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3 años, 54 mil homicidios; y no mejora: 2015, el año más violento en lo que va del sexenio

“México es un cementerio…”: obispo de Tehuantepec

PEDRO MATÍAS
28 DE ENERO DE 2016
PROCESO

Arturo Lona Reyes, obispo emérito de la Diócesis de Tehuantepec.
Foto: Jacciel Morales

OAXACA, Oax. (apro).- El obispo emérito de Tehuantepec, Arturo Lona Reyes, declaró que “México ya es un cementerio”, que los gobiernos atizan conflictos sociales y sólo actúan cuando hay sangre y muertos, como en el caso de los Chimalapas, donde “hasta que les llegó la lumbre a los aparejos intervinieron”.

El líder religioso cuestionó a los gobiernos de Enrique Peña Nieto, Gabino Cué de Oaxaca y Manuel Velasco Coello de Chiapas, así como a los ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) por ser “incapaces” de atender la invasión de 40 mil hectáreas en el territorio de los Chimalapas por parte de ganaderos chiapanecos y habitantes veracruzanos.

Por lo pronto, la asamblea comunitaria de San Francisco La Paz, perteneciente a Santa María Chimalapa, determinó hoy entregar a la Fiscalía de Justicia a Leonardo Juan Zárate y David Vega Guerrero, los dos últimos invasores retenidos desde el pasado 24 de diciembre, con el compromiso de que serán encarcelados y les devolverán las hectáreas invadidas. El segundo está acusado de ser el promotor de invadir la zona de San Isidro La Gringa.

“Hemos visto que finalmente, luego de la intervención de la Subsecretaría de Derechos Humanos de Gobernación, poco a poco se ha ido avanzando en acuerdos en pro de la solución justa que estamos exigiendo desde febrero de 2014, en relación a desalojar todas las invasiones y re invasiones en San Isidro La Gringa, recuperada a favor de Santa María Chimalapa desde septiembre de 1994”, explicaron los participantes.

“Dentro de nuestra visión de justicia como indígenas, consideramos justo que conforme se vayan dando pasos positivos de su lado, como prueba en los hechos de la buena fe, nosotros daremos igual pasos en el sentido de nuestra palabra empeñada. Por tal motivo, esperamos de su parte como fiscalía y de parte del gobierno de Oaxaca, el siguiente paso que debe ser el desalojo total de los invasores”, finalizaron.

Tras esta decisión, el fiscal Héctor Joaquín Carrillo Ruiz envió a la zona un helicóptero al mediodía para recibir a los presuntos responsables.

Dignidad contra indiferencia

Participante en la caravana de observación civil y solidaridad con los Chimalapas, el obispo Lona Reyes resaltó la dignidad de los indígenas zoques que luchan por defender sus tierras, mientras que los gobiernos actúan “hasta que les llega la lumbre a los aparejos”. Criticó que en este caso intervinieron hasta que fueron retenidos cuatro invasores y amagaron con desalojar a quienes destruyen la selva.

La situación es preocupante, dijo, porque antes las invasiones sólo provenían de gente de Chiapas, pero ahora también son de Veracruz, lo que ha alertado a los municipios de Santa María y San Miguel Chimalapa para defender su territorio. Y es que, agregó, el gobierno de Oaxaca “no vela por su soberanía”.

Pese a que el caso ya se encuentra en la SCJN desde hace más de tres años porque el gobierno de Chiapas creó dos municipios en territorio oaxaqueño, no ha habido ninguna resolución.

Desde febrero del 2015 se incrementaron las invasiones, pero no fue hasta la retención de cuatro invasores que las autoridades federales y estatales voltearon sus ojos al conflicto.

Otra situación que preocupa al obispo emérito de Tehuantepec, Arturo Lona Reyes, es la escasez de alimentos básicos para casi mil personas pues dijo que ya se terminaron las reservas:

“Imagínese que el banquete para el obispo fue un taco con sal, no había más. ¿Y los niños, los ancianos, los enfermos qué?”, dijo.

El sacerdote informó que hoy se reunió con el secretario general de Gobierno, Carlos Santiago Carrasco, para exponerle esta situación. Según su versión, éste se comprometió a enviar una ambulancia y medicamentos.

En tanto, el funcionario estatal expuso los resultados del operativo realizado en días anteriores por la Procuraduría General de la República (PGR) y la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (Profepa). Destacó que se documentaron las afectaciones denunciadas por los zoques.

Durante el encuentro también acordaron dar seguimiento a las acciones programadas y brindar atención a las denuncias existentes por probable despojo del territorio de Chimalapa interpuesta por los pueblos y comunidades de la zona.

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Por Redacción / Sin Embargo enero 21, 2016 – 13:00h 0 Comentarios

En tres años de la presente administración, el Gobierno federal ha reportado 54 mil 421 asesinatos. Las entidades que concentraron los homicidios en 2015 fueron: el Estado de México, con 2 mil 303 casos, y Guerrero, con 2 mil 16. En un año el Edomex reportó 25 casos más, mientras que Guerrero contabilizó 502 homicidios dolosos más.

El Estado de México fue la entidad más violenta de 2015. Foto: Cuartoscuro.

Ciudad de México, 21 de enero (SinEmbargo).– El 2015 es hasta ahora el año más violento del gobierno de Enrique Peña Nieto con 18 mil 650 casos registrados por el Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SESNSP) en su Informe de víctimas de homicidio, secuestro y extorsión 2015.

En tres años de la presente administración, el Gobierno federal ha reportado 54 mil 421 asesinatos.

La suma del año pasado es mayor a la de 2014, cuando las autoridades contabilizaron 17 mil 324 homicidios dolosos, y a la de 2013, año en el que ocurrieron 18 mil 447 de estos asesinatos, según las cifras oficiales.

De acuerdo con los datos difundidos, las entidades que concentraron estos homicidios en 2015 fueron: el Estado de México, con 2 mil 303 casos, y Guerrero, con 2 mil 16. En un año el Edomex reportó 25 casos más, mientras que Guerrero contabilizó 502 homicidios dolosos más.

Detrás de estos dos estados se encuentran Chihuahua (mil 151), Jalisco (mil 149), Sinaloa (993), Guanajuato (975), Michoacán (943), Baja California (906) y el Distrito Federal (901).

En el tema de secuestros, el Secretario Ejecutivo informó sobre una disminución en los casos con mil 306 casos contabilizados el año pasado, 534 menos a los de 2014.

Por estado, los de mayor incidencia fueron: Tamaulipas (327), Estado de México (187), Veracruz (116) y Guerrero (110).

El Gobierno federal también reportó una baja en los casos de extorsión. Refirió que este delito pasó de 6 mil 155 casos en 2014 a 5 mil 262 en 2015.

Las entidades que más casos registraron de este ilícito fueron en 2015: Jalisco (882), Estado de México (662), Distrito Federal (639) y Nuevo León (533).

VIOLENCIA Y ESPERANZA DE VIDA

Un estudio publicado recientemente en la revista estadounidense Health Affairsrefirió que la violencia vinculada al crimen organizado en México llegó a cuotas tan altas que aparentemente provocó un descenso en la esperanza de vida de los hombres.

Aunque este descenso sólo ha sido de varios meses y no afecta a las mujeres, los expertos aseguran que rompe la tendencia al alza registrada en el país desde la Revolución Mexicana (1910-1917).

Según el autor del informe, la esperanza de vida de los hombres mexicanos bajó en seis décimas partes de año, es decir casi siete meses y medio, del año 2000 al 2010, descenso que se produjo principalmente en la segunda mitad de la década.

En 2010, según datos oficiales, la media de vida para los mexicanos se situaba en 77 años para las mujeres y 71 para los hombres.

La gran ofensiva de México contra los cárteles de la droga comenzó en 2006 y la tasa de homicidios pasó de 9.5 por 100 mil habitantes en 2005 a más de 22 en 2010.

“El nivel de homicidios sin precedentes a partir de 2005 hizo que la tendencia de aumento en la esperanza de vida se revirtiera en los hombres y se ralentizara en las mujeres en la mayoría de los estados”, indica el estudio de José Manuel Aburto de la Escuela de Demografía Doctoral Europea; Hiram Beltrán Sánchez, de la Universidad de California-Los Angeles; y dos autores más.

La investigación muestra que en cinco estados (Chihuahua, Sinaloa, Durango, Guerrero y Nayarit) los hombres perdieron una media de un año de esperanza de vida entre 2005 y 2010, mientras que en el estado fronterizo de Chihuahua el descenso fue alarmante y llegó a los 3 años.

“La tasa de mortalidad de los hombres en Chihuahua entre 20 y 39 años en el periodo 2005-2010 alcanzó niveles sin precedentes”, indica el estudio. “Fue casi 3.1 veces más alta que la tasa de mortalidad de las tropas estadounidenses en Irak de marzo de 2003 a noviembre de 2006″.

El estudio muestra también que hay diez veces más posibilidades de que los hombres sean los más afectados por los asesinatos vinculados al crimen organizado y que los maten en ejecuciones, tiroteos o guerras fratricidas entre los propios cárteles.

-Con información de The Associated Press

Coahuila tuvo su Ayotzinapa

Juan Alberto Cedillo
19 de diciembre de 2014
Reportaje Especial

Casas de Allende, Coahuila destruidas por los Zetas.
Foto: Víctor Hugo Valdivia

En 2011 un comando zeta atacó un municipio coahuilense: buscaba a dos supuestos traidores. Como no los halló, decidió secuestrar a unas 50 personas. Algunas fueron asesinadas, pero el destino de la mayoría aún se desconoce. El Ejército permitió el paso del convoy, la PGR supuestamente filtró información a Los Zetas y los policías municipales fueron los “guías” de los pistoleros –un caso que recuerda al de Ayotzinapa, en Guerrero. Así se explica que el hecho se haya mantenido oculto más de dos años y que a la fecha sólo se hayan emitido cuatro órdenes de aprehensión.

ALLENDE, COAH. (Proceso).- Más de tres años después del ataque perpetrado el 18 de marzo de 2011 en Allende y el norte de Coahuila, la Procuraduría de Justicia estatal liberó cuatro órdenes de aprehensión, dos de ellas contra policías municipales –de los 40 que protegieron a los criminales.

Mientras, el gobierno federal mantiene silencio sobre esos asesinatos, que se ordenaron desde un lujoso rancho ubicado en las inmediaciones del kilómetro 13 de la carretera Villa Unión-Guerrero, el cual fue el centro de operaciones del excabo de infantería Heriberto Lazcano Lazcano El Lazca y Omar Alejandro Treviño Morales El Z-42, otrora líderes de Los Zetas.

Al presentar en conferencia de prensa los avances en la averiguación sobre el ataque que perpetraron Los Zetas en la región conocida como Cinco Manantiales, el procurador estatal, Homero Ramos Gloria, recordó que, en enero de este año, se realizó un operativo de búsqueda en el cual participaron más de 250 militares, policías estatales, federales y forenses.

Se revisaron los municipios de Guerrero, Allende, Zaragoza, Morelos, Nava, Piedras Negras, Acuña, Jiménez, Hidalgo, Monclova y Sacramento, en donde localizaron al menos tres “narcococinas”, de donde fueron recolectados restos humanos.

Aseguró que las evidencias reunidas sólo en ese despliegue apuntan al secuestro de 28 personas. Se tiene la certeza de que 11 fueron asesinadas, dijo, y de las otras 17 se desconoce su paradero.

En general, además, “la Procuraduría de Justicia de Coahuila ha localizado en el norte de Coahuila 3 mil 450 indicios óseos, de los cuales 2 mil 977 de ellos no es posible (sic) determinar su origen ni obtener el ADN por su grado de calcinación”, informó. Los 473 restantes son analizados para obtener su ADN, “y los resultados sin duda contribuirán en el esclarecimiento de los hechos”, agregó Ramos Gloria.

Horas más tarde, el procurador compareció ante el Congreso estatal y ahí cambió su versión sobre el número de víctimas. A los diputados les comentó que pueden ser más de 50 fallecidos tan sólo en Allende.

Cualquiera de esas cifras contrasta con las que manejan el actual alcalde allendense y las organizaciones de familiares de víctimas: “En total son aproximadamente 300 desaparecidos, pero no se descarta que sean un poquito más”, comenta el presidente municipal Reynaldo Tapia.

La Asociación de Familias Unidas en la Búsqueda y Localización de Personas Desaparecidas, en tanto, ha abierto 88 expedientes de menores y jóvenes que quedaron huérfanos debido a la violencia en aquella zona.

El secretario de Gobierno de Coahuila, Armando Luna Canales, asienta que la Procuraduría local tiene alrededor de 55 denuncias por personas desaparecidas en Allende. Algunas de ellas implican el secuestro de familias completas: “Partimos de que hay un derecho a la verdad y eso implica que investigamos a fondo”.

Durante su rueda de prensa, Ramos Gloria confirmó los hechos que ha documentado Proceso desde diciembre de 2012:

“La tarde noche del 18 de marzo de 2011 arribó a diversos domicilios de los municipios de Allende y Piedras Negras, Coahuila, un número no determinado de sujetos armados”, dijo. Las investigaciones han revelado que los sicarios provenían de Tamaulipas, llegaron en más de 40 camionetas y fueron apoyados y protegidos por los 40 policías municipales de Allende.

“Su objetivo era localizar y privar de la libertad a una persona que realizaba operaciones financieras con recursos cuya procedencia se atribuye a actividades de un grupo de la delincuencia organizada y con quien los miembros de éste habrían tenido un desacuerdo.

“Al no ser ubicado en los domicilios registrados, el grupo armado privó de la libertad –con el objetivo de causarles un daño o perjuicio– a diversos familiares cercanos de esta persona y, junto con ellos, a sus trabajadores, así como a civiles que tenían –o que quienes ejecutaron la orden asumieron que tenían– alguna relación con quien buscaban.”

En realidad el comando buscada a dos varones: se trataba de los capos de Allende, Héctor Moreno y José Luis Garza Gaytán, quienes provenían de familias adineradas y presuntamente lavaban las ganancias del narco mediante carreras de caballos cuarto de milla para Miguel Ángel Treviño El Z-40.

El procurador dijo que el grupo armado “vandalizó y dañó las viviendas que eran habitadas por familiares de Moreno y Gaytán. Derivado del censo llevado a cabo en Allende se sabe que fueron 48 las viviendas destruidas por el grupo armado y posteriormente saqueadas”.

Semanas antes, los gatilleros ya habían destruido 27 casas y departamentos en Piedras Negras, propiedad del “contador” Alfonso Cuéllar, quien huyó a Estados Unidos y fue imitado por Héctor Moreno y José Luis Garza.

Según las indagatorias, Moreno se llevó entre 5 y 8 millones de dólares de ganancias del tráfico de drogas. En Estados Unidos, él y Gaytán se entregaron a las autoridades y ahora son “testigos protegidos”. Cuéllar también fue detenido en Dallas. Los tres operadores de Los Zetas tienen orden de aprehensión vigente en Coahuila.

Ramos Gloria destacó que, hasta ahora, se han liberado únicamente cuatro órdenes de aprehensión: dos contra exelementos de la Policía Municipal (María Guadalupe Ávalos Orozco y Jesús Alejandro Bernal Guerrero) y dos contra supuestos miembros de Los Zetas (Fernando Ríos Bustos y Germán Zaragoza Sánchez).

“De estos avances se dará vista a las autoridades federales para que en el ámbito de su competencia ejerzan la facultad de atracción y procedan a la investigación” concluyó el procurador.

El castillo de la impureza

El ataque en Allende se organizó desde un lujoso rancho propiedad de Heriberto Lazcano. Desde ahí también se trazaron nuevas ruta del narcotráfico y se diseñaron las estrategias de la guerra contra el Cártel del Golfo y las huestes del Chapo Guzmán, exjefe del Cártel de Sinaloa.

Lazcano habitó ese rancho a partir de 2010. También lo usó Omar Treviño Morales. La vivienda de estilo californiano está decorada con fina madera y lujosos detalles. El interior destaca por su elegancia y diseño sobrio.

El predio cuenta con caballerizas, corrales, amplias residencias, bodegas, juegos infantiles, casa de muñecas y un pequeño lago artificial, donde habitaron cocodrilos y ahora luce seco.

El espacio contrasta con otros “narcorranchos” incautados en Tamaulipas, Michoacán o Sinaloa, los cuales se distinguen por una decoración abigarrada.

Fuentes de la Cuarta Región Militar confirman que el mandamás de Los Zetas operó en este sitio a partir de los primeros meses de 2010. Lazcano lo escogió por su ubicación: está cerca de carreteras solitarias que en pocos minutos llevan a la frontera con Texas. Las conexiones incluyen ciudades de Coahuila, Tamaulipas y Nuevo León. Además, está rodeado de decenas de brechas para escapar a regiones serranas.

La élite de Los Zetas abandonó Tamaulipas y se refugió en Coahuila a finales de febrero de 2010, cuando se separaron del Cártel del Golfo y comenzó una narcoguerra entre ambas organizaciones.

El auge de Los Zetas ocurrió bajo la administración del gobernador Humberto Moreira. Desde 2007 ese grupo comenzó a controlar las principales ciudades del estado: Saltillo, la capital; la estratégica Piedras Negras; Ciudad Acuña; Monclova, y la zona metropolitana de Torreón.

El zeta Mario Alfonso Cuéllar, segundo al mando en Piedras Negras, contó a las autoridades estadunidenses que Los Zetas cambiaron a la frontera de Coahuila el contrabando de droga que anteriormente realizaban por Tamaulipas. Especificó que metían a Estados Unidos entre 800 y mil kilos de cocaína al mes por Piedras Negras, ciudad fronteriza que continúan controlando y donde recientemente se ­reunieron los capos de cuatro organizaciones delictivas para acordar una alianza.

Desde 2008 Omar Treviño fue designado jefe de la región norte de Coahuila y era quien operaba el trasiego de drogas a través de Piedras Negras.

Poncho Cuéllar contó que tenían compradas a todas las autoridades: “A la policía se le paga una cuota para que trabaje para Los Zetas, lo mismo al Ejército y altos funcionarios del gobierno”, confesó.

En Coahuila, Lazcano incursionó en el negocio de las minas de carbón, que vendía a través de empresarios de la industria acerera. Incluso consiguió contratos con el gobierno de Moreira, los cuales salieron a relucir en el juicio que se le sigue en San Antonio al ex tesorero estatal Javier Villarreal.

Lazcano debió abandonar su lujoso rancho en 2011 y refugiarse en Monclova, cuando efectivos de la Séptima Zona Militar lo intentaron capturar. La Secretaría de la Defensa jamás informó sobre el fallido operativo y en el sitio únicamente quedaron las huellas de la batalla.

En Monclova, el 23 de abril de 2012, Lazcano volvió a escapar de los militares, pero finalmente fue abatido por marinos la tarde del 7 de octubre de 2012 en Progreso, gracias a una delación de miembros de su cártel.

A ocultar los hechos

La masacre y secuestro colectivo que perpetraron Los Zetas en Allende contó con la complacencia y complicidad de varias autoridades: Las municipales, que proporcionaron a los sicarios la ubicación de residencias de integrantes de las familias Moreno Villanueva y Garza Gaytán; efectivos del Ejército que vigilaban la región –apostados en la garita del kilómetro 53 de la carretera 57– y que dejaron pasar a decenas de camionetas provenientes de Tamaulipas con hombres armados, y las autoridades estatales y federales, que mantuvieron ocultos los crímenes por cerca de dos años.

Además, y de acuerdo con fuentes allegadas al caso, los asesinatos fueron inducidos por altos mandos de la Procuraduría General de la República (PGR), que supuestamente filtraron a Treviño Morales información proporcionada a esa dependencia por la DEA, la cual precisaba que los capos de Allende estaban traicionando al líder zeta.

Los sicarios encabezados por el lugarteniente tamaulipeco Comandante Flacaman levantaron a familiares de Moreno y Villanueva y a decenas de personas. Los llevaron a un rancho propiedad de la familia Garza Gaytán, ubicado en el kilómetro siete de la carretera Allende-Villa Unión, donde fueron ejecutados e incinerados. A diferencia de lo que supuestamente ocurrió en Cocula, Guerrero, con 43 normalistas, los sicarios estuvieron trabajando varios días para desaparecer los cadáveres, los cuales se metieron en barriles y fueron incinerados con diésel y aceites. En el rancho aún se pueden ver decenas de envases de combustibles comprados a distribuidores de Pemex.

Esos delitos fueron denunciados por los familiares de las víctimas y quedaron registrados en la denuncia penal CEIYCS/012/2011 de la Procuraduría de Justicia de Coahuila. Sin embargo, el entonces procurador Jesús Torres Charles se lavó las manos y, argumentando que eran “delitos de orden federal”, se limitó a mandar la denuncia a Patricia Bugarín Gutiérrez, titular de la ahora llamada Subprocuraduría Especializada en Investigación de Delincuencia Organizada (SEIDO).

Para conocer el contenido de ese documento, el diputado local del PAN Edmundo Gómez Garza solicitó una copia al procurador federal, Jesús Murillo Karam. La PGR respondió que entre sus archivos no existe ese papel.

“Se ha informado que en esta institución se recibió el expediente relativo a los sucesos trágicos ocurridos en el municipio de Allende (…). Con fundamento en los artículos 1, 6, 8, 21 y 102 apartado A de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, se solicitó la búsqueda de la información en la Unidad Especializada adscrita a esta Subsecretaría, misma que indicaron que no encontraron registro alguno de lo antes descrito”, respondió la PGR a la petición del diputado.

Gómez Garza también envió una misiva a la Comisión Nacional de los Derechos Humanos preguntando por qué no investigaron los hechos. La respuesta del organismo que presidía Raúl Plascencia Villanueva fue: es un asunto de carácter local.

El exómbudsman incluso se negó a hablar sobre los crímenes cuando acudió a Saltillo para participar en un acto sobre desaparecidos. Fue hasta septiembre de 2014 que el entonces titular de la CNDH aseguró que ya estaban “investigando el caso de Allende”, es decir, más de tres años después de la tragedia.

LA MATANZA EN MÉXICO ES UNA “EPIDEMIA”: DEMÓGRAFOS DE UCLA

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Por Sergio Rincón enero 19, 2016 – 00:05h 16 Comentarios

La ola de homicidios en México y la disminución en la esperanza de vida es apenas la punta del iceberg en el conflicto militarizado que surgió con la llamada “guerra contra el narco”. Expertos en demografía aseguran que las muertes por violencia ya son un epidemia, la cual no ha sido contenida por el Estado.

Movilización policiaca por un ejecutado en un estacionamiento de Culiacán. Foto: Rashide Frías, Cuartoscuro

Ciudad de México, 19 de enero (SinEmbargo).– La “epidemia” de homicidios en México y la reducción de la esperanza de vida, evidencian una falta de acción por parte del Estado y son el resultado de una expansión sangrienta que avanza de forma paralela a los grupos del crimen organizado; lo peor es que las muertes violentas son apenas “la punta del iceberg”, afirmaron demógrafos de la Universidad de California en Los Ángeles (UCLA) y del Colegio de México (Colmex)

La primera semana de enero, la revista especializada Health Affairs publicó parte de un estudio titulado Homicides In Mexico Reversed Life Expectancy Gains For Men And Slowed Them For Women, 2000–10(Los homicidios en México han revertido la expectativa de vida para los hombres y desacelerado la de las mujeres, 2000-10), que describe que el incremento de homicidios es una de las razones de la reducción en la esperanza de vida de los mexicanos, la cual bajó de 72.5 años a 72, en el caso de los hombres, durante el periodo de 2005 a 2010. Para las mujeres, el promedio de años de vida es de 77.

SinEmbargo entrevistó a dos de los autores de la investigación. Ambos coincidieron que se trata de “una epidemia” que debe ser contenida o de lo contrario, como cualquier enfermedad, seguirá avanzando y dañará, irremediablemente, el tejido social.

Por otra parte, consideraron que los cálculos son cotas mínimas, pues no se contemplaron los homicidios no reportados o los de la llamada “lista negra”. Por eso aseveraron que la situación real es mucho peor. Además opinaron que el problema de la violencia es multifactorial y lo que ellos han estudiado –los homicidios– es sólo un indicador, pero falta saber más sobre desapariciones o migración, por ejemplo.

Victor Manuel García Guerrero, profesor e investigador del Colegio de México (Colmex), detalló que después de mediados del siglo XX y con el crecimiento del sector salud, la esperanza de vida creció un año por cada 12 meses; sin embargo, iniciado el nuevo milenio hubo un estancamiento. Ya con los resultados del censo de 2010 se determinó que no sólo no hubo un estancamiento sino una disminución.

–La esperanza de vida bajo de 72.5 a 72 años, ¿qué tan grave es ese 0.5? –se le preguntó a García Guerrero.

–Veníamos creciendo un año por año, luego nos detuvimos [en el 2000]; en 2005 avanzamos punto cinco, pero luego lo perdimos y nos volvimos a quedar en 72. Entonces, disminuir 0.5, que no parece mucho, representó estancarnos 10 años. Ahorita podríamos estar con las mimas esperanzas de vida de los países de la OCDE [Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos], podríamos alcanzar los 79. Pero ni siquiera sabemos cuándo va a parar esto [la violencia]. En países de guerra, por ejemplo Irak, tienen estancamiento pero de dos años –y se recuperan–, nosotros ya perdimos al menos cinco años. Nosotros esperamos que cuando esto termine haya una recuperación, porque no es como la diabetes, que la contención se verá al largo plazo; si los homicidios paran, las causas que están contribuyendo favorablemente [como los nacimientos o la atención de enfermedades], aumentará la esperanza de vida.

–¿Qué pasó?

–Ibamos a un buen ritmo, pero luego nos quedamos en 72, pero hay chance de crecer, hay países que llegan a 80 años, ¿por qué México no puede llegar a esos números cuando hay acciones para tener acceso universal a la salud? Porque incluso se ha invertido para disminuir el daño catastrófico de algunas enfermedades -como la diabetes mellitus-. ¿Qué pasó? En este contexto hay una política de Estado que está caminado en sentido contrario a otra política de Estado [hace referencia a la estrategia contra el crimen y al sector salud].

–¿Es lo correcto decir que estos homicidios son una epidemia?

–Sí. De hecho por eso ésta y otras investigaciones relacionadas que hemos hecho han salido en revistas especializadas en salud y epidemiología. A final de cuentas la violencia y los homicidios se pueden ver como así, porque si no se controla, si no hay políticas de Estado, se agrava. Por ejemplo, en 2009 con el virus de la influenza hubo una actuación del Estado. Lo mismo pasa con la violencia y los homicidios: si no hay un control, pues ésta se va a ir expandiendo. Lo podemos ver, perfectamente, como un cáncer.

–¿El Estado ha respondido a esta epidemia?

–No tengo yo los datos científicos y no me atrevería a decir eso –desde la ciencia– porque no lo he estudiado. Pero en el día a día, que es lo que vivimos, considero que no. Yo creo que no se ha combatido lo más importante que es la corrupción y la impunidad. Combatiendo eso, se empezarían a blindar las instituciones. Y hablo del Estado en todo su contexto [incluyendo a la población]. Porque el problema de México es que nos acostumbramos muy fácilmente. Nos adaptamos muy rápido a esta situación y no hay respuesta ciudadana, que tal vez sea la única alternativa que queda para que el Gobierno reaccione. El problema es tan multifactorial que se necesita mucho.

–Pero los propios números demuestran que la epidemia no se ha contenido.

–Correcto. Éste es un indicador, y con este solo indicador, que es muy importante, vemos que el Estado no nos está protegiendo. Estamos muriendo de eso [la violencia]. En lugar de estar enfocándose en destinar todos los recursos en curar la diabetes –que en 2014 comenzó el control del azúcar–, en lugar de hacer tanta investigación en pocas enfermedades en medio de una guerra, debería atender otras cosas más importantes.

–¿Hay más muertos por violencia que por la diabetes?

–Sí, pero depende de selectividad, porque están en distintas edades. La medida poblacional está más centrada en edades jóvenes, entre ellos las muertes por homicidio, y la diabetes está centrada en edades mayores. Porque además no te mueres de diabetes inmediatamente.

–Los datos de la Secretaría de Salud y Secretariado apuntan que los jóvenes son los más afectados por la violencia, ¿es cierto?

–Sí porque la pirámide poblacional está más centrada en edades jóvenes. Los muertos por homicidio están en ese segmento. La edad media de la población de acuerdo con un dato inter-censal está entre 33 años, que es la edad productiva. Y esto nos lleva a un tema, que es el bono demográfico, que significa la capacidad que tiene el Estado para capitalizar a edades productivas; con empleo, educación, salud… que es lo que hizo Finlandia, que hoy tiene una población grande, pero tiene una buena esperanza de vida.

–O sea, si no se atiende a esta población joven, ¿habrá problemas en el futuro?

–Sí. Según las proyecciones que hicimos, estamos llegando al límite. Y para mediados de la próxima década, si no hacemos algo [en trabajo, educación y salud], se acabará esta oportunidad. El Estado tiene menos de 10 años para fortalecer las instituciones y capitalizar a los jóvenes. Si no se hace nada, todo terminará en un pagaré demográfico, donde habrá una población vieja. El triángulo de población joven se va a voltear.

Los autores de la investigación –José Manuel Aburto, Hiram Beltrán Sánchez, Victor Manuel García Guerrero y Vladimir Cañudas Romo– analizaron un registro de muertes de entre el 2000 y el 2010 en los 31 estados de México y el Distrito Federal y luego se preguntaron la razón de la caída en la esperanza de vida, fue así cómo fueron armonizando la información disponible, la cual apuntó que se debió a las muertes violentas.

El análisis se centró exclusivamente en las muertes de personas de 75 años o menos, ya que, según los investigadores, los datos son más fiables a edades más tempranas, y esas muertes fueron responsables de la mayor parte del cambio en la esperanza de vida entre 2000 y 2010.

Hiram Beltrán Sánchez, profesor-investigador en el Centro de Salud comunitaria de la Escuela de Salud Pública y del Centro de Estudios de Población de la Universidad de California en Los Ángeles (UCLA), detalló que si bien el estudio no apunta a los cárteles de la droga como los principales responsables, se muestra que de 2005 a 2010 la ola de homicidios fue más sangrienta en los estados donde operan esos grupos. Tal es el caso de Sonora, Sinaloa, Chihuahua, entre otros.

“No tenemos los datos contundentes para ligar los homicidios con esos hechos, porque no existe esa información, pero los estados que perdieron más esperanza de vida son donde hubo narcotráfico y operaciones militares. Y entonces vemos que la relación es bastante directa, por ahí”, comentó el académico de la UCLA.

Respecto a los homicidios de 2010 a 2015, Beltrán Sánches refirió que de acuerdo con los datos disponibles y no completos, se puede ver una ligera disminución.

“Los datos más recientes que he visto son de 2014, los cuales referían que había 18 muertes violentas por cada 100 mil habitantes. A pesar que es menor, no ha bajado mucho, en comparación con las 22 muertes de 2010. Es decir, no es una disminución importante si consideramos que en el 2005 teníamos la mitad de los homicidios. Aunque vemos una disminución, no podemos decir que las cosas han mejorado, porque incluso tenemos más del doble de homicidios de los que teníamos antes que iniciara este conflicto militarizado”, comentó Hiram Beltrán Sánchez.

Respecto al nuevo mapa de homicidios, los dos investigadores aseguraron que 2010 a 2015 el panorama cambió, conforme se movilizaron los grupos armados, tal fue el caso de Morelos, Michoacán, Guerrero, donde bajó la esperanza de vida.

“La violencia se movió a otros estados y especialmente a estados relativamente pequeños, como es el caso de Morelos, el cual no figuraba”, detalló Beltrán Sánchez.

A pesar de los problemas que existen en el sector salud, los demógrafos aseguraron que si se garantiza el acceso universal y se implementan acciones para seguir manteniendo a la baja los índices de homicidios, en el futuro México podrá “salir del bache” y podrá aumentar su esperanza de vida.

Las 10 matanzas que han conmocionado a México

Sáb, 11/01/2014 – 03:00

Por:

Crédito:

DAVID BARRÓN

EL PAÍS HA SIDO ESCENARIO DE DIVERSOS EVENTOS CON UN FINAL RUDO; MUERTES, DESAPARICIONES Y DECENAS DE HERIDOS Y EN LA MAYORÍA DE ELLOS AÚN REINA LA IMPUNIDAD

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La desaparición, el pasado 26 de septiembre, de 43 normalistas ha conmocionado a los mexicanos, que están hartos del clima de violencia que lleva instalado en el país desde hace décadas. Y es que, la matanza de seis personas en Iguala y la desaparición de 43 estudiantes normalistas, así como los sucesos de Tlatlaya, recuerda a otros asesinatos en masa que sucedieron en el país.

México ha sido escenario de diversas protestas, movimientos y eventos con un final rudo; muertes, desapariciones y decenas de heridos y en la mayoría de ellos aún reina la impunidad y la falta de castigo.

En este cronología se muestran las más representativas:

1 Cananea, Sonora, 1906.- Veintitrés muertos y cerca de veinticinco heridos fue el saldo del enfrentamiento entre obreros huelguistas y comandos norteamericanos, que fueron traídos por las empresas mineras y el gobernador del Estado, para apaciguar el movimiento iniciado con motivo de una manifestación obrera que se organizó para pedir a las mineras jornadas de ocho horas de trabajo y un salario mínimo de cinco pesos diarios.

2 Guerrero 1960.- Guerrero lamento la muerte de más de 20 estudiantes, que intentaban el derrcar al general Raúl Caballero Aburto, los estudiantes murieron después de que el general utilizará al ejército federal para callar la protesta de los inconformes, protesta realizada Chilpancingo.

3 Ciudad de México, 1968.- Una de las fechas más recordadas en el país. Decenas de estudiantes de distintas universidades se manifestaron en la plaza de las Tres Culturas en Tlatelolco, con la intención de llamar la atención de los medios internacionales, cuyas cámaras se encontraban enfocadas en México debido a la organización de los Juegos Olímpicos.

Los estudiantes pretendían evidenciar la mala calidad del sistema educativo en México. Eran ya 146 días de protesta. El Ejército atacó a los estudiantes, la cifra oficial fue de 20 muertos, pero las investigaciones posteriores sumaron poco más de 200, pero las cifra real no se ha determinado.

4 Ciudad de México, 1971, ‘El Halconazo’.- 120 muertos fue el número oficial de los estudiantes muertos durante la matanza del Jueves de Corpus durante el mandato de Luis Echeverría. Los estudiantes fueron atacados por los llamados ‘Halcones’ una división del ejército. Los estudiantes apoyaban a sus compañeros de Monterrey que también denunciaban mala calidad del sistema educativo.

5 Aguas Blancas, Guerrero, 1995 .- La Masacre de Aguas Blancas fue un crimen de Estado cometido por la policía del estado de Guerrero y planeada por Rubén Figueroa Alcocer. Agentes del agrupamiento motorizado de la policía guerrerense dispararon en contra de un grupo de miembros de la Organización Campesina de la Sierra del Sur (OCSS) que se dirigían a un mitin político que demandaba la liberación de Gilberto Romero Vázquez desaparecido un mes anterior, lo que resultó en 17 campesinos muertos y 21 heridos

6 Acteal, Chiapas, 1997.- 45 indígenas tzotziles fueron asesinados mientras oraban en una iglesia, de las víctimas, 16 eran niños, niñas y adolescentes; 20 eran mujeres y nueve hombres adultos. Los responsables directos de la masacre fueron grupos paramilitares opuestos al Ejército Zapatista de Liberación Nacional (EZLN).

7 San Fernando, Tamaulipas, 2010.- La masacre de San Fernando, fue un crimen cometido por Los Zetas entre el 22 y 23 de agosto de 2010 donde fueron ejecutados 72 personas de la cuales 58 eran hombres y 14 mujeres, en su mayoría eran inmigrantes provenientes de Centro y Sudamérica.

8 Ayotzinapa, Guerrero, 2011.-Dos estudiantes de la Escuela Rural Normal de Ayotzinapa, murieron a manos de la policía tras enfrentarse en una protesta. Los normalistas mantenían un bloque en la Autopista del Sol y pedían la destitución del director de la Normal Napoleón Anaya y se nombrara a Eugenio Hernández como nuevo al frente de la institución. La Manifestación culminó además con 50 detenidos y heridos graves y desaparecidos.

9 Tlataya, Edo. México, 2014.- La madrugada del 30 de junio ocho militares mataron a sangre fría a 22 civiles, entre ellos dos adolescentes, que se habían rendido después de un enfrentamiento armado en el que habían muerto otras siete personas

10 Ayotzinapa, Guerrero 2014.- La noche del viernes 26 de septiembre policías municipales de Iguala se llevaron vivos a estudiantes de la Escuela Normal de Ayotzinapa. Según las investigaciones fueron policías municipales coludidos con el cártel Guerreros Unidos los responsables del ataque lo que dejó un saldo de seis muertos, 25 heridos y 43 desaparecidos. La PGR imputa como autores intelectuales del caso a José Luis Abarca Velázquez, presidente municipal de Iguala, a su esposa María de los Ángeles.

A pesar de que, en muchos casos, estos asesinatos en masa quedaron impunes, aún son muchos los mexicanos que prefieren no olvidar y seguir reclamando justicia para acabar con el clima de inseguridad que vive el país.

http://mundoejecutivoexpress.mx/nacional/2014/11/01/las-10-matanzas-que-han-conmocionado-mexico

En la morgue los policías se burlaban; los agarraron como pajaritos

http://www.jornada.unam.mx/2015/05/25/politica/010n1pol

Fue masacre en Tanhuato; la saña y que nadie traía zapatos, pruebas: familiares

Afp y Ap

Periódico La Jornada
Lunes 25 de mayo de 2015, p. 10

Morelia, Mich.

Algunos familiares de los 42 presuntos delincuentes que murieron en el sangriento operativo en Michoacán, pusieron en duda la versión oficial sobre los hechos y acusaron a las autoridades de haber cometido una masacre.

Eso no fue un enfrentamiento, fue una masacre, dijo Víctor, hermano de Luis Alberto, uno de los 42 civiles abatidos el viernes en un operativo de las fuerzas federales en un rancho de Tanhuato, fronterizo con el estado de Jalisco, y en el que murió un policía federal.

Las declaraciones de los familiares se dieron a las afueras de las instalaciones del Servicio Médico Forense, donde recibieron o identificaron los cadáveres de sus familiares. Uno había perdido un ojo, otro tenía golpes en el rostro, uno más con los dientes sumidos por el impacto de un objeto, y otro más tenía un tiro por arriba de la cabeza.

Erika Eunice, hermana de uno de los abatidos, aseguró que cuando estaba dando su declaración para solicitar el cuerpo de su hermano, agentes de la Policía Federal, a espalda mía, se estaban burlando, estaban diciendo que los agarraron como pajaritos en su nido.

Para esta chica procedente, como muchos de los fallecidos, de Ocotlán, Jalisco, las armas que aparecen en las fotografías difundidas en la prensa están sembradas. Dijo que a su hermano lo reconoció en una foto de un noticiario en la que se ve que nadie traía zapatos, él tampoco. Muchos estaban en pura ropa interior, hay muchos indicios de que a todos los habrían agarrado así, en una masacre.

Otros familiares, quienes pidieron el anonimato ante el temor de represalias, dijeron que varios de ellos venían de Ocotlán. Una señora de mediana edad que buscaba a su hermano dijo que un grupo de al menos 25 personas salió una semana antes de esa localidad de Jalisco para trabajar en un rancho de Michoacán.

Comentó que su hermano –a quien tampoco identificó– estaba en ese grupo, pero que no lo reconoció en las fotografías que las autoridades les mostraron a los familiares. Dijo que le notificaron que de las 42 víctimas había seis cuerpos quemados y que ella estaba en espera de que le tomaran muestras de ADN para ver si alguno de los cadáveres coincidía.

Juan Enrique Romero Caudillo, de 34 años, era uno de los hombres que fue al rancho. Uno de sus familiares, que pidió no ser identificado por temor a represalias, dijo que trabajaba comochatarrero, vendiendo desperdicios metálicos.

Dijo que había conseguido una chamba para dar mantenimiento a un rancho, comentó uno de los familiares, quien no cree que su pariente fuera miembro de un grupo criminal. Además, dijo que luego de haber visto parte del cuerpo en la morgue y las fotografías que han circulado en medios y redes sociales piensa que fue una masacre.

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