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Solo un día duró la paz de la Navidad en el año 2016, recién iniciado

Llegaron los balazos, los ejecutados, el Infierno cotidiano……..

Ejecutan sicarios a alcaldesa de Temixco; de los agresores hay tres detenidos….este municipio es parte del área metropolitana de Cuernavaca, considerada una zona de residencias/casas de fin de semana, sin embargo, desde hace tiempo corre el rumor de que es uno de los nidos del Cartel de los Beltran Leyva de Sinaloa, ahora unidos con el mini-cartel de Los Rojos de la región de Iguala, Guerrero bajo sospecha de estar involucrados en los asesinatos de 43 normalistas de Ayotzinpa, se ha dicho también, que por ahí se esconde Federico Figueroa, hermano del recién fallecido cantante folclórico Joan Sebastian, quien a su vez era considerado un capo de la droga en Chicago, si a eso le aumenta la ineptitud, corrupción y frivolidad del gobernador Graco Ramirez-tabasqueño casado con Elena Cepeda-coahuilense, heredera del Grupo lechero LALA de Torreón, que ya está asentado en Chicago, nos muestra que hay muchos intereses en la región de Cuernavaca.

Graco se cree ya presidenciable y muestra que está aparentemente apoyado por el NORAD (núcleo del mando militar de EU establecido en Colorado)……

Temixco y la precariedad

Eduardo R. Huchim

03 Ene. 2016

El año político-electoral se ha abierto de una manera ominosa con el asesinato, el sábado 2 de enero, de la alcaldesa de Temixco, Morelos, Gisela Raquel Mota Ocampo, apenas un día después de asumir el cargo. El crimen ha merecido generalizada condena de líderes políticos y sociales y, por supuesto, debe ser exhaustivamente esclarecido, pero debiera ser también una clarinada de atención sobre el desamparo y precariedad en que miles de municipios desarrollan sus actividades, que son de primera importancia para la sociedad, porque de la efectividad de esos órganos de gobierno depende en buen grado la calidad de vida de la población.

El desamparo de los ayuntamientos, los alcaldes y munícipes ha sido expuesto, a propósito del crimen de la alcaldesa, por la Asociación de Autoridades Locales de México en un comunicado de prensa: "No queremos que este crimen quede impune como ha sucedido con los más de 70 alcaldes muertos violentamente en los últimos 10 años, 18 de ellos emanados de la izquierda".

La precariedad de miles de municipios en materia de seguridad, que se suma a la insuficiencia económica, está en relación directa con el auge que la delincuencia organizada ha cobrado en amplias zonas del país y que aún no tiene, de parte del Estado, una respuesta eficaz que no puede ser solamente el combate a sangre y fuego. Un empleo racional de la fuerza del Estado implica acudir a ella sólo en casos extremos y no como política habitual.

Combatir a delincuentes con sólo las armas propicia la escalada de la violencia y el armamentismo desbocado, ya que la delincuencia dispone de recursos enormes para armarse. Es preciso revisar las políticas de seguridad y considerar seriamente la eventual regulación de las drogas hoy prohibidas, como se ha planteado en diversos ámbitos, particularmente a partir de la sentencia de la Suprema Corte de Justicia sobre el uso recreativo de la mariguana. Esto sin olvidar una acción más efectiva que la fuerza: la detección y confiscación del dinero y bienes patrimoniales de los delincuentes.

¿Por qué lleva a estas reflexiones el asesinato de la alcaldesa morelense? Porque si bien hay ediles que, sedientos de riqueza y poder, entran en complicidad con los delincuentes, también hay casos en que no necesariamente lo hacen de buen grado, sino presionados por la disyuntiva de la plata o el plomo a que son sometidos, sin que contra esa alternativa haya mecanismos eficaces.

Ciertamente, la autoridad tiene el ineludible deber de combatir a la delincuencia, pero es sumamente difícil cumplir esa obligación si la fuerza pública está infiltrada hasta la médula por el narcotráfico, o bien su número, capacidad de respuesta y preparación son deficitarios. Uno de los grandes errores de la política de seguridad es casi haber abandonado a su suerte a la mayoría de los municipios del país que, además, padecen la rapacidad de quienes, desde los órganos legislativos, les canalizan recursos a cambio de los consabidos moches y/o del compromiso municipal de contratar obras y servicios con determinadas empresas.

Temixco recuerda de manera dramática la necesidad de que la mirada nacional del Estado mexicano se vuelva hacia los municipios, en busca de mecanismos eficaces que protejan a sus autoridades y de políticas públicas que genuinamente los fortalezcan. Importa tener presente que no se trata de reformas legislativas, sino de acciones cuya efectividad se perciba y se mida. Ciertamente, hacer esto implica un esfuerzo titánico, pero las grandes tareas sólo pueden concretarse iniciándolas con firmeza.

En este sentido, debe reconocerse la rápida respuesta del gobierno de Graco Ramírez -criticable por otras razones- cuando, tras de detener la policía a tres presuntos autores de la ejecución y abatir a otros dos, dispuso la ejecución, por conducto del Comisionado Estatal de Seguridad, Alberto Capella, de un protocolo de seguridad para los alcaldes de Morelos. Situaciones de emergencia exigen medidas como esa, pero ha de tenerse presente que muchos municipios atraviesan también agudas situaciones que deben ser atendidas.

Nadie, ni gobiernos ni sociedades, pueden legítimamente desentenderse del desamparo y precariedad prevalecientes en millares de municipios, situación que, obviamente, repercute en la sociedad. No es exagerado decir que, si el municipio fracasa en su importante misión como la autoridad más inmediata a los ciudadanos, será poco sensato esperar que algún gobierno estatal y/o federal, independientemente de su signo partidario, pueda tener éxito.

@EduardoRHuchim

Periodista, escritor y, entre 1999 y 2006, miembro del Consejo General del Instituto Electoral del Distrito Federal, donde presidió la Comisión de Fiscalización. Entre sus libros figuran El sistema se cae (Grijalbo, 1996), Las conjuras (novela, Grijalbo, 1997), Las nuevas elecciones (Plaza y Janés, 1997), Medios de comunicación (Santillana, 2002) y Qué pex con el voto (Terracota, 2006).

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Tras la salida de Cuernavaca del Mando Único, 300 federales fueron desplegados para reforzar la seguridad en la capital y otros municipios.

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Excelsior

excelsior.com.mx

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© excelsior.com.mx Ejecutan sicarios a alcaldesa de Temixco; de los agresores hay tres detenidos

PUEBLO VIEJO, Mor.

La alcaldesa de Temixco, Gisela Mota Ocampo, fue asesinada ayer por un comando a las afueras de su domicilio.

Luego de los hechos, alrededor de las 7:30 horas, el Mando Único desplegó un operativo para dar con los responsables y, tras una persecución por la colonia Primavera, al menos dos sicarios fueron muertos y tres detenidos por la policía municipal.

Se trata de un menor de edad, otro de 18 años y una mujer de 32. Los cinco viajaban en una camioneta azul, donde había, entre otras armas, dos metralletas Uzi.

Otro de los autos usados para escapar fue encontrado en la colonia Ayuntamiento 2000, en Temixco.

Dos personas también fueron asesinadas en la entrada de la casa de la alcaldesa, pero al cierre de esta edición se desconocía su identidad.

Mota Ocampo, de filiación perredista, había tomado posesión del cargo apenas el viernes pasado.

Integrantes del cabildo señalaron que no tenía una escolta especial y que fueron nueve los sicarios. También decretaron tres días de duelo y consideraron pedir a la PGR que atraiga el caso.

El gobernador Graco Ramírez y el presidente nacional del PRD, Agustín Basave, condenaron el cobarde asesinato.

Temixco es parte de la zona metropolitana de Cuernavaca, que se quedó sin Mando Único, tras negarse el alcalde Cuauhtémoc Blanco a sumarse a él. Ayer se activó un protocolo de seguridad para los presidentes municipales.

Caen 3 asesinos de Gisela

Un comando irrumpió en la casa de la alcaldesa de Temixco, Gisela Mota Ocampo, quien fue sacada junto con sus familiares y asesinada en la puerta de su domicilio.

Otras dos personas fueron acribilladas en la entrada de la casa y hasta el cierre de la edición se desconocía si los cuerpos son de integrantes del comando que llegó a ejecutarla o si son de los escoltas que la esperaban para iniciar su segundo día de actividades.

Tras el atentado, al menos dos sicarios fueron abatidos y otros tres más fueron detenidos por la policía municipal de Temixco, luego de una persecución que se realizó por la colonia Primavera, que se encuentra en las inmediaciones del Aeropuerto de Cuernavaca.

Los hechos ocurrieron alrededor de las 7:30 horas y minutos después el gobernador de Morelos, Graco Ramírez, confirmó el atentado mediante su cuenta de Twitter.

Luego de los hechos, el Mando Único de Morelos desplegó un importante operativo para tratar de encontrar a los cuatro sicarios que asesinaron de la alcaldesa, según confirmaron testigos que los vieron huir con armas largas y vestidos de negro.

Los detienen

Mediante su cuenta de Twitter, el gobernador de Morelos, Graco Ramírez, confirmó la detención de tres de los presuntos asesinos de la alcaldesa, los cuales podrían ser puestos a disposición de la Fiscalía General del estado en las siguientes horas.

Tras el asesinato, la Policía Municipal de Temixco comenzó una persecución y logró detener a tres sicarios, un menor de edad, de 17 años, otro de 18 y una mujer de 32 años. Además los uniformados abatieron a otros dos pistoleros. Los cinco viajaban en una camioneta azul, donde se encontraron armas y dos metralletas tipo Uzi.

El otro auto en el que escapó el resto de los sicarios, un Sentra color arena, con placas con placas MVE-4951, fue abandonado en Minas de Orihuela, colonia Ayuntamiento 2000, en Temixco.

El cabildo de Temixco indicó que la alcaldesa no tenía una escolta especial y que eran nueve los sicarios que entraron armados a su vivienda.

Protocolo

El gobierno de Morelos activó un protocolo de seguridad para los presidentes municipales de Morelos, incluido el de Cuernavaca, ante el atentado en el que perdiera la vida Gisela Mota.

De acuerdo con un comunicado, el gobernador Graco Ramírez instruyó al comisionado Estatal de Seguridad Pública (CES), Alberto Capella Ibarra, con el fin de iniciar la notificación respectiva del protocolo que se estableció para la seguridad de todos los alcaldes.

Asimismo Graco se reunió ayer por primera vez con el alcalde de Cuernavaca, Cuauhtémoc Blanco, a quien ratificó la disposición absoluta de coordinación para la atención de los problemas de la ciudad capital.

Durante la reunión con Blanco, el gobernador puntualizó su respeto absoluto a las decisiones que en el ámbito de su competencia toman los cabildos municipales.

Suplente

El cabildo de este municipio decretó a partir de este sábado tres días de duelo en memoria de la alcaldesa Gisela Mota, tiempo que consideran será suficiente para reorganizar la función municipal y evaluar la posibilidad de que sea la PGR quien investigue el asesinato.

En conferencia de prensa, Gerardo Hurtado de Mendoza, síndico municipal, señaló que se han reunido con la suplente Irma Camacho, quien ha aceptado asumir las funciones de presidenta municipal, situación que será oficializada durante las próximas horas.

Temixco, entre los municipios más violentos

El municipio de Temixco se encuentra en la lista de las localidades con mayores índices de violencia y criminalidad del país. El secuestro, el robo con violencia y el homicidio son los delitos de mayor prevalencia. El municipio tiene más de 108 mil habitantes, de los cuales 56.8 por ciento vive en pobreza moderada o extrema, de acuerdo con la Secretaría de Desarrollo Social.

En las últimas dos décadas, por su ubicación geográfica estratégica y su complicada orografía, Temixco se ha convertido en uno de los territorios de la entidad más disputados por grupos criminales dedicados al trasiego de drogas y privación ilegal de la libertad, principalmente.

De acuerdo con el informe La violencia en los municipios y en las entidades federativas de México 2014, elaborado por la organización civil Consejo Ciudadano para la Seguridad Pública y Justicia Penal, Temixco se ubica en la posición 31 de entre 233 municipios con más de 100 mil habitantes con el mayor número de homicidios dolosos.

También se ubica en la posición 78 de los municipios más violentos del país, en la sexta posición de los municipios con mayor número de secuestros y en el lugar 73 en el delito de robo con violencia.

En agosto fue incluido en los ocho municipios en los que la Secretaría de Gobernación declaró la Alerta de Violencia de Género por el alto índice de feminicidios perpetrados en los últimos años.

En el diagnóstico del Índice de Riesgo Social en Morelos, elaborado por la Secretaría de Hacienda estatal en julio pasado, se consideró que al menos 16 colonias de Temixco, entre ellas la comunidad de Pueblo Viejo, donde vivía y fue asesinada la alcaldesa Gisela Mota, existen factores de riesgo que pueden propiciar que la población, particularmente adolescentes y jóvenes, sea susceptible de participar en conductas antisociales.

Conflicto por seguridad en Cuernavaca; Gendarmería reforzará

Excelsior

excelsior.com.mxhace 1 día

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Tienen “mala” calidad de aire tres zonas del Valle de México

Se adjudica AN baja en precios de la gasolina

© excelsior.com.mx Los 121 policías estatales que vigilaban Cuernavaca fueron retirados ante la negativa del alcalde Cuauhtémoc Blanco de ratificar el convenio para mantener el Mando Único. Foto: Cuartoscuro/Archivo

CUERNAVACA, Mor.

Los gobiernos estatal de Morelos y municipal de Cuernavaca enfrentan un conflicto acerca de cuál de los dos se hará cargo de la seguridad en esta capital.

El alcalde Cuauhtémoc Blanco rechazó sumarse al Mando Único policial, por lo cual el gobierno estatal retiró los recursos de este programa.

Esto implica que el municipio de Cuernavaca se quedó ayer sin 121 policías estatales, 15 motocicletas, 40 patrullas, 248 armas y 186 radios de comunicación conectados al puesto de mando C5.

Los agentes municipales se comunican a través de sus celulares, vía WhatsApp.

Aún operan al menos 700 policías municipales, aunque la mayoría no está armada, y los que sí lo están portan armas cortas.

Ayer, el gobernador Graco Ramírez puso en marcha el Operativo Delta Sur-Oriente-Metro con el apoyo de 300 elementos del Mando Único y 300 de Fuerzas Federales y de la Gendarmería.

Tendrá mayor presencia en Cuernavaca y en otros municipios que no se han sumado al Mando Único.

“Convoco a dejar de lado la soberbia para sumarnos al diálogo y trabajar juntos por #Morelos. #México”, escribió ayer en su cuenta de Twitter.

Blanco denunció que la capital está indefensa y que casi “nos dejaron encuerados”.

Pugna por Cuernavaca

Las diferencias entre el gobernador de Morelos, Graco Ramírez, y el alcalde de Cuernavaca, Cuauhtémoc Blanco, en torno al Mando Único policial provocaron que la capital del estado se encuentre en estado de vulnerabilidad, pues la corporación municipal está actualmente desarmada.

Ayer, al tomar posesión del cargo, Blanco aseguró que prácticamente “nos dejaron encuerados”, luego de constatar las condiciones en las que dejaron las autoridades estatales las instalaciones de la seguridad de la capital morelense y las finanzas del municipio.

Cuernavaca es uno de los municipios de Morelos que no ratificaron el acuerdo para unirse al Mando Único policial.

El exfutbolista confirmó que el gobierno del estado le quitó el apoyo del Mando Único, con lo cual la capital de Morelos se quedó sin 121 policías estatales, 15 motocicletas, 40 patrullas, 248 armas y 186 radios de comunicación conectados al C5. Los agentes se comunican entre sí a través de sus celulares vía la aplicación WhatsApp.

Sin embargo, en la ciudad aún operan al menos 700 policías municipales, aunque la mayoría de ellos no está armada, y los que sí lo están poseen armas cortas.

Operativo delta

Ante el temor de que Cuernavaca —destino turístico a escala nacional y lugar de descanso de decenas de miles de habitantes del Valle de México— se quede sin vigilancia y a merced de la delincuencia, el gobierno estatal informó sobre la puesta en marcha del Operativo Delta.

El Operativo Delta Sur-Oriente-Metro contará con el apoyo de 300 elementos del Mando Único y 300 de Fuerzas Federales y de la Gendarmería, los cuales estarán apoyados de 150 unidades estatales y federales.

El Operativo Delta tendrá mayor presencia en Cuernavaca, la zona de Tierra Caliente y en el oriente del estado a fin de fortalecer los municipios que no se han sumado a la estrategia de Mando Único, colindantes con el estado de Guerrero y en la zona oriente con cabecera en los municipios de Yecapixtla y Ocuituco.

El objetivo de este operativo es prevenir y reaccionar ante la comisión de cualquier delito.

“Iniciaremos este Operativo Delta con una cantidad importante de elementos que ya estaban trabajando en el municipio de Cuernavaca, y gracias a la petición que hiciera el señor gobernador, el fortalecimiento tan importante con cerca de 300 elementos de Policía Federal que estarán circulando a lo largo y ancho del estado de Morelos”, dijo el comisionado estatal de Seguridad, Alberto Capella Ibarra.

Debut

Cuauhtémoc Blanco llegó a las 00:30 horas de ayer a la Secretaría de Seguridad Ciudadana, con el propósito de asumir la responsabilidad de la vigilancia en la capital de Morelos.

El exastro del futbol insistió en que el gobierno estatal le debe 750 millones al municipio y se los tiene que pagar, “que nos lo regrese, pidió él una deuda, tiene un deuda que se la tiene que regresar al municipio son 750 millones que los tiene y que no los ha regresado”.

El gobierno estatal hizo pública la demanda del exfutbolista, pero aclaró que se no trataba de una deuda y que los inmuebles que solicitaba fueran devueltos a la administración del ayuntamiento también pertenecen al municipio y fueron cedidos por anteriores administraciones.

Saldo blanco en el primer día de Blanco

El secretario de Seguridad Ciudadana de esta ciudad, Carlos de la Rosa, reportó un saldo blanco en las calles de Cuernavaca durante los festejos por el Año Nuevo, pese a que la mayor parte de la policía municipal no cuenta con armas, ni equipos de radio comunicación.

El primer parte policiaco de la actual administración indica que solamente cuatro personas fueron detenidas, dos por robo de auto y dos más por faltas administrativas.

En dos recorridos realizados por Excélsior, el primero de las 11:00 a las 13:00 horas y el segundo de las 14:30 a las 17:00 no se observaron patrullajes ni presencia de la Policía Federal o del Ejército.

Población

Cabe señalar que los vacíos en materia de seguridad pública en Cuernavaca no sólo ponen en riesgo a sus más de 360 mil habitantes, pues el área metropolitana cuenta más de 200 mil casas de descanso de visitantes, principalmente de la Ciudad de México, que arriban cada fin de semana.

La Secretaría de Turismo reportó que en las vacaciones de verano que concluyeron los primeros días se septiembre, el estado recibió una derrama por 750 millones de pesos, con una afluencia total entre turistas y visitantes de un millón 821 mil 428 personas.

Decretan tres días de duelo en Temixco por asesinato de alcaldesa

DE LA CORRESPONSALÍA
2 DE ENERO DE 2016
DESTACADO

Gisela Mota al rendir protesta.
Foto: Noé Knapp

TEMIXCO, Mor. (proceso.com.mx).- El cabildo de Temixco decretó tres días de duelo, tras el asesinato de la alcaldesa, Gisela Mota.

En conferencia de prensa con los integrantes del Cabildo en las instalaciones del Ayuntamiento, el síndico Gustavo Hurtado afirmó que la Administración seguirá con el proceso de entrega-recepción, sin embargo, los servicios al público estarán suspendidos durante estos días.

“No podemos aceptar que estemos viviendo estas condiciones en nuestro municipio, pero tres días de duelo en el sentido de que las ventanillas del servicio al público estarán estos tres días cerradas, para que en estos tres días en el trabajo que seguimos realizando desde ayer hasta que se tome totalmente la recepción de todas las áreas de la Administración, estaremos informando cuáles son las acciones que llevaremos a cabo de manera inmediata”, sostuvo.

También exigieron al gobierno estatal una investigación completa que derive en la detención de los autores intelectuales del crimen.

Carlos Caltenco, secretario del Ayuntamiento, aseguró que por conducto de la senadora Dolores Padierna están pidiendo que la parte federal haga lo conducente para favorecer y facilitar las investigaciones correspondientes.

Finalmente, aseguraron que el plan de trabajo de Mota continuará y con ello, los nombramientos que se lograron realizar.

A un día de haber tomado posesión del cargo, Gisela Mota Ocampo, alcaldesa del municipio de Temixco, Morelos, fue asesinada por un comando esta mañana.

La también exdiputada federal fue ejecutada a balazos en el interior de su domicilio, ubicado en la calle Lázaro Cárdenas del poblado de Pueblo Viejo.

Temixco es un municipio de la zona metropolitana de Cuernavaca, ubicado al sur de la capital, que ha sido golpeado por hechos de violencia desde hace décadas.

¡JUICIO A GRACO! ¡JUICIO A GRACO! Lo que se leyó hace tiempo en una pancarta solitaria, se ha convertido en ensordecedor clamor popular contra el gobernador de Morelos, Graco Ramírez Garrido Abreu, en todo el territorio morelense, donde la ingobernabilidad ha sentado plaza. Obviamente, la exigencia generalizada es la de juicio político contra el mandatario.

http://www.vocesdelperiodista.com.mx/index.php/component/content/article/4129?ed=134


HACE APENASunos días, el secretario general de Gobierno, Matías Quiroz Medina describió la situación de Graco con estas palabas textuales: “El Poder Ejecutivo vive un momento de muchas complejidades. No tenemos condiciones”.

Es cierto que el funcionario se refería a un tema específico -el aval del gobierno estatal a los Ayuntamientos ante el Congreso para disponer de recursos extraordinarios a fin de solventar demandas económicas de su personal de fin de año-, pero ya han creado estado las denuncias de todos los sectores contra la administración del controvertido tabasqueño al que se acusa atentar por sistema contra los Derechos Humanos de la población morelense.

¡Qué bonita familia en el joder!

Un capítulo que está latente en el Congreso del Estado, es la exigencia del gobierno saliente del municipio de Cuernavaca, de auditar las anteriores administraciones por latrocinios de más de dos mil millones de pesos.

El freno a la indagatoria se explica porque en esa denuncia aparece implicado el nombre de Rodrigo Gayosso Cepeda. ¿Quién es el tal Rodrigo? Nada menos que hijo doña Olga Durón Viveros, ex esposa del tabasqueño gobernador.

Gayosso Cepeda es, pues, hijastro de Graco. El tercer nombre involucrado es el de Javier Pérez Durón, pasado por instancias de procuración de justicia. ¡Que bonita familia!

No hay fondos ni para pagar aguinaldos

Pero la nave del tabasqueño gobernador que aspira la candidatura amarilla a la Presidencia en 2018, hace aguas al primer embate: Los trabajadores del Sector Salud, por ejemplo, están exigiendo el pago de prestaciones de fin de año, que importan unos 38 millones de pesos. Ni para eso tienen las arcas de la tesorería estatal.

El mandatario está buscando que el secretario de Hacienda federal, Luis Videgaray le saque el buey de la barranca con recursos adicionales para la gastalona administración estatal, que sí tiene disponibilidad dineraria para la promoción personal del aspirante presidencial.

Para esos menesteres, el despacho del gobernador sí tiene fondos. Unos 400 millones de pesos al año, de opaca gestión, asignados al área de Comunicación Social. Se colige que esa “caja chica” -“el cochinito”, le llama la gente- se nutre de la nueva y multimillonaria deuda que el gobierno del estado ha contratado en los últimos dos ejercicios fiscales.

En tanto el despilfarrador gobernador se grafica gastando en si mismo hasta lo que no tiene, las tesorerías municipales están siendo asfixiadas.

Suplen poderes federales el vacío de poder

Recientemente, el pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación falló una controversia constitucional promovida por alcaldías morelenses, porque el Congreso les negó la facultad de cobrar impuestos para sacar de la inopia sus haciendas.

Los ministros, en estricto rigor, no fallaron en favor de los promoventes sobre tal facultad, pero ordenaron a los diputados que al menos tengan la decencia de explicar las razones de su negativa.

El viernes pasado, el secretario federal de Comunicaciones y Transportes, Gerardo Ruiz Esparza se vio obligado a hacer el quite al gobernador in situ, para apaciguar a los morelenses que protestan por los prejuicios que, dicen, les está ocasionando la ampliación a diez carriles de la Autopista del Sol.

Pidió disculpas Ruiz Esparza, dicen las crónicas. El titular de la SCT cumplió con creces la lógica de que “vale más pedir perdón, que pedir permiso”.

Actúa en Morelos el Poder Judicial de la Federación. Actúan en Morelos secretarios del gabinete presidencial. No parece suficiente. La raza exige ¡Juicio político a Graco! El viejo reloj europeo tiene en su base la leyenda: “Todas las horas duelen. La última es la que mata! Vale.

Abraham García Ibarra
ACERCA DEL AUTOR:

GRACO RAMÍREZ DEJÓ POR ALGUNAS SEMANAS SU CAMPAÑA en busca de la candidatura a presidente de la República y ya no ofrece conferencias de prensa a medios nacionales. La razón: le van a preguntar sobre las fosas de Tetelcingo y los 150 cadáveres ahí enterrados.


NI LOS MÁS de 400 millones de pesos anuales que gasta en publicitar su imagen pudieron evitar que este escabroso tema lo bajara de cualquier encuesta sobre presidenciables.


Y es que a partir del 5 de noviembre pasado el tema de las fosas “clandestinas” ha llegado hasta medios internacionales que cuestionan quién manda en Morelos.


La imagen enviada por los corresponsales a sus respectivos medios hablaba por sí misma: hombres vestidos con trajes especiales de color blanco sacaban cadáveres con la ayuda de una máquina de las conocidas como “mano de chango”. A simple vista se observaban decenas de bultos depositados en el pasto mientras la máquina seguía con su macabra tarea de seguir exhumando cuerpos… o lo que quedaba de ellos.

Para ese momento, el video conteniendo las mismas imágenes ya descritas se hacía viral en las redes sociales. “Encuentran fosa con 150 cadáveres en Morelos”, titulaban los portales digitales.

En las oficinas de Gobierno los teléfonos no dejaban de sonar. Las agencias internacionales ya estaban solicitando una versión oficial de los hechos a la Secretaría de Comunicación pero lo cierto es que esa oficina tampoco tenía información al respecto.

Con lo único que contaban era la propia entrevista concedida por los familiares de una de las personas inhumadas, donde aseguraban que se trataba de una fosa clandestina.

“Ahorita lo que estamos haciendo es buscar la verdad, que se esclarezcan los hechos, que paguen los culpables quienes tengan que pagar y lo he dicho como madre, yo ya tengo a Oliver, pero sí pido justicia, que se esclarezca la verdad, además de los 149 cuerpos que hay ahí”, declaraba a los medios María Concepción Hernández.

La página de internet de la influyente revista Proceso subía el macabro video alrededor de las 19 horas del jueves 5 de noviembre, y “lo vendía” así:

“La Fiscalía General de Morelos cuenta con sus propias fosas comunes clandestinas donde inhuma sin permiso y de manera subrepticia cadáveres que nadie reclama, algunos de los cuales ni siquiera cuentan con número de carpeta de investigación ni siquiera constancia alguna del levantamiento del cuerpo.

“Al menos 150 cuerpos fueron colocados en dos fosas ubicadas en un predio del poblado de Tetelcingo, en Cuautla, según la investigación realizada por la familia Rodríguez Hernández, que incluye una grabación en video en la que se observa una diligencia en la que se exhumaron los cuerpos y luego fueron inhumados de nueva cuenta”.

Asociated Press no tardó en enviar la información a todo el mundo: “Una agencia gubernamental de derechos humanos investigará por qué 150 cuerpos de víctimas del crimen fueron enterrados en fosas en el estado de Morelos, en la región central de México.

“Algunos de los cadáveres pudieron ser enterrados en las fosas comunes con el simple propósito de limpiar una morgue estatal. Pero otros cuerpos no llevaban consigo las etiquetas de caso con la que supuestamente deberían ser sepultados, lo que ha generado dudas sobre las causas de su muerte”, decía la agencia de noticias internacional.

Máximo nivel

Pero la noticia alcanzó su máximo nivel cuando el video apareció en la cadena norteamericana Univisión. En transmisión en vivo desde París, donde acababan de ocurrir atentados terroristas, el famosísimo conductor Jorge Ramos presentó la información de esta manera: “En los actos terroristas de los últimos días aquí en Francia murieron alrededor de 120 personas, pero en sólo una fosa clandestina en México se encontraron más de 150 cadáveres”.

Y como si no fuera suficiente el escándalo, le agregó un ingrediente más: la opinión del sacerdote Alejandro Solalinde, premio nacional de Derechos Humanos, quien desde días cuestionó la versión oficial del gobernador de Morelos, Graco Ramírez, en el sentido de que era una fosa común, no clandestina.

“Son dos fosas y sí son clandestinas porque por más que el Gobierno de Graco Ramírez quiera decir que están en orden, todo es irregular. Tengo las pruebas. Y no nos extraña que el gobierno quiera ocultar todo, más bien si se hiciera una investigación habría que ver los nexos que seguramente algunos funcionarios del Gobierno de Graco Ramírez tuvieron con los cárteles”, dijo el Padre Solalinde en horario triple A de la cadena más importante de habla hispana.

El hecho provocó la burla de los críticos del gobierno graquista, al considerar que de nada sirvió que en el 2013 Morelos haya ocupado el cuarto lugar nacional en pago a medios de comunicación, con más de 400 millones de pesos, y que un solo hombre haya echado por tierra la reputación del gobernante.


Oliver, el origen de todo

Lo más increíble de este asunto, es que el hecho no es nuevo ni desconocido para muchos en Morelos.
El reportero Carlos Quintero ha venido cubriendo el caso de Oliver Wenceslao Navarrete Hernández desde hace por lo menos ocho meses, cuando contactó a la madre del joven secuestrado y asesinado en mayo del 2013, en la ciudad de Cuautla.

Ella le relató cómo la mañana del 3 de junio, en la carretera federal Cuautla-Izúcar de Matamoros en una barranca conocida como Los Papayos del municipio de Ayala, la policía encontró de manera fortuita el cadáver de Oliver, quien contaba con 31 años al momento de su muerte.

El personal de servicios periciales y agentes de investigación criminal llevaron a cabo la diligencia del levantamiento del cuerpo que estaba en avanzado estado de descomposición y por eso la familia solicitó un examen de ADN y confirmó que se trataba de Oliver, iniciándose la carpeta CT/UIDD-A/1791/2013 por homicidio.

La madre de la víctima, María Concepción, reclamó su cuerpo y se entrevistó con la entonces Subprocuradora de la Región Oriente, Liliana Guevara Monroy, quien le pidió dejar un tiempo más el cadáver para realizar nuevas pruebas científicas “porque ya tenemos identificados a los responsables y tenemos que evitar que salgan libres, una vez que sean detenidos”, argumentó.

La familia decidió colaborar con la autoridad ministerial para que el crimen de Oliver no quedara impune, por eso accedieron a dejar un tiempo más el cuerpo de Oliver en la cámara frigorífica del Semefo de Cuautla.

“Posteriormente, la carpeta se la llevan a Cuernavaca, la tenía el licenciado Rodrigo Dorantes en ese entonces el fiscal, se la turnan a la licenciada Adriana Pineda junto con el licenciado Christian Vizuet. Dos o tres veces por semana yo iba a que se me diera información sobre las investigaciones que se iban realizando, a su vez yo preguntaba que pasaba con (el cadáver de) mi hijo Oliver, a lo que ellos siempre me contestaban que estaba aquí en el Semefo de Cuautla”, narró la afligida mujer.

Pero en diciembre de 2014, un familiar del occiso acude al anfiteatro a cumplir una tarea como estudiante de Derecho y se entera fortuitamente que el cadáver de Oliver ya no está. Más tarde le confirmarían a la madre que todo ese tiempo la estuvieron engañando, pues el cadáver de su hijo fue inhumado, junto con decenas de desconocidos, desde el 28 de marzo del 2014.

A partir de ese momento, la indignación de una madre y el deseo de darle cristiana sepultura a su hijo, se convertirían en el motor de un incansable peregrinar con un desenlace que ningún servidor público pudo siquiera imaginar.

El segundo entierro de Oliver

La madre de Oliver se entrevistó con el entonces Fiscal General Rodrigo Dorantes Salgado, casualmente cuando éste acudió a Cuautla a darle posesión al nuevo titular de la Fiscalía Regional, José Manuel Serrano Salmerón.

En ese entonces la mujer pidió al Fiscal General que exhumaran el cadáver de su hijo y se lo entregaran para que ellos le dieran una sepultura digna.

Hasta el momento, desconocen la razón por la que “alguien” decidió enviar el cadáver de Oliver a la fosa común, cuando ya estaba perfectamente identificado.

Prácticamente un año tardó la familia para lograr que la autoridad resarciera su error y exhumara el cuerpo de Oliver.

El colmo fue que prácticamente todos los gastos generados por esta operación, fueron sufragados por la familia del occiso, incluyendo la contratación de maquinaria pesada.

¿Y los otros cadáveres?

Las autoridades suponían que, al haber cumplido con su compromiso moral y religioso de darle una sepultura digna a Oliver, la familia dejaría “por la paz” el asunto.

Pero no fue así. La familia contrató un abogado para que presentara una denuncia por posibles delitos de ejercicio indebido de servicio público, así como violación a las leyes sobre inhumación y exhumación de cadáveres, en el caso de Oliver.

Y no sólo eso. También denunciaron a la opinión pública las irregularidades que descubrieron al acompañar a los empleados de la Fiscalía a hacer la exhumación de Oliver, y ver las condiciones en que fueron enterrados los demás muertos.

Según la madre y la tía de Oliver, ellas sienten un compromiso moral con todos esos seres humanos que están enterrados en esas dos fosas de Tetelcingo, que quizás también tienen madres y esposas buscándolos desesperadamente.

Por eso es que acudieron a la Comisión de Derechos Humanos del Estado de Morelos (CDHEM) y a los medios de comunicación, sobre todo porque la Fiscalía se niega sistemáticamente a proceder contra sus propios funcionarios públicos, o al menos así ocurría hasta antes de que este asunto trascendiera a nivel nacional.

En la Comisión Estatal de Derechos Humanos se inició la queja 190/2015-2. Tras recibir toda la información de los familiares de la víctima, en octubre pasado la Comisión gira oficios al Registro Civil para que informe si se tenía conocimiento de la inhumación de los restos del finado en el predio de Tetelcingo, recibiendo respuesta en sentido negativo.

Por su lado, la familia mandó hacer un peritaje en materia de grafoscopía, mismo que determinó que la firma que aparece en la orden de inhumación, no es la del Ministerio Público Edgar Rodolfo Núñez Urquiza, que se había encargado de integrar la carpeta por el homicidio de Oliver.

Cabe mencionar que sí hubo un detenido como presunto responsable de la muerte de Oliver, un sujeto de nombre Juan Manuel, pero salió libre por falta de pruebas. Según la madre del occiso, esto se debió a un error de la Fiscalía, al imputarle al detenido sólo el delito de homicidio, y no el de secuestro. Por este “error”, la familia inició la carpeta CT-UIDD-A/586/2015.

El pasado 3 de noviembre, la CEDH solicitó al entonces encargado de despacho de la FGE y actual Fiscal General, Javier Pérez Durón, informe sobre la situación actual que prevalece en la carpeta de investigación CT-UIDD-A/586/2015 y además, si dicha institución cuenta con base de datos de los cuerpos que no han sido reclamados por familiares, ficha identificativa, protocolo de actuación para la inhumación de cuerpos donde se desconoce su identidad, si se practican pruebas de ADN y si existe registro de manera individualizada de los cuerpos inhumados por instrucciones de la misma Fiscalía General del Estado.

Hasta el momento de redactar el presente reportaje, la Comisión no había recibido respuesta alguna.

El asunto del video

¿Por qué el video comenzó a ser difundido el 5 de noviembre y no antes?

El reportero Carlos Quintero, uno de los tres autores del reportaje “Los dos entierros de Oliver” (publicado en la edición agosto de “Sólo para Abogados”) comenta que durante sus entrevistas la señora Concepción siempre habló de la existencia de un video que su hermana tomó el día de la exhumación, y que incluso el perito llamado Gerson intentó persuadirlas de que no tomaran imágenes.
Por eso es que había información documental y testimonial, pero no audiovisual.

Fue hasta el pasado jueves 5 de noviembre la madre de Oliver y siete familiares más acudieron a la sesión de consejo de la Comisión de Derechos Humanos del Estado de Morelos para solicitar a este organismo dar impulso a las investigaciones, al tiempo que refieren la sospecha de que otros familiares desaparecidos pudieran encontrarse en la fosa común de Tetelcingo del municipio de Cuautla.

“En atención a lo anterior, se acordó un recorrido de inspección al predio antes mencionado para el día viernes 6 de noviembre, al cual asistió la Secretaria Ejecutiva de CDHMorelos, Mtra. Fabiola Colín Bolaños, la visitadora encargada del expediente de queja 190/2015-2, Mtra. Perla Bahena Díaz, familiares de Oliver Wenceslao y peritos del Instituto de Análisis Forense e Investigación Criminal A.C. especialistas en criminología, para poder obtener estudio avalado. Cabe señalar que la FGE fue invitada a participar, sin embargo no asistió”, dice un comunicado de la CDH.

Y agrega: “Resultado de la inspección, se observó que el predio en el que se encuentran inhumados los 149 cadáveres carece de una barda perimetral, tampoco existe alumbrado público, no hay oficinas de atención al público, y carece de los servicios de agua potable y drenaje; de igual forma atraviesa dicho predio un camino de zaca, lo que nos hace presumir carece de requisitos mínimos para su funcionamiento.

En este sentido, este organismo defensor de los Derechos Humanos hará un desglose del expediente 190/2015-2, afín de iniciar un expediente por separado y de esta manera profundizar en el caso que atañe a la existencia y funcionamiento de esta fosa donde se encuentran inhumados los restos sin identificar de más de un centenar de personas en el poblado de Tetelcingo, municipio de Cuautla, Morelos”.

También menciona que, al concluir el recorrido de inspección, el personal de CDHMorelos acudió a la Fiscalía Regional Oriente para verificar las actuaciones que obran en la carpeta de investigación CT-UIDD-D/2101/2015, ya que dicha carpeta se inició de manera oficiosa por la propia Fiscalía encaminada a investigar los actos que habían sido denunciados con anterioridad por la señora Concepción Hernández, “observándose que la indagatoria sólo cuenta con tres actuaciones desde su inicio hace 6 meses y no cuenta con registro de avance reciente, de tal manera que existe inactividad en la investigación por parte de la misma Fiscalía”.

Pero lo más trascendente de todo lo anterior, es que en esa sesión de Consejo de la CDHMorelos, fue donde se comenzó a distribuir el video de la exhumación que fue subido de inmediato a las redes, de tal manera que, al día siguiente que estaba prevista la inspección, el predio donde se encuentran las fosas, ya estaba lleno de reporteros y camarógrafos de infinidad de medios de comunicación de nivel nacional y agencias internacionales.

Los errores de la fiscalía

Como se mencionó al principio de este reportaje, cuando el video de los cuerpos “se viralizó” en redes sociales, el Gobierno del estado no sabía de qué se trataba exactamente, y su reacción fue torpe.
En medio de este “huracán informativo” se encontraba el encargado de despacho de la Fiscalía, Javier Pérez Durón, un abogado que entró a trabajar a la Fiscalía como auxiliar administrativo en julio de 2014 y un año después ya estaba a cargo de la dependencia.

Su meteórico ascenso tiene una razón: es sobrino de Olga Durón, la primera esposa del gobernador Graco Ramírez.

A la salida del entonces fiscal Rodrigo Dorantes Salgado, el sobrino del mandatario se queda como encargado de despacho pero además, con opción a ser ratificado si el Congreso así lo determinaba. Y la sesión donde se elegiría al nuevo fiscal estaba programada para el viernes 6 de noviembre, apenas unas horas después de que “explotara” la bomba mediática.

Es decir, que Pérez Durón ya no sabía a qué tema darle más importancia, si a dar respuesta a los medios de comunicación sobre el asunto de “las fosas clandestinas”, o al “cabildeo” con los diputados para asegurar su permanencia en el cargo, ahora como titular.

Quizás esa fue la circunstancia que tuvo como consecuencia que la reacción del Gobierno del estado no fuera tan contundente ante el vapuleo mediático nacional e internacional.

Y es que, en un intento por no confrontarse con los familiares de Oliver, en el primer comunicado emitido por el Gobierno de Morelos la noche del 5 de noviembre en referencia a este asunto, se menciona la frase “inhumación clandestina”, como si se estuviera admitiendo el hecho.

Al otro día por la noche, cuando fue abordado por los reporteros inmediatamente después de protestar formalmente como fiscal general del Estado, Javier Pérez Durón prometió castigo a los responsables y fue ambiguo en el tema de la legalidad de las fosas.

“Es un hecho lamentable, estamos integrando ya una carpeta de investigación que tenemos del asunto de Wenceslao, desde luego también estamos con los procedimientos administrativos”, afirmó. El fiscal reconoció que “no están de manera visible” los permisos de las fosas comunes operadas por la Fiscalía. “Hay un convenio por ahí, pero quisiera no dar tantas declaraciones, ya el lunes daremos una declaración.

El proceso como tal para poderlos identificar al parecer está correcto, está de manera correcta, lo que no tenemos de manera bien visible son los permisos administrativos”, dijo la noche del viernes 6 de noviembre.

Ya como titular de la dependencia, el sábado 7 el gobierno del estado difundió en redes sociales un video donde Pérez Durón asegura en forma contundente que no son 150 cadáveres sino 105, y que no se trata de una fosa clandestina, sino de una fosa común.

Sin embargo, admite que “creemos que pudiera existir alguna responsabilidad administrativa en virtud de que refieren que este panteón no cuenta con los permisos tanto de Salud como los permisos de su mismo municipio”.

Fue hasta el jueves 26 de noviembre, durante su comparecencia ante el Congreso Local, que el fiscal general aporta una explicación más o menos completa de este asunto, en los siguientes términos:
– Que el predio donde se llevó a cabo la inhumación es propiedad de Socorro Tlapala Becerro, cuyo padre inició “los trámites de funcionalidad del panteón”, desde 1994.

– El propietario presenta un documento emitido por la Secretaría de Desarrollo Urbano y Obras Públicas en 1999 donde se menciona que “la propuesta para instalar el nuevo panteón de Tetelcingo en el predio denominado “El Maguey” es procedente”.

– Socorro Tlapala Becerro donó el pedazo de terreno para la instalación de las dos fosas comunes a petición de la coordinadora general de servicios periciales, Ana Lilia Guerrero, SIN QUE EXISTA REGISTRO DE PAGO ALGUNO.

– Que el 28 de marzo fueron inhumados 118 cuerpos, de los cuales después fueron exhumados dos (el de Oliver y el de otra persona).

– Que ocho cuerpos no cuentan con carpeta de investigación y se trata de personas indigentes que murieron en la calle o en hospitales.

– Que todas las carpetas de investigación relacionadas con los 118 cadáveres están siendo concentradas en una fiscalía especial creada exprofeso.

– Que las carpetas datan de los años 2011, 2012 y 2013, no así del 2014 ni el presente año.

– Que Servicios Periciales asegura que se practicaron las pruebas de ADN a todos los cuerpos, pero esto se constatará cuando se tengan todos los expedientes reunidos.

– Que en 11 casos, los inhumados tienen antecedentes penales pero no se ha buscado a sus familiares para que reclamen sus cuerpos.

– Que la tarjeta informativa firmada por un elemento de la Policía del Mando Único, en el que se aseguraba que eran 150 cuerpos, carecía de veracidad, pues al ser citado a declarar ante el Ministerio Público, el policía confesó que se manejó esa cantidad durante la diligencia, pero que no le consta porque nadie contó los cadáveres.

– Que en el caso de Oliver, el cuerpo se entregó a sus familiares, pero aún no se determina por qué fue enviado a la fosa común si estaba plenamente reconocido. Para deslindar responsabilidades, se inició una investigación penal y otra administrativa.

– Lo único que no pudo desmentir Pérez Durón, es que el gobernador Graco Ramírez tuvo conocimiento de los hechos (o al menos debió ser informado) toda vez que hay documentos en poder de la familia Navarrete Hernández, con el sello de recibido de la oficina del gobernador, donde le pedían ayuda para recuperar el cuerpo de Oliver Wenceslao.

Bola de nieve

En conclusión, la difusión de un video con imágenes muy fuertes, así como las declaraciones de algunas personas que incluso insinuaban que ahí podrían estar los 43 estudiantes de Ayotzinapa, propició un efecto “bola de nieve” que no fue contrarrestado oportunamente por el gobierno de Graco Ramírez, lo que le provocó graves daños mediáticamente hablando.

Asimismo, el proceso de selección del nuevo fiscal influyó para que la reacción de la autoridad fuera ambigua y vacilante. Cuando ya se dio información precisa sobre los hechos, los efectos en contra del gobierno de Morelos ya habían producido su efecto devastador.

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