títulos de licenciado o doctor y, solamente, por orden alfabético, se llamó a los diputados para signar el documento. Se nombró una comisión de 24 diputados presidida por Vargas, cura de San Luis Potosí para portar la Constitución a Palacio. La Carta Magna estaba escrita en grandes pliegos de marca según la observación, constantemente lúcida y lúdica, de Carlos María de Bustamante. Vargas, ante Victoria, Bravo y Domínguez, dijo que "la Constitución de 1824 haría la felicidad de la nación". Carlos María de Bustamante, profético, añade: "No la mía".

El padre Mier y Terán, viejo luchador contra los gobiernos virreinales, se presentó, el miércoles 6 de octubre de 1824, con solideo negro en la cabeza, sorprendiendo a los diputados porque, de costumbre, lo llevaba morado. Dijo: "Cuando se firmó el Acta Constitucional murió mi patria. Hoy (un día después de la firma solemne, `sin pluma de oro` como se firmó la Constitución de Cádiz que voló por los aires con la tiranía de Fernando VII) vengo a su funeral". Carlos María de Bustamante añade, en orden al solideo, estas frases duras de radical impenitente: "¡Ojalá que nuestros vaticinios no sean funestos! Por ahora todo será grito y júbilo: llamársele Código divino, este es nuestro mundo, harto le conocemos". Del Diario de Bustamante, escribidor, se dice de Morelos. Texto del jueves 7 de octubre de 1824. Impávido iniciaba así: "Tiempo sereno y aspecto de lluvia". Pronto se iniciarían los temporales. Ya se comenzó a señalar que los gastos de la Casa Civil, para el presidente Victoria, eran exagerados.

"Es escandaloso, dice Bustamante nacido en casa donde nada faltó y llegó a ser abogado en 1805 el menaje de casa que se está comprando para el Presidente a quien procura complacer su ahijado el ministro de Hacienda, Esteva. Hay alfombra de 500 pesos. Estaría mejor que el Presidente diese ejemplo de sobriedad. ¿Dónde está la sobriedad republicana?

No será de menor lujo el banquete que se prepara para el domingo próximo que va a darse en Sybaritas. Esto es muy escandaloso para hombres que estudian la miseria de la nación mexicana". El 31 de enero se culminó el proceso. La República había nacido. Se comenzaba casi, con las toallas. Nada nuevo. El artículo quinto de la Constitución decía: "La nación mexicana adopta para su gobierno la forma de República representativa popular federal".

Fue duramente discutido por el discurso del doctor Servando Teresa de Mier (diputado por Nuevo León) que, después de asumir su republicanismo (indisputable) se opuso a la soberanía de los estados, en las circunstancias de México (señalando que el mismo proyecto, en Estados Unidos, por "su prosperidad, sus palabras, generó resultados distintos") mientras en México provocaría serios conflictos. En el preámbulo al Acta Constituyente, la comisión redactora (20 de noviembre de 1824) había declarado que el país tenía "6 millones de hombres libres". Lo que Teresa de Mier discutía era que lo relevante era "la desigualdad" y "la crisis social".

El 23 de octubre de 1823 el Congreso reconoció "que los caminos estaban infestados de ladrones; que quedaban impunes con leyes dictadas, hasta aquí, no en la equidad, sino en la inequidad". Tal, se añadía, "es el estado en que se hallan las principales carreteras". Por lo demás, Rousseau, en orden a que la soberanía reside en la nación (artículo cuarto) y Montesquieu, respecto de la separación de Poderes, Legislativo, Ejecutivo y Judicial (artículo noveno), estuvieron presentes en el espíritu y la letra. El artículo tercero, como en el Plan de Iguala de Iturbide (fusilado en 1824), afirmaba que "la religión de la nación mexicana es y será, perpetuamente, la católica, apostólica y romana… y prohíbe el ejercicio de cualquiera otra". No se había secado la tinta cuando se produjeron numerosos y graves problemas nacionales y, entre ellos, el levantamiento del general Lobato apareciendo y ofreciéndose como "mediador" Santa Anna. El bombardeo de Veracruz por los españoles, desde la prisión de Ulúa, un vestigio del pasado colonial; lo demás era ya la vida real. El año 1824 tuvo resonancias históricas en América Latina y España.

En efecto, el mismo día, 7 de noviembre de 1823, en que se inauguró el Congreso en México, era ahorcado, en la Plazuela de la Cebada de Madrid, Rafael Riego. Con él había comenzado, contra la tiranía de Fernando VII, la rebelión militar que él dirigiera. Su alzamiento se olvida se inició contra el envío de tropas españolas a América para reiniciar, contra los independentistas, la recolonización. El pueblo español, en los puertos, se unió al coronel Riego que impuso, frente a la violencia del monarca, la Constitución liberal de 1812. Tres años duró: de 1820 a 1823. España vivió el fin de la era liberal con la ejecución de Riego. Su muerte coincide con el inicio de la etapa republicana de México.

En 1824, a su vez, el 9 de diciembre, el mariscal Sucre, bajo las órdenes de Bolívar, ganaba la última batalla la de Ayacucho de la Independencia. El virrey La Serna y sus oficiales, prisioneros. Sucre hizo un Tratado de Paz que debería asumirse, históricamente, por su clemencia, como el comienzo de una política del Derecho en Latinoamérica.

El 24 de septiembre de 1824, a su vez, el Papa León XII dirigía, a los obispos de la región, su Encíclica Etsi iam diu en la que se elogiaba a Fernando VII, "nuestro muy amado Fernando, rey católico de España, cuya sublime y sólida virtud".

La implacable dureza de ese análisis fue, explica, la base política del Partido Conservador. Se consagra en las "constituciones espurias de 1836 y 1843", es decir, la "línea" de los gobiernos centralistas dotando de poderes a las dictaduras y, fundamentalmente a las santanistas. Frente a ese ideario, el Plan de Ayutla, firmado el 1 de marzo de 1854, planteó un proyecto, republicano, federal y montesquiano que, en principio, rechaza la dictadura de Santa Anna. Esa proposición transportaba consigo, dadas las condiciones sociopolíticas, una revolución. Estuvo al frente de ese movimiento el coronel Francisco Villarreal. Se vinculó, al Plan, el coronel Comonfort que, unos días más tarde, en Acapulco (Plan de Acapulco), modera el Plan de Ayutla con ánimo de incorporar a los grupos más modernos de los conservadores. El estallido revolucionario-militar derivado de Ayutla-Acapulco supuso la caída del presidente Santa Anna que el 9 de agosto de 1855 salió de la ciudad de México su novena y última época en el poder, lo cual es patético y el 13 de agosto se embarcó para La Habana. La convocatoria para el Congreso Constituyente se efectúa en el mes de febrero de 1856 en el cuadro de una serie de levantamientos militares con un presidente interino (16 de noviembre de 1855): el general Juan Álvarez. Con él se convoca el Congreso Constituyente, pero su "presidencia" le duró días. El general Álvarez fue sustituido, el 11 de diciembre de 1855, por el ya general Comonfort. En esas horas conflictivas se promulga la Constitución de 1857, el 5 de febrero. Constituyó una hazaña extraordinaria. Postulaba una república federal con una clara decisión por las libertades y los derechos humanos. Los constituyentes elogiaron, en ocasiones, la Constitución de 1824. No olvidaron el Acta de Independencia del 6 de noviembre de 1813 ni la Constitución de Apatzingán del 24 de octubre de 1814. Con relación al Poder Legislativo, éste quedó integrado por dos Cámaras: la de senadores y la de diputados. El Ejecutivo se constituyó con un Presidente y un Vicepresidente y la Suprema Corte de Justicia, se hizo cargo del poder judicial. La Constitución de 1824 contuvo 171 artículos, organizados en 7 Títulos y se le considera un notable documento político.

CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LA REPÚBLICA MEXICANA DE 1857

Es este uno de los textos capitales del constitucionalismo mexicano. Su contenido significa la ruptura con el pasado en sus manifestaciones más importantes; el poder económico y político de la Iglesia y la desaparición de los fueros y privilegios, militar y eclesiástico. En el seno del constituyente de 56-57 se registraron las más brillantes sesiones de la historia parlamentaria mexicana. La participación de los hombres más significativos del llamado partido liberal permitió que se plasmaran en el texto de la Constitución de 1857 los principios básicos del liberalismo político y económico, aunque no todos llevados a sus últimas consecuencias por la traicionera actitud de los conservadores el congreso mostró la existencia de las dos tendencias para entonces ya clásicas, las cuales claramente definidas lucharían por sus principios hasta el límite de sus fuerzas: la liberal y la conservadora. En medio de ambas se perfilaba una corriente liberal moderada que buscaba mediar entre las dos posiciones extremas. En el seno del ala liberal del congreso se encontraban los hombres de la llamada "generación de la reforma" heredera de los principios de la revolución de independencia y del pensamiento de Mora y Gómez Farías. Entre ellos debe señalarse por los menos, a los siguientes: Ponciano Arriaga, José María del Castillo Velasco, Santos Degollado, Manuel Doblado, Valentín Gómez Farías, Jesús González Ortega, León Guzmán, Benito Juárez, Ignacio de la Llave, Melchor Ocampo, Guillermo Prieto, Ignacio Ramírez, Vicente Riva Palacio, Ignacio Vallarta, Leandro Valle y Francisco Zarco. Estos hombres lucharían por plasmar el texto constitucional el ideario revolucionario época, por ser el único que garantizaba la libertad humana frente a todos los poderes. Entre los principios que defendieron se encuentran: el sufragio universal, la desaparición de los fueros y privilegios militar y eclesiástico, la igualdad y la libertad humanas, la separación de la iglesia y el estado, la libertad de conciencia, cultos, enseñanza, pensamiento e imprenta; la libertad de trabajo, industria y comercio; la desamortización de los bienes del clero; la propiedad privada frente a la propiedad corporativa y comunal, el sistema federal, la división de poderes y el instrumento para garantizar el estado de derecho: el juicio de amparo. Por su parte el partido conservador se hallaba vinculado a los intereses del clero y de los sectores de la sociedad que buscaban la conservación de los fueros y privilegios eclesiásticos, la riqueza del clero, la paz y el orden, la estabilidad de la vida social, es decir, rechazaban un cambio brusco en el modo de organizar las fuerzas sociales y productivas de la nación. Admitían parcialmente los derechos del hombre, pero sobre todo los encaminados a garantizar algunos aspectos de la libertad individual y la propiedad privada. No deseaban la libertad de cultos ni la separación de la Iglesia y el Estado, aunque transigían con el sistema federal. Entre los hombres que representaban este ideario, se hallaban presentes en el seno del congreso: Marcelino Castañeda, Mariano Arizcorreta, Prisciliano Díaz González, Juan Antonio de la Fuente, Juan E Barragán, Vicente López, Antonio Agudo y Pedro de Ampudia, voceros de los intereses de la Iglesia y de las clases privilegiadas. En medio se hallaban los llamados moderados, sobre todo liberales y algunos conservadores, que buscaban un equilibrio de fuerzas y cambios poco espectaculares en materia religiosa y económica, aduciendo que el país no estaba preparado para las reformas liberales. Eran en el poder, encabezado por el presidente Comonfort y sus ministros. Querían una constitución individualista y liberal moderada. Su voto fue definitivo en muchas ocasiones para inclinar el fiel de la balanza en uno u otro sentido. Las discusiones del constituyente fueron arduas y complejas, sólo la tenacidad de los liberales hizo que no fracasaran algunas de las cuestiones fundamentales de su ideario, así, aunque no se logra la libertad de cultos, por lo menos se impidió que se consagrara el principio de intolerancia religiosa, presente en todas las demás constituciones que se habían expedido hasta esa fecha. La Constitución de 1857 está dividida en títulos, secciones, párrafos y artículos. El título primero sección primera es el relativo a los derechos del hombre como base y objeto de las instituciones sociales.

Las secciones 2 y 4 estaban consagradas a determinar quiénes eran mexicanos, y la 3 quiénes extranjeros. En el Título 2, sección 1 fijaban el concepto de soberanía nacional y en la sección 2 cuales eran las partes integrantes de la federación y del territorio nacional. El título 2 en su sección 1, 2 y 3 con sus respectivos párrafos establecía la división tripartita del poder: legislativo, unicamaral: ejecutivo, unipersonal y judicial, depositado en una Corte Suprema de Justicia y los tribunales de Distrito y de circuito. El título 5 establecía las reglas generales para el gobierno de los Estados de la Federación, libres y soberanos. Los títulos 4, 6 y 8 hacían referencia a las prevenciones generales, el modo para reformar o adicionar la Constitución y su inviolabilidad, respectivamente. En esta Constitución se reconocen en forma amplia y pormenorizada los derechos y libertades de la persona humana y el modo de hacerlos efectivos a través del juicio de amparo, establecido por primera vez en la Constitución de Yucatan y de Reformas de 1847.

Al lado de los derechos individuales se establecieron los principios de la forma federativa de la república: los estados libres, independientes y soberanos estaban facultados para decidir todo lo relativo a su régimen interior. La Constitución de 1857 consagraba la división tripartita del poder, pero el Congreso seria unicamaral; por lo demás, el sistema que estableció contemplaba un ejecutivo sin facultad de veto. Otro aspecto significativo de esta Constitución fue que establecía las bases para el desarrollo de la legislación ordinaria, tarea que era impostergable para la sustitución del corpus jurídico, heredado en buena medida de la época colonial, que estaba vigente en el país. Asimismo, debe señalarse como aspecto significativo el haber incorporado al texto constitucional, en el artículo 27, el principio de la desamortización de bienes de corporaciones civiles y religiosas y finalmente, a pesar de haber sido jurada en el nombre de Dios y con la autoridad del pueblo mexicano, esta Constitución al no señalar que la religión católica era la del pueblo mexicano, era la del Estado, admitía, implícitamente, el principio de la tolerancia religiosa. El 17 de Diciembre Zuloaga se pronunció contra la Constitución sumándose a esta actitud el presidente Comonfort asumiendo la presidencia Benito Juárez por ministerio de ley. El periodo comprendido entre esta fecha y el regreso de Juárez a la capital de la República, se conoce como Guerra de Reforma o Guerra de tres años. Después de una larga trayectoria por distintos rumbos del país, el gobierno juarista se instaló en Veracruz. Es precisamente en este lugar donde se dictan las principales leyes que son complemento del ideario liberal, las llamadas Leyes de Reforma. El regreso de los liberales a la capital de la República fue sólo el preludio de la Intervención Francesa. Derrotados los restos del ejército invasor, y muertos los principales dirigentes del segundo Imperio, se inició el periodo que se conoce como “La restauración de la República". Los gobiernos que se sucedieron durante el periodo que va de 1867 a 1910, se dieron cuenta de que la Constitución de 57 requería de algunos ajustes para hacer posible la formación y consolidación de un “estado nacional".

EN 1857 la población de México se estimaba en unos 8 millones de habitantes. La Constitución de 1857 (el 5 de febrero) representó un momento muy alto de la conciencia jurídico-política de México y un inmenso conflicto social. Machorro Narváez, en su libro La Constitución de 1857 (editado por la UNAM en 1959) explora un problema explosivo: "… el problema del voto electoral, activo y pasivo dice era la ignorancia de la masa popular, su analfabetismo, en un 80% de la población total. ¿Qué cooperación podía esperarse de esa chusma miserable y analfabeta? Y este problema no era inventado por las constituciones; existía en la realidad, estaba en la entraña del ser nacional…"

La Carta Magna de 1857 significó la ruptura real con el Partido Conservador y la Iglesia. En otras palabras el centro esencial del orden jurídico, el consenso, fue imposible. El 1 de diciembre de 1857, en el cuadro de la nueva Constitución se eligió Presidente de la República al general Comonfort y como Presidente de la Suprema Corte a Benito Juárez. Dieciséis días después se levanta en Tacubaya (Plan de Tacubaya) la brigada de Zuloaga exigiendo la abolición de la Constitución con el clero apoyando su proyecto. Con asombro colectivo, el hombre que había diseñado el Plan de Acapulco, Comonfort, aceptó el Plan.

El conflicto tuvo, a partir de entonces, un claro signo de lucha de clases y de culturas.

El acuerdo, necesario, se canceló. En Oaxaca, la Constitución fue promulgada el 23 de marzo y se celebró, todavía, un Te Deum en la catedral. Poco después el Congreso local eligió a Benito Juárez como gobernador. El 27 de junio se hizo pública su designación para el periodo 1856-1860. Juárez lo notificó al Obispo de Oaxaca y, de cara al Te Deum, le hizo saber que no asistiría. Lo explicó…

"… Resolví, sin embargo, omitir la asistencia al Te Deum, no por temor a los canónigos, sino por la convicción que tenía de que los gobernantes de la sociedad civil no deben asistir, como tales, a ningún ceremonial eclesiástico, si bien como hombres pueden ir a los templos a practicar los actos de devoción que su religión les dicte… Este suceso añade fue para mí muy plausible para reformar la mala costumbre que había de que los gobernantes asistiesen a las procesiones y, aún, a las profesiones de monjas…". Juárez adelantaba ya la Reforma.

Los de Tacubaya, a su vez, desconocen al presidente Comonfort y nombran, en su lugar, al general Zuloaga y, el 21 de enero de 1858, Comonfort toma un barco en Veracruz camino del exilio. El presidente de la Suprema Corte, Benito Juárez, asume la presidencia según la Ley. El 28 de marzo, después de una serie de choques, el presidente Juárez, dejando a Santos Degollado con los poderes debidos se embarcó en Manzanillo, con su gabinete, para Panamá. Juárez regresa a México en mayo y establece, en Veracruz, el gobierno constitucional mientras los estamentos militares nombran otro presidente, el general Miramón y en Veracruz, en el cuadro de la guerra civil, el gobierno liberal dicta la Ley de Nacionalización de los Bienes Eclesiásticos, el Contrato Civil del Matrimonio, la Secularización de Cementerios y la Supresión de determinadas Comunidades Religiosas. Amén de diversas reformas que sufrió la Constitución de 57 durante la época del gobierno de Porfirio Díaz, aquí hacemos referencia a tres que eran capitales para lograr dos objetivos: la consolidación de la reforma y el equilibrio de poderes. El primero de estos objetivos se obtuvo elevando en 1873, a nivel constitucional las llamadas Leyes de Reforma, y el segundo se obtuvo principalmente, restaurado el Senado y otorgándole facultad de veto al ejecutivo federal, en 1874. Estas reformas se realizaron durante el gobierno de Sebastián Lerdo de Tejada. De esta manera, se logró que el texto constitucional fuera operativo para iniciar la reconstrucción nacional después del prolongado estado de guerra civil que había sido la tónica durante los primeros cincuenta años de vida independiente. Las Leyes de Reforma, promulgadas por Benito Juárez durante su gobierno, fueron incorporadas hasta 1872 a la Constitución de 1857; estas leyes son: Ley de Nacionalización de los Bienes Eclesiásticos; Ley de Matrimonio Civil; Ley Orgánica del Registro Civil; Ley sobre el Estado Civil de las personas, decreto que declara que cesa toda intervención del clero en cementerios y camposantos, el decreto que declara qué días han de tenerse como festivos y prohíbe la asistencia oficial a las funciones de la Iglesia; la Ley sobre Libertad de Cultos, el decreto por el que quedan secularizados los hospitales y los establecimientos de beneficencia, y decreto por el que se extinguen en toda la República las comunidades religiosas. . Las Leyes de Reforma, el periodo juarista de la Reforma, la guerra histórica contra el Imperio de Maximiliano, la Restauración de la República y el Porfiriato, de 1876 a 1910, plantearon a Carranza, en 1916, la necesidad de convocar un nuevo periodo constituyente para recuperar y reformar la Constitución de 1857, conservando sus virtudes e incluyendo las exigencias sociales de la Revolución. Este macizo histórico, en nuestra historia constitucional es la base fundamental de un parteaguas en la construcción del sistema político, social, educativo y económico del México del tercer milenio. Venustiano Carranza y los revolucionarios políticos e ideológicos del siglo pasado avanzan hacia el gran acuerdo nacional, que permite dar forma y vigencia al nuevo marco jurídico e institucional de la Revolución popular y social de 1910. En este transcurrir histórico, en 1916 Venustiano Carranza logró convocar a elecciones para los nuevos diputados que integrarían un Congreso Constituyente y entregó el memorable proyecto para las reformas de la Constitución de 1857.

Por eso, nuestra Constitución actual, que se ha venido adecuando a nuevas circunstancias, no sólo es nuestra raíz y síntesis de la lucha y el pensamiento mexicano, sino que constituye nuestro proyecto de nación futura. El 5 de febrero de 1917 fue jurada nuestra Carta Magna. Se olvida, sin embargo, que Carranza al recibir el texto de la nueva Carta Magna en Querétaro, pronunció estas claras palabras: "Protesto guardar la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, expedida hoy, que reforma la del 5 de febrero de 1857". Ese "día de hoy" fue el de la clausura del Congreso, en el Teatro Iturbide de Querétaro, el miércoles 31 de enero de 1917. México tenía, en 1917, 14.6 millones de habitantes; menos que en 1910 cuando se estimaron 15.1 millones. Se perdieron millones en la crisis.

La Constitución mexicana vigente fue promulgada en la ciudad de Querétaro, el 5 de Febrero de 1917 (en la misma fecha 60 años antes, se promulgó la Constitución Federal de 1857) y entró en vigor el primero de Mayo siguiente. Su antecedente o fuente mediata, fue el movimiento político-social que surgió en nuestro país a partir 1910, que originalmente planteó terminar con la dictadura porfirista y plasmar en la Constitución el principio de la no reelección. Asesinado Madero, Victoriano Huerta (quien había ordenado ese asesinato) alcanzó en 1913 la presidencia de la República Venustiano Carranza quien se había levantado en armas en contra del asesino Huerta. Durante este movimiento armado se expidieron una serie de leyes y disposiciones reivindicadoras de las clases obrera y campesina. Estas leyes de carácter y contenido social forzaron la existencia de la nueva Constitución ya que ellas no cabrían en el texto de la Constitución de 1857, de claro corte liberal individualista. Al triunfo del movimiento, el primer jefe del Ejército Constitucionalista expidió la convocatoria para la integración del Congreso Constituyente que, a partir del primero de Diciembre de 1916, comenzó sus reuniones con tal carácter en la ciudad de Querétaro, 214 diputados propietarios, electos mediante el sistema previsto en la Constitución de 1857, para la integración de la Cámara de Diputados, conformaron este Congreso fueron clausuradas el 31 de Enero de 1917. El título con el que esta Constitución se promulgó fue: "Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos que reforma la de 5 de Febrero de 1857", lo que no significa que en 1917 no se haya dado una nueva constitución. Es una nueva Constitución, porque la llamada revolución mexicana rompió con el orden jurídico establecido por la Constitución de 1857, y porque el constituyente de 1916-1917 tuvo su origen no en la Constitución de 1857 (ya que nunca se observó el procedimiento para su reforma), sino en el movimiento político-social de 1910 que le dio a la Constitución su contenido. La Constitución mexicana de 1917 es una constitución rígida, republicana presidencial, federal, pluripartidista (aunque en realidad existe un sistema de partido predominante) y nominal (en la terminología de Lowenstein), ya que sin existir plena concordancia entre lo dispuesto por la norma constitucional y la realidad, existe la esperanza de que tal concordancia se logre. La Constitución está compuesta de 136 artículos. Como en la mayoría de las constituciones puede advertirse una parte dogmática y una parte orgánica: la parte dogmática en la que se establece la declaración de garantías individuales, comprende los primeros 28 artículos de la Constitución. Los principios esenciales de la Constitución mexicana de 1917 son los siguientes: la idea soberanía, los derechos humanos, la división de poderes, el sistema federal, el sistema representativo, la supremacía del estado sobre la Iglesia y la existencia del juicio de amparo como medio fundamental de control de la constitucionalidad. De 1921 a la fecha, la constitución ha tenido más de 400 modificaciones, lo que demuestra que, además de una rigidez teórica, ha sido muy flexible en la práctica, Las reformas hechas a nuestra constitución se han dirigido tanto al fondo como a la forma, de los preceptos en ella asentados. Algunos principios y postulados han sido totalmente modificados, otros los han sido parcialmente e incluso, se ha reformado la constitución para decir algo que gramaticalmente ya decía.

En todo caso las reformas auténticamente innovadoras constituyen la minoría, la mayoría se han debido a los caprichos del Presidente en turno y su ideología económica. Se ha afirmado con justa razón que las múltiples reformas a la constitución no son una manifestación de falta de respeto hacia la ley fundamental, antes bien evidencian que se cree en la constitución y que se le quiere mantener viva y actualizada. Es ilusorio pensar en el establecimiento o consolidación de un régimen de Derecho en México cuando las leyes inconstitucionales no son anulables por las resoluciones jurisprudenciales que declaran su inconstitucionalidad y cuando las propias resoluciones judiciales son fuente principal de incoherencia y de inseguridad jurídico-constitucional. Para ello el carácter general de la Constitución no puede ser de naturaleza inferior a las normas que la violentan, ni la jurisprudencia que rige su aplicación puede estar sujeta al arbitrio político del Congreso y a las bases de incoherencia y contradicción que resultan de su ejercicio.

Constitucionalismo Revolucionario

México se encamina de nuevo a una elección presidencial, pero en esta ocasión, no hay alternativa posible para un pueblo ensangrentado por tanta matanza, 240,000 muertos, miles de desaparecidos, miles de desplazados, miles de heridos, miles de desocupados directos debido a esta guerra imbécil, miles de afectados sicológicamente, en medio de este mar de destrucción a lo largo y lo ancho de la nación, el noreste de México ha sido el más brutalmente golpeado por estas bandas de narco-fascismo, los mexicanos que fuimos enviados al exterior con dinero público (CONACYT) para estudiar posgrados para bien de la nación, no podemos permanecer pasivos, asustados, encorvados frente a una clase política brutalmente ineficiente, autoritaria, partidizada, miedosa y corresponsable de este autentico GENOCIDO del noble pueblo mexicano, que cuando se levanta no entiende de razones y busca quien se la pague, por ello, pretendemos establecer un Programa de refundación del Constitucionalismo vigente, que se le ha impuesto una camisa de fuerza desde su origen mismo, con los Tratados de Bucareli de 1923, para no desarrollar esta nación tan llena de recursos naturales, luego esos tratados han sido renovados con el TLCAN de 1994.

Por ello proponemos a México, Estados Unidos, América Latina y España, un programa radical

1. GENOCIDIO, juzgar en cualquiera de los países de habla hispana, incluidos los Estados Unidos, a Felipe Calderón, a su Gabinete en pleno, a la Suprema Corte falsaria, a sus militares exterminadores, al Congreso frívolo, y a sus encubridores en la Casa Blanca, Barack Obama y Hillary Clinton, de crímenes de lesa humanidad. Están pendientes las matanzas de Allende y Piedras Negras en Coahuila ocurridas en su nefasto sexenio mismo que se está prolongando con peor estulticia con Peña.

2. Artículo 27 constitucional. El agua, los minerales y los hidrocarburos son de la NACION, así lo marca la Carta Magna, por lo tanto se le han hecho contra-reformas y leyes secundarias totalmente contrarias a la Nación y sus intereses. Estamos por derogar inmediatamente cualquier concesión de los elementos claves del desarrollo nacional y por demandar a Valero Energy, Halliburton, Shell y Repsol de saqueadores de nuestro recurso vital, así mismo exigimos la congelación total de los tratados de límites y aguas marítimos entre México y Estados Unidos, hasta que no se encuentre La Isla Bermeja. Con Cuba es necesario iniciar de inmediato la delimitación de los Hoyos de la Dona Orientales y cancelar unilateralmente cualquier perforación marítima sin consentimiento de México y Estados Unidos.

3. Artículo 28 constitucional. Estamos por una aplicación irrestricta del espíritu de la ley en donde se prohíben los monopolios y las prácticas monopólicas, estamos también por exigir la aplicación de impuestos en cascada a todas las empresas que han explotado su poder de monopolio y si deciden ampararse o eludir de nuevo la ley, retirarles la concesión correspondiente que es del Estado no de particulares. Estamos por confiscar 100,000 millones de dólares de la clase plutocrática cuyos dineros son malhabidos, no son del esfuerzo personal sino de las negociaciones ocultas con el corrupto presidencialismo.

4. Estamos por renovar y actualizar la Guardia Nacional. De acuerdo con la Constitución, el pueblo puede organizarse militarmente para defenderse, por ello pensamos que para detener el fascismo de las bandas narcas, el pueblo tiene que aprender del manejo de las armas para establecer permanentemente Comités de Autodefensa no podemos permitir que nos sigan masacrando impunemente.

5. IFEcracia y Partidocracia. El modelo seguido hasta el presente ha resultado inoperante para las aspiraciones populares, el Congreso tiene que ser ciudadanizado, las diputaciones plurinominales, 100 de ellas, se deben entregar a candidaturas NO Partidarias, y las restantes 100 para lideres auténticos de las comunidades mexicanas en el Exterior. El IFE/INE debe de ampliar sus funciones hacia la productividad legislativa, los diputados son de la Nación, es decir del Estado que es quien les paga, no de los Partidos, pues al llegar se convierten en Representantes de la Nación, no de mafias partidarias. La Nación debe de pagarles emolumentos de acuerdo a su productividad no en base a recomendaciones, son de los mejor pagados del mundo y de los más ineficientes. Se deben de suprimir todas las canonjías presentes, de ayudantes y asesores, estos deben de ser pagados por el Congreso y monitoreados por el INE, cualquier violación a estas reglas auténticamente nacionales, debe de ser castigado ejemplarmente en cárceles de alta seguridad para miembros corruptos, faltistas, abusivos, prepotentes, ineficientes y anti-populares. La Nación no está para seguir dilapidando estos recursos en comidas, viajes, lujos, etc. De acuerdo con la ley, el Congreso debe de ejercer su autoridad en Pemex, CFE, IMSS, ISSSTE, UNAM, etc. Y de acuerdo con los nuevos tiempos, el Congreso tiene que nombrar al Secretario de Gobernación y al Jefe de Gobierno del DF-hay que derrocar al logo CDMX, y removerlos en caso de no cumplir su función de gobernanza moderna, transparente, a tiempo y con referéndum real y efectivo. Las comparecencias de secretarios de estado no deben ser mediáticas, sino autentica rendición e cuentas frente a los representantes de la Nación.

6. Seguro de Desempleo. Dada la profundidad de la crisis actual, el Estado debe de proveer un autentico seguro de desempleo, integrado por un fondo creado exprofesamente proveniente de un impuesto especial a la Riqueza extrema, aplicado a las personas listadas en Forbes, que el Estado les expropie por función social y de seguridad nacional, el 30% de su riqueza extrema, en un sistema capitalista social como lo marca la Constitución no puede haber multimillonarios, frente a una pobreza extrema y lacerante que se está yendo fácilmente a engrosar las filas del narcotráfico.

7. Banca. Las instituciones bancarias deben de ser rigurosamente controladas para evitar la Usura Bancaria y el Lavado de Dinero. La CONDUSEF y la CNBV debe de tener plena autonomía y ejercer funciones ejecutivas y no solo conciliadoras. El Anatocismo juarista, entendido como la protección a los deudores del pago de interés sobre interés, debe de ser elevado a rango de ley, lo mismo actualizar la Ley Carranza del 16 de Septiembre de 1916, que ponía un límite a los préstamos al consumo de 20% anual. La tasa legal del 6% anual para las personas y de 9% anual para las empresas debe de estar bien regulada en la Ley de Operaciones y Títulos de Crédito, al igual que las formulas actuariales de las tarjetas de crédito.

8. Fisco. De manera URGENTE es necesario Repartir la Riqueza por medio de una Reforma Hacendaria Integral que detenga el saqueo absurdo de PEMEX, que evite la elusión y la evasión fiscal de los grandes corporativos, mediante subsidios, créditos y facilidades fiscales, mientras el pueblo trabajador y las medianas y pequeñas empresas son aterrorizadas fiscalmente, por ello proponemos que Citibank pague de manera retroactiva y a tasas de interés activas, la enorme elusión fiscal de 3,000 Millones de Dólares, que dejó de hacerlo al comprar también de forma fraudulenta BANAMEX, lo mismo sería para BBVA que dejo de pagar 1,500 millones de dólares en la compra de Bancomer. Barack Obama TENDRIA que responder por esta acción de su banco paraestatal Citibank. También proponemos que se instalen de manera inmediata impuestos en cascada sobre Utilidades Excedentes a Wal Mart, que especula sobre la alimentación del pueblo de México, a FEMSA-Cocacola por ser parte de la epidemia de la diabetes, con sus azucares refinados y a BIMBO por sus harinas refinadas, el Impuesto llamado Tobin se debe de aplicar de manera retroactiva a todos los grandes especuladores de la Bolsa Mexicana de Valores y del peso mexicano, una nueva vertiente del Tobin Tax se debe de desarrollar para detener la criminal especulación sobre la tierra urbana y semi-urbana, los conglomerados inmobiliarios que sean encontrados culpables de esta especulación deberán de entregar permanentemente un porcentaje de sus habitaciones residenciales al pueblo sin casa, el cual no lo puede transferir a nadie, es unipersonal no familiar. Un nuevo impuesto debe de aplicarse, Impuesto Verde, a todas las empresas contaminantes, sean públicas o privadas. La distribución del ingreso fiscal hacia la Republica debe de terminarse con el ignominioso 80-20-20 que en realidad es que el reparto genera un neocolonialismo fiscal con 80% hacia el Centro, 16% para los estados y tan solo 4% para los municipios, esto debe de concluir YA. Somos seguidores de Don Miguel Ramos Arizpe, que desde las Cortes de Cádiz, planteaba la autonomía fiscal de las localidades y cuyo Municipio Libre todavía no lo hemos visto en realidad hasta que las localidades de acuerdo con el artículo 115 constitucional que debe ser reglamentado de tal forma que cobre los impuestos al consumo y los distribuya de la siguiente forma 60% para la localidad, 20% para el Estado y 20% para la Federación. El impuesto sobre autos nuevos (ISAN) debe de ser derogado, lo mismo el impuesto sobre las gasolinas (IEPS), los impuestos sobre los Aguinaldos y las Herencias, la tenencia automotriz, en general son impuestos regresivos porque golpean fuertemente a las familias y deben de ser sustituidos por impuestos progresivos que graven directamente el ingreso y a la riqueza, el ISR no debe de detenerse en 30% sino de acuerdo al ingreso debe de irse acelerando duramente para evitar la concentración de la riqueza, el medidor es el coeficiente de Gini, el cual en los años 70s del Nacionalismo Económico era de 0.48, ya de por si muy concentrado, pero en las épocas actuales es de 0.58 o sea que la concentración de la riqueza se ha acelerado profundamente y ya es tiempo de parar este deterioro, que pone en riesgo la propia sobrevivencia de la Nación.

9. Educación. Lo primero que estamos pidiendo es la desaparición del ignominioso SNTE, la universalización de la UNAM y el IPN, como instituciones superiores estatales de educación, no localizadas y centralizadas en el Valle de México. La educación en línea para apoyar a nuestras grandes comunidades en el exterior. Profesorado de Tiempo Completo en todos los campus, evitar el sindicalismo “charro” que aunque tenga tintes “rojos” son un obstáculo para del desarrollo educativo, los sistemas curriculares deben de actualizarse y flexibilizarse para poder tomar materias optativas en otras facultades, pues el sistema universitario está totalmente feudalizado en escuelas, facultades e institutos de investigación llenos de momias sagradas pero que no están directamente en discusión con las nuevas generaciones que exigen amplitudes de criterios y de discusiones de temas actuales como el narcotráfico, el lavado de dinero, la usura bancaria, la especulación financiera y monetaria, el crimen financiero en toda su extensión, México ha sufrido como ningún otro país occidental, de un masivo exterminio de empresas y hombres y mujeres de empresa, con el FOBAPROA, los PIDIREGAS, la privatización de los fondos de pensiones (AFORES), todo para beneficio de verdaderos Macrosicarios financieros y de grandes corredurías como Goldman Sachs, Merrill Lynch, Stanford, Banca Rotschild, Carlyle, etc que están como sanguijuelas depredando nuestros recursos, nuestras empresas y nuestra población. Solo con educación moderna y actualizada podemos combatir todas las desviaciones del Capitalismo Financiero. Becas, becas y mas becas deben de estar accesibles a toda esa juventud deseosa de globalizarse y de aprender lo más que pueda para beneficio de México y no de sus clases parasitarias que abundan por todos lados, solo la educación nos hará verdaderamente libres y soberanos.

10. Constitucionalismo Revolucionario. Nació en Coahuila y de ahí se expandió como reguero de pólvora a todo México, pero a nuestro hombres Francisco Madero, Venustiano Carranza, Cesáreo Castro, Francisco Murguía, Lucio Blanco, nos los mató la ambición y la ignorancia y venalidad del poder central subimperial, primero dependiente de Madrid y luego de Washington, por ello, como ejemplo, debemos de concentrarnos en una empresa local, Altos Hornos de México (AHMSA) el mayor complejo siderúrgico de México y América Latina, entregado fraudulentamente por Carlos Salinas de Gortari a su prestanombres Alonso Ancira y con aval del Banco Mundial. Exigimos al pueblo de México, al de América Latina, al de Estados Unidos y al de España, su apoyo para regresar esa empresa, que nació con dinero del Estado, a sus auténticos dueños, la clase trabajadora, y al Gobierno de México, su autentico depositario.

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